Categoría: Venezuela Productiva

El gremio empresarial del estado Mérida, ve con suma preocupación la situación actual de esa entidad e inclusive del país en sí, así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Gustavo Valecillos, quien a su vez declaró que “caímos en un estado de anarquía, de violencia de inopia, que ha sido promovida por una acción gubernamental que ha dejado heridos y muertos”.

“No debe establecerse la Asamblea Nacional Constituyente, esperemos que el Gobierno desista de esta iniciativa. Que por lo demás es ilegal”, agregó Valecillos. Asimismo, destacó que el régimen de maduro entorpece todo intento de diálogo entre las partes involucradas en el conflicto, en un afán por establecer una nueva Carta Magna, sin ser consultada por el pueblo.

Valecillos expresó que “desde hace un tiempo venimos viendo que quieren implementarnos un plan de la patria, donde la empresa privada tiende a desaparecer”. También, señaló que “la ANC nos quitará los derechos del libre mercado”; esto incluye agravar más la situación económica y social que vive Venezuela.

“Hoy hay una gran marcha en Mérida, llamada “La Toma de Mérida”. (…) es muy vulnerable” informó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de esa entidad andina.

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La crisis venezolana en lo que a política se relaciona será el tema seguramente álgido de este lunes, 19 de mayo, en la 47 Asamblea General de la OEA, llevada a cabo en Cancún, México bajo el lema “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad”. “Esta es una reunión previa a la Asamblea General en la que se debería, de ser posible, adoptar un texto de consenso para oír algunas propuestas”, aclaró la abogado con doctorado en Ciencias Políticas, María Teresa Belandria.

Si lo pondríamos en una pirámide, en la cúspide se encuentra la Asamblea General Ordinaria que es la que tomaría cualquier decisión con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y luego la Reunión de Consulta de cancilleres, lo que es muy importante porque los cancilleres representan a sus gobiernos, son la voz en la OEA de sus gobiernos

En la reunión del 31 de mayo se presentaron dos propuestas, una por miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), donde se habló “de manera muy general” sobre la violación de Derechos Humanos, violencia, pero sin respuesta concreta; y otra por el Grupo de los 14, que reseña “claramente” sus exigencias al Gobierno venezolano, “se le insta, se le ruega casi que cese la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, se liberen los presos políticos, que se establezca un cronograma electoral y se reconozcan las atribuciones de la Asamblea Nacional”, explicó Belandria.

Asimismo, la abogado expresó que hay fracturas dentro del Caricom, pese a siempre presentarse delante de la OEA como un bloque. En este sentido, aseveró que “el lobby ha sido muy fuerte”, el embajador de Antigua y Bermuda, Ronald Sander, en estos momentos, ha sido el gran operador político dentro de Venezuela en la OEA.

Respecto a esto, “vamos a ver qué ocurrió entre las conversaciones bilaterales o multilaterales que tuvieron este grupo de los 14 con algunos de El Caribe, para quizás no tener un texto tan duro como el presentado por el grupo de los 14 pero tampoco tan débil y falto de concreción como el que presentó el Caricom”, dijo la abogada Belandria.

“Ninguno de los países que ha hecho propuesta, lo ha hecho con base en la Carta Interamericana, si no, más bien, se han ido por la vía de la seguridad regional, es decir, que la crisis venezolana es de tal magnitud, que amenaza la seguridad regional, especialmente de los países vecinos”, añadió.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer ayer, jueves 15 de junio, el cronograma de las vencidas elecciones regionales, así como la fecha para la postulación de los candidatos y el periodo reglamentario de la campaña electoral. Félix Arroyo, consultor de procesos electorales, expresó que “las elecciones de gobernadores debieron ser el año pasado; y este año tocaban las de alcalde”.

Asimismo, comentó el consultor de procesos electorales, que con la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “pueden suspender las de gobernadores”, porque “las bases comiciales no dicen la fecha tope” que durará la nueva ANC.

