Categoría: Venezuela Productiva

La inestabilidad política que atraviesa el país se discute hoy, 31 de mayo, ante instancias internacionales, como el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA). En la primera de ellas, organizada en horas de la mañana, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, instó a aplicar sanciones no a Venezuela, si no a funcionarios venezolanos; por otra parte, las expectativas están entorno a la reunión de esta tarde en la OEA.

En relación a la posibilidad de la aplicación de sanciones por parte del Parlamento Europeo, “adquiere probabilidad de ocurrencia en tanto y en cuanto se logre corroborar que estas personas, de alguna manera, han afectado los intereses de los países miembros de la Unión Europea”, manifestó la internacionalista, Giovanna De Michele.

Respecto a la reunión en la OEA, De Michele, dijo que “sin lugar a duda habrá un intenso debate”, un debate que de por sí, pone de manifiesto la inmensa preocupación que hay en el continente por lo que se ha considerado “la pérdida de legitimidad de derecho” del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La internacionalista, explicó que, según el reglamento de la reunión, “las decisiones se deben tomar con dos tercios de los votos”, es decir, que si asisten 33 representaciones como está previsto, se requerirían 22 votos para cualquier propuesta aprobada. Hasta los momentos, la propuesta con mayor posibilidad de aprobación “es la que tiene que ver con la conformación de un grupo de países amigos que ejerzan como mediadores en el conflicto venezolano”, acotó.

En la práctica, la propuesta demanda la aprobación de las partes en la controversia, en este caso, el gobierno venezolano y los representantes de la oposición. Pero, además, para que esa comisión o ese grupo de países pueda realmente hacer su trabajo, “requiere la autorización por parte del gobierno venezolano, de otra manera, no es posible”.

Un elemento interesante que ha surgido en estos últimos días comentó De Michele, “es el del convencimiento de la comunidad internacional, de que cualquier proceso de mediación se debe establecer con una fecha límite, es decir, no puede ser un proceso al infinito”, tiene que haber un horizonte temporal para la materialización de los resultados positivos del proceso, de lo contrario, habrá que pasar a una instancia inmediatamente superior. A su juicio, eso es lo que está planteado y “es lo más probable que suceda la tarde de hoy”.

“Honestamente, no veo al gobierno venezolano aceptando una medida como esta, aunque (…) considerando que el gobierno está absolutamente consciente de que está pasando por el peor momento de su imagen y de su posicionamiento a nivel internacional, (…) es probable que terminen aceptando la posibilidad de la negociación. Sin embargo, habrá que ver porque la actitud del gobierno venezolano frente la OEA ha sido de desconocimiento total y absoluto desde que manifestó su deseo de abandonar la organización, el pasado 28 de abril”, culminó.

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El tema de la minería y el reciente acuerdo anunciado por, el ministro para Desarrollo Ecológico Minero, Jorge Arreaza, en el que Venezuela y Sudáfrica emprenderán un proyecto diamantífero fue el tema a tratar con el representante minero de Fedecámaras, Eduardo Garmendia, en el programa «Marca País» con la periodista María Isabel Párraga.

Durante la entrevista, Garmendia expresó que «la intención del Gobierno es una búsqueda desesperada de recursos económicos en el área de la minería, sin ningún plan previo», es decir, “el objetivo que el Gobierno ha tenido, es obtener renta para apalancar las reservas internacionales”. Todo esto dentro de una propuesta improvisada que consiste en la “extracción minera de gran proporción”.

Evidentemente, con este panorama «Venezuela no está preparada para que su segundo sector económico sea la minería» y esto principalmente se da porque “el trabajo del minero artesanal es arrebatado por estas extracciones a gran escala”, aseguró.

De igual forma, el representante minero de Fedecámaras, denunció que “la nueva ley de minas, introduce elementos que no son pertinentes y seguirán siendo perjudiciales para el país” y todo esto porque el Gobierno no es “el administrador, sino el dueño del Estado”.

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El banco estadounidense Goldman Sachs, recientemente, compró 2 mil 800 millones de dólares en bonos venezolanos con un descuento del 69 %, ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que, tras esta transacción, la entidad ofreció alivio financiero al gobierno de Nicolás Maduro. Dentro de lo complejo del tema financiero, la economista Tamara Herrera, explicó que hay un cuestionamiento “moral y político o político y moral” al hecho de que un banco de inversión este financiando a un Gobierno que esta actuando fuera de la Constitución y ese financiamiento son los 865 millones de dólares que entraron a cambio de un título que había emitido PDVSA en el año 2014, por un valor de 2 mil 800 millones de dólares y que descansaba desde entonces en el portafolio del Banco Central de Venezuela (BCV). Supuestamente, ese título fue emitido en su momento cumpliendo con los requisitos y normas “para tener aceptación internacional”, acotó.

En este sentido, manifestó que el valor de esos 2 mil 800 millones de dólares cambian de acuerdo a las condiciones del deudor, que, en este caso es PDVSA. Entonces, a juicio de la economista, la pregunta más pertinente, grave y de mayor alcance es: “¿Qué es lo que ha hecho que todo título valor emitido por la República de Venezuela o por PDVSA tenga un valor inferior al 60 % (…) cuál fue la gestión que destruyó la industria petrolera venezolana, la credibilidad de la gestión de políticas públicas, la capacidad de producción de la agricultura nacional para abastecerse a sí misma, la gestión que puso en duda la capacidad no solo de alimentarse a sí mismo como país sino, además, no tener la capacidad de ir a exportar cualquier otra cosa que no fuera un petróleo de menor calidad y a mayor costo?”.

Además, el Gobierno venezolano no logra emitir deuda porque las condiciones de credibilidad y funcionamiento económico hace que cualquier persona que vaya a comprar un bono para financiar a Venezuela, piense si le podrá pagar. “Este gobierno no ha hecho sino sumar razones y encarecer el costo de cualquier financiamiento que tiene la República”, afirmó.

La gente debe entender que “esto no le ocurre a un país que no tiene este tipo de