Categoría: Venezuela Productiva

Ante el anuncio de la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, sobre la aprobación del cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la periodista María Isabel Parraga, conversó con Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, que expresó su desacuerdo con estas declaraciones.

Con respecto a la similitud del proceso constituyentista del ex mandatario Hugo Chávez, el abogado Raffalli, expresó: “Sin lugar a dudas, esta misión de Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, dista mucho de la idea de Constituyente convocada por  Chavez”, porque el ex presidente no estaba “empujando obligada” una Constituyente, en ese momento se hizo una oferta electoral y recibió el voto popular y luego, por habilitación de la Sala Política Administrativa y la Corte Suprema de Justicia se acordó que se hiciera un referéndum consultivo, -“que es lo lógico”-, los constituyentes eran mucho menos y finalmente, la Constitución que salió de esto fue votada.

Las bases comiciales de este proceso no dicen si esta nueva Constitución será votada, por lo que Raffali, manifestó: “Se dijo que la Asamblea Constituyente decidiría si el resultado final sería votado, lo cual no es legal”. También, agregó que si el resultado de este proceso no es sometido a voto popular, crearía una Constitución ilegitima alterna y una vigente, lo cual generaría una desinformación y confusión general en el país.

Otro aspecto interesante, es que las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno son “sumamente contradictorias”, sentenció Raffalli, debido a que se frustró un referéndum revocatorio que derivó en violencia y se excusó bajo los 6 meses necesarios para este proceso.

Haciendo referencia al anuncio de elecciones regionales, Raffalli, dijo que “es una falta de respeto, porque estas elecciones están vencidas desde diciembre del año pasado y deberían ser prioridad”. Asimismo, indicó que de no realizarse antes del proceso de la nueva Constituyente, estas elecciones regionales probablemente nunca se realicen debido a que la misión de estos constituyentistas es redactar una nueva Constitución que dictará, que “se va a transformar la organización política y territorial del país y se van a eliminar los poderes públicos de gobernadores y alcaldes, y se recurre a la organización del poder popular con comunas y organizaciones parroquiales”.

Finalmente, el abogado hizo énfasis en que la llamada representación corporativa o sectorial, “es exactamente lo contrario al voto universal”, es decir, no se postula y se vota, se asigna un número de constituyentistas.

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Frente a las declaraciones dadas el día ayer, martes 23 de mayo, sobre el nuevo sistema Dicom, el tesorero de Fedecámaras, Aquiles Martini, aseguró que el sector empresarial “está claro que ante este tipo de anuncios hay que esperar que se hagan términos concretos”.

Asimismo, Martini, destacó que este esquema solo «ofrece un 30 %, es decir 400 mil dólares a las personas jurídicas (…) cuando lo comparas con el año pasado, es nada». Es decir, «seguimos teniendo la inflación y el empobrecimiento más altos del mundo».

“Las empresas venezolanas fueron execradas. Acabaron con el sector automotriz, con el textil…”, añadió.

Respecto al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que el «llamado a Constituyente, parece más una movida política que no aportará nada bueno al país”. El gobierno, «tiene temor a llamar a una elección que no puedan controlar”, agregó.

Martini, también denunció la ola de saqueos registrados en varios estados del país y expresó: “no estoy de acuerdo con el deterioro; a esos comerciantes se les hace imposible reponer sus comercios”.

Finalmente, manifestó que “esa Venezuela de movilidad social, la perdimos. Y los jóvenes se han dado cuenta de ello durante las manifestaciones”.

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Hace una semana se filtraron grabaciones difundidas por medios internacionales, en las que se revela lo discutido en una reunión en la que varios oficiales de la Fuerza Armada Nacional evaluaban usar francotiradores para controlar las manifestaciones convocadas por la oposición. El encuentro se habría llevado a cabo en la sede de la Zona Operacional de Defensa Integral de Lara, bajo la conducción del comandante de esta dependencia, general de división de la Guardia Nacional, José Rafael Torrealba Pérez. Frente a este suceso, el General Clíver Alcalá denunció que durante las manifestaciones de oposición, se han visualizado «francotiradores», producto del llamado Plan Zamora y un incremento en muertes por armas de fuego durante estas protestas.

El General Clíver Alcalá, afirmó no estar de acuerdo con estos métodos ya que son inconstitucionales, “según la Constitución la única forma de que la Guardia Nacional utilice armas de fuego, es contra un enemigo externo”, esto sin tomar en cuenta que los protocolos militares generados durante las eventualidades son también «una ruptura de los métodos establecidos en las leyes para el control del orden público y el orden interno del país».

Vale acotar que Alcalá, el día de ayer, lunes 22 de mayo, a las 10:30 de la mañana, introdujo la denuncia a la Fiscalía para avalar el material que llegó a sus manos de manera anónima, e  hizo pública la información de los avistamientos de francotiradores.

Asimismo, el General, afirmó que durante esta grabación se puede escuchar como al menos uno de los generales, no identificado, aún se muestra en contra de la decisión.

“El hecho de que este material llegue a mis manos de manera anónima quiere decir que hay personas que quieren que esto se sepa y esto genera una reflexión”, sentenció.

Por último, el General, lamentó que luego de poner esta denuncia se generaran más muertes a causa de armas de fuego e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a respetar los protocolos y «evitar repetir la mala posición de los cuerpos de seguridad de la nación durante el llamado Caracazo del 89”.

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En el programa «Marca País» con María Isabel Párraga, estuvo en estudio el consultor político, Oswaldo Ramírez, quien comentó que “ayer fue muy fuerte la situación en Barinas, Aragua y Anzoátegui” y  destacó que “estamos en una nueva Venezuela, cambió el ritmo político y social”.