Si el Gobierno realizará un referéndum consultivo para determinar si el pueblo quiere reformar la Constitución propuesta por el fallecido presidente Hugo Chávez, está «no sería aprobada». Además, “saben que en las elecciones a gobernadores van a perder pero no lo reconocen”, afirmó Félix Arroyo.

En cuanto a la distribución de los constituyentistas entre los distintos sectores, explicó que «no es equitativa», ya que, “un diputado en Aroa, debe valer lo mismo que el de Maracaibo”.

Desestimó que el CNE pudiese hacer un registro de todos los participantes u electores para esta nueva elección, debido a que “si no han sido capaces de inscribir a los jóvenes que faltan en el Registro Electoral; ¿cómo en dos meses harán los registros de la ANC (…) Evidentemente ya están los registros hechos», aseveró.

Por último, sentenció que este proyecto de la nueva carta magna “es inconstitucional».

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Una comisión de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), presidida por el rector, José Virtuoso, acudió este 15 de junio al Ministerio Público de Caracas para hacer entrega de una carta “que responde a una jornada de reflexión entorno al fraude constitucional” y en respaldo a la tarea institucional de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en defensa de la Constitución.

Asimismo, el rector aseguró que el documento fue suscrito por la comunidad universitaria que apoya las acciones de la Fiscal General, “denuncias que tienen un valor muy importante en la sociedad venezolana (…) ella tiene la potestad de exigirle a los funcionarios públicos que no violenten la Constitución”, añadió.

“Vivimos un momento muy grave de quiebre de la democracia y de la República”, por lo que el país necesita de la “unión nacional, expresada en acciones conjuntas en defensa de la democracia”, manifestó Virtuoso.

En relación a la solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los datos de los estudiantes de la casa de estudios para el subregistro de votantes sectoriales a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el rector de la Ucab, afirmó que no serán entregados porque se hizo una consulta a los estudiantes y estos sostuvieron que “no se entregasen los datos al CNE”.

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La Comisión de Aplicación de Normas de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza, dictó sus conclusiones en el caso de Venezuela, por incumplimiento del Convenio Núm. 122 sobre política de empleo, que “prevé la consulta obligatoria a las organizaciones de trabajadores y empleadores para la formulación de una política activa destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido”, manifestó la asesora jurídica de Fedecámaras, Eloina Pérez Digiacomo. Este mismo Convenio fue objeto de revisión en dicha Comisión, en el año 2016.

Cada año se reúne la Comisión de la Aplicación de Normas y escogen los 25 casos de incumplimiento más graves entre todos los países miembros y “se discuten tripartitamente las posiciones y, al final, la comisión emite su decisión”, explicó la asesora.

Este año, la decisión de la comisión lo que hace es ratificar la del año pasado porque se observa con preocupación que no se ha avanzado en absoluto en ninguna de las recomendaciones que se hicieron el año pasado. Entonces, Pérez Digiacomo manifestó que “no ha habido ninguna consulta para definir o delinear cuál es esa política de empleo, que como vemos, en la realidad, no existe y los resultados han sido muy inactivos”.

“No se puede hablar de una verdadera política de empleo basada únicamente en la protección que te da la inamovilidad laboral y los aumentos salariales (…) porque en seguida la inflación se lo come y los precios suben más alto y más rápido de lo que sube el incremento salarial”, aseveró la asesora de Fedecámaras.

La política de empleo debe llevar una serie de iniciativas que estimulen la producción y el crecimiento económico del país, es decir, “donde haya, de verdad, un desenvolvimiento que genere nuevos empleos y ese no es el caso de Venezuela”, indicó.

“Nosotros no queremos ninguna batalla, lo que queremos es que las cosas se cumplan en Venezuela, que para el país allá las mejores condiciones”, aseveró la asesora de Fedecámaras, Eloina Pérez Digiacomo.

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Francisco Faraco, economista y presidente de la firma de consultoría financiera Faraco & Asociados, hizo una evaluación del escenario actual del país en materia económica, y destacó: “estamos ante un desastre porque el Gobierno decidió hace muchos años (…) acabar con la producción nacional para reemplazarla con importaciones”.

