El gobierno de Donald Trump revocó la licencia general 41 A de Chevron que le permitía a la petrolera operar en Venezuela por incumplimiento de acuerdos políticos por parte de la gestión de Nicolás Maduro.
El abogado José Ignacio Hernández explicó que esta licencia representa un cambio significativo en la política de sanciones económicas hacia el sector petrolero de Venezuela. A diferencia de la licencia general número 8 del año 2019, que permitía a Chevron mantener operaciones mínimas, “la nueva licencia 41 A limita a Chevron a realizar solo las operaciones estrictamente necesarias para cesar sus actividades en el país, con una fecha límite para el cese total de operaciones el 3 de abril”.
Una de las principales preocupaciones es la deuda acumulada que Chevron tiene con PDVSA. A lo largo de los años, esta había acumulado aproximadamente entre 3,000 y 3,500 millones de dólares en deudas, en parte por dividendos no pagados y préstamos extendidos. La nueva licencia parece eliminar cualquier posibilidad de recuperar parte de esta deuda, dejándola como incobrable, precisa el especialista.
Chevron inyecta entre 150 y 200 millones de dólares mensuales al mercado cambiario venezolano. Una contribución importante para estabilizar el tipo de cambio. Sin esta contribución, se espera una mayor devaluación del bolívar y un aumento de la inflación.
Hernández también destacó en una entrevista en el programa “Petroguía” que existen dudas sobre qué pasará con otros socios minoritarios de empresas mixtas, como Maurel & Prom y Repsol, así como con las licencias en el sector gasífero, especialmente proyectos importantes como el de Dragón en Trinidad y Tobago.
La filial de PDVSA en EE. UU. ha sido un activo importante para el gobierno de Nicolás Maduro. José Ignacio menciona que la protección de Citgo se ha visto afectada por cambios en las políticas de sanciones, en especial bajo la administración Biden, que adoptó una postura más flexible en comparación con la administración Trump. La cuestión de si la protección de Citgo se mantendrá en un segundo mandato de Trump es aún incierta.
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Implicaciones socioeconómicas
Leopoldo Martínez, quien es abogado y miembro del Comité Hispano del Partido Demócrata, destaca que esta revocatoria se inscribe en un contexto de incertidumbre política y económica, recordando que la política de «máxima presión» adoptada en 2019 no logró el cambio de régimen esperado y, en cambio, fortaleció al gobierno de Maduro.
También destacó en una entrevista en el programa “Petroguía” que los efectos de las sanciones económicas son complejos: aunque la crisis económica en Venezuela es resultado de décadas de malas decisiones, las sanciones también han contribuido a agravar la situación. Martínez menciona que la revocatoria de la licencia de Chevron puede perjudicar al sector privado venezolano, que se ha mantenido resiliente y es vital para la reconstrucción del país, al tiempo que podría afectar a los migrantes venezolanos en EE. UU. que dependen de sus familias en Venezuela.
Chevron inyecta entre 150 y 200 millones de dólares mensuales al mercado cambiario venezolano. Una contribución importante para estabilizar el tipo de cambio. Sin esta contribución, se espera una mayor devaluación del bolívar y un aumento de la inflación.
Martínez concluye mencionando que la revocatoria de la licencia, sin una estrategia clara, podría tener consecuencias negativas para los ciudadanos venezolanos y el sector privado, sugiriendo que una respuesta emocional a las sanciones podría llevar a una «caja de Pandora» en la que la situación empeore para la causa democrática en Venezuela.
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