De igual forma, Ramírez, expresó que “el registro de muertes y heridos por balas se ha vuelto una constante». En este sentido, explicó que la fase naranja del Plan Zamora tiene dos grandes condiciones: en primer lugar, «los grupos paramilitares y colectivos para generar terror y fallecidos» y luego, «la sistemática represión contra los medios de comunicación y periodistas, todo esto para dejar al pueblo en incertidumbre, pero con temor».

El politólogo, también afirmó que la  conflictividad social del 31 de marzo, al 17 de mayo en Venezuela ha dejado  «2 mil 578 protestas, de las cuales 741 han sido reprimidas (…) el 85 % de estas protestas están encausadas en el tema político».

«La ruptura del orden constitucional, inició en el momento de la muerte de ex presidente Chávez, al adquirir la presidencia Nicolás Maduro y no Diosdado Cabello, desde ese momento se desencadenó una ruptura constante», añadió.

Asimismo, mencionó que la dirigencia debe estar clara en sus objetivos para evitar dispersión en las manifestaciones, ya que “el Madurismo está fragmentado desde la muerte del ex presidente Hugo Chávez Frías”, y en la cual se evidencia un gran porcentaje de venezolanos que no apoyan al actual gobierno, entre los cuales un “54 % en abril ya apoyaba a la Mesa de la Unidad Democrática”.

“El legado de Chávez es de hambre”, aseguró Oswaldo Ramírez y advirtió que según el mal manejo económico del pasado 2016 y la desmejora en este 2017, “se viene un 2018 de hambre”.

Finalmente, puntualizó que la situación actual tiene cuatro escenarios posibles pero que ambos bandos al final “deben sentarse en una negociación”.

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A propósito de las barricadas en varios sectores de la Gran Caracas, específicamente en el municipio El Hatillo, el alcalde de la entidad, David Smolansky, denunció en el programa “Marca País” con la periodista María Isabel Párraga, que estas “no fueron planificadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”.

«Quienes a esta hora trancan El Hatillo y Baruta impiden que médicos de nuestros municipios vayan a la marcha. Eso no fue convocado por la Unidad», aseguró el Alcalde.

Referido al tema de las manifestaciones, Smolansky, agregó que “ha habido detenidos y muertos, pero quienes convocan han estado de primeros asumiendo la responsabilidad”.

“Acá el liderazgo se debe asumir sin cálculos políticos”, añadió.

Asimismo, recalcó que los venezolanos están “ante un sistema autoritario y cruel que es incapaz de rectificar y entender que el país necesita y quiere un cambio”.

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“Que se respete el derecho a la salud de los venezolanos” es la exigencia de la mayoría de los manifestantes que salieron a marchar el día de hoy lunes, 22 de mayo. Por esta razón, en el programa “Marca País” se realizó una radiografía de lo que enfrenta el sector salud en el país, para ello se contó con la participación de: Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), Huniades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y Bolivia Bocaranda, presidente de la ONG Senos Ayuda.

Para Tito López, presidente de Cifar, la situación es realmente “crítica” pues desde el mes de octubre no han recibido divisas y “muchas empresas han liquidado personal, esperando a ver cuáles son las reglas”.

Dentro de los medicamentos que destacan por mayor desabastecimiento se encuentran “los productos de enfermedades catastróficas. Así como los de enfermedades crónicas”, aseguró López.

“Hay empresas que tienen mes y medio de insumos médicos, pero no más de tres meses. La industria farmacéutica no la puedes sustituir con subastas”, añadió.

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Por su parte, el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Huniades Urbina, afirmó que “los hospitales a nivel nacional están deteriorados. No hay equipos; no hay insumos debido a las grandes deudas”.

“Los centros de salud se quedaron sin comida; hemos sobrevivido por donaciones de restaurantes. Hay días que solo comen arroz”, agregó.

Asimismo, Urbina, expresó que frente a esta situación del sector salud quedó claro que “al Gobierno no le duele el pueblo venezolano”.

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En cuanto al tema oncológico, la presidente de Senos Ayuda, Bolivia Bocaranda, denunció que la situación empeora con el pasar de los días y que lamentablemente “hoy por hoy estamos observando pacientes con enfermedades avanzadas”.

“Esto es para que la gente sea juzgada en un futuro; ni para la tensión hay medicamentos (…) quién no tiene un familiar que no tenga un medicamento que necesita; un familiar que falleció por falta de medicamentos”, agregó.

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Pedro Alonso del Pino, abogado constitucionalista, afirmó en el programa «Marca País» que “es una arbitrariedad el hecho de quitarle o anularle el pasaporte a un ciudadano venezolano”, como ocurrió primero con el periodista Cesar Miguel Rondón y su familia, y el caso más reciente, el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.

En este caso de ilegalidad, el funcionario del aeropuerto le decomisa el pasaporte al Gobernador y le informa que ese documento está reportado como robado. Alonso Del Pino, comentó que “es una ironía, ya que quien debe reportar el hurto es el titular de dicho papel de identidad”; es decir, que el mismo fue eliminado o cancelado para negarle la salida al representante del estado Miranda.

Asimismo, el abogado relató que «son derechos constitucionales, la identificación de las personas, así como el libre tránsito. Es una ilegalidad, que el gobierno autorice quien puede o no salir del territorio nacional». La única manera de impedir la salida a un individuo, es si un tribunal sentencia “Privativa de Libertad” pero en esta ocasión, no es el caso.

En otro orden de ideas, declaró que “la constituyente está viciada de nulidad en todos sus aspectos, ya que quien debe convocarla debe ser el pueblo, y en este caso lo está haciendo es el presidente de la república”. El mandatario del país solicita al Consejo Nacional Electoral que se hiciese la convocatoria, y este órgano cumplió sus exigencias.

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