En este sentido, explicó que, de esta forma, el ex presidente Hugo Chávez, “mataba dos pájaros de un tiro” porque “liquidaba” lo que él llamaba la burguesía venezolana e internacional y “enriquecía” a su entorno, que podían importar y “quedarse con esos dólares afuera”.

“Importar para robar”, esa fue la consigna del Gobierno durante la bonanza petrolera del 2003 – 2008, cuando destruyeron la producción nacional y nos quedamos dependientes por completo de las importaciones porque “teníamos una gran capacidad para importar por los precios y volúmenes del petróleo que importábamos, ahora, no tenemos ni esos precios, ni esos volúmenes y dependemos de lo que no podemos depender, porque no tenemos ningún control de ello, ni divisas para importar”, afirmó Faraco.

Aunque el Gobierno, en ausencia de esas divisas para importar ha creído que, con nuevas siglas, “como si fuera una campaña” se pueden multiplicar los dólares. “¿Que inventario engrosa el Dicom, si los faltantes de alimentos y de medicinas siguen siendo los mismos o peores?”, expresó el economista.

“Es un auténtico desvalijamiento, más que un desastre, desvalijaron el país”, aseveró y recordó una frase que alguien dijo: “esto no era dictadura, ni nada, esto es un atraco”.

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El ciclo agrícola más importante del año en el país se perderá por «desconocimiento y mala intención” porque el Gobierno se demoró en la entrega de insumos para la siembra, aún cuando la federación sólo recibe el 30 % de estos; sumado al inicio de la temporada lluviosa que imposibilita la productividad,  manifestó el primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel.

En este sentido, Fantinel indicó que desde enero del presente año, Fedeagro ha denunciado ante el ministerio la demora en la entrega de agroinsumos y recalcó que parte del problema deriva por la medida del Gobierno de traspasar la distribución de Pequiven a Agropatria, «que no cuenta con el personal, espacio, capacidad o experiencia suficiente para las tareas que debe realizar esta institución». Además, deploró que al presidente de Agropatria y Agrofan se le de el 100 % de los insumos, mientras que, a Fedeagro se le da el 30 %, siendo «uno de los programas de producción más importantes del país”.

Hasta la fecha, el balance de siembra en gran parte del occidente del país cuenta con 80 mil hectáreas, cuando deberían ser 180 mil, recalcó Fantinel, haciendo énfasis en la entrega tardía de insumos por parte del Gobierno y la llegada de la temporada lluviosa que es difícil para la siembra porque «los campos están saturados de agua y se necesita un lapso de una semana de sol para poder comenzar a sembrar (…) en este periodo llueve en promedio cada 3 días lo que resulta imposible para el sembradío», explicó.

“Estar en esta situación es mucho más frustrante porque tenemos los insumos y no los podemos usar, pero esto se pudo haber evitado”, expresó el primer vicepresidente de Fedeagro; «aunque estos insumos se pueden conservar para el siguiente ciclo», agregó. En relación a esto, expuso que este desconocimiento puede derivar del desligamiento de Pequiven y Agropatria de las mesas técnicas informativas que Fedeagro, «presto para ellos durante 4 años pero que en este año decidieron no continuar».

Otros factores que han afectado la productividad es la inseguridad, escasez de repuestos, mala vialidad agrícola, desvalijamiento de fincas, secuestros, abandono de la agricultura y los altos precios del mercado. Entorno a esto, afirmó que las industrias están trabajando a un tercio de su productividad y muchas ya no trabajan, y “esto se va a reflejar en el plato de los venezolanos porque muchos no tienen las posibilidades de las tres comidas diarias”.

Finalmente, Fantinel reconoció que todavía es posible recuperar la producción de rubros de ciclo corto en aproximadamente un año y de ciclo largo en aproximadamente cuatro años. «La solución al desabastecimiento es la producción nacional«, afirmó.

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Partiendo de que Durante las protestas se han visto afectados sectores económicos productivos y comerciales, el presidente ejecutivo y vocero de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado habló sobre las consecuencias de estos hechos y como vivimos en una economía perturbada debido a la violencia.

El vocero informó que se realizaron encuestas en redes sociales y calles de Caracas para medir el impacto de la economía frente a la actual coyuntura política, el principal resultado de dicha encuesta fue “Caracas desde el punto de vista de su economía y comercios, se ha visto afectada por la violencia con la que el Gobierno y sus organismos de represión, actúan ante protestas ciudadanas que están dentro de los márgenes de la ley”. A esto agregó que efectivamente se han visto saqueos, pero las denuncias que se han obtenido de los comerciantes es que son obras de delincuencia por parte de grupos armados “parapoliciales y paramilitares” que buscan generar “zozobra y caos”, dijo también que no se han recibido denuncias de saqueos de la mano de manifestantes pues es “notoria” la diferencia entre estos y los grupos armados delictivos.

Otro aspecto es que existen zonas de caracas en las que los llamados “colectivos” gobiernan ciertas áreas, y el manejo de esta situación afecta a la economía de manera indirecta, porque se cobra una especie de “impuesto o vacuna” y son estos entes ilegales quienes deciden “cuando se trabaja y cuando no” comentó el vocero. “Para que exista comercio tiene que haber normalidad y lo que no hay en Caracas es normalidad suficiente para una actividad comercial óptima”.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas sentenció, “la anormalidad de una protesta cívica, se genera por la violencia proporcionada en la forma de combatir y reprimir manifestaciones violando los derechos humanos, incluyendo el derecho al libre comercio”. Añadió que los efectos de esto se ven en la economía, más en un país que tiene una caída de 8 puntos del producto interno bruto y que para este año se espera que sea mucho mayor, porque el gobierno no toma en cuenta los efectos de la situación política actual, “vivimos en una economía perturbada por la violencia”.

La encuesta también arrojo que “un problema que afecta a los empresarios es la incertidumbre”, esto subyace en el hecho de que “el gobierno hace todo lo posible para negar la posibilidad de normas claras coherentes y estables”; y esto se refleja en el actual intento de “fraude constituyente” que para Maldonado supone un barajo total de las reglas.

El vocero de la Cámara de Comercio define 5 problemas cruciales en este momento para la economía y el comercio:

• Un entorno impredecible
• Las trabas legales
• El acceso a los factores de producción
• La inseguridad
• La discrecionalidad gubernamental que se expresa en esta actividad hacia la constituyente, donde no quedara nada en pie, y queda bajo amenaza la economía.

Paro cívico

Según los resultados de las encuestas, y en opinión personal de Maldonado, un paro cívico “es una de las peores opciones en este momento”, en primer lugar, porque el gobierno es dueño de todos los recursos en divisas que obtiene el país, a través del control de los recursos petroleros y los recursos minerales, de tal manera Venezuela vive a la sombra de un Gobierno patrimonialista, dueño de los recursos y administrador autoritario de las riquezas. En segundo lugar desde el punto de vista de la protesta ciudadana un paro cívico significaría un “auto bloqueo”, basándose en que todavía es posible la producción y hay salarios de más 5 millones de venezolanos que trabajan en el sector formal de la economía, que todavía se pueden pagar y mantiene a la población de este sector, “la mantiene movilizada con cierto criterio de autonomía”, por lo que no sería factible hacer un paro cívico ya que afectaría salarios, producción y dejaría a los venezolanos “indefensos”, ante un gobierno que tendrá ingresos suficientes para abastecer la represión y la nómina de los empleados públicos.

Ante esto Maldonado sugiere preguntarse ¿cuánto desgasta esta solución al gobierno?, ¿cuánto desgasta al pueblo? y ¿cuál es el efecto de esa medida?, porque esto incluso daría al gobierno la oportunidad de un escenario de emergencia, “donde ellos repartirían comida como en la guerra y les daría oportunidad de hacerse más propaganda”. Finalmente, Maldonado sentenció “para eso sirve la historia, para no repetirla”.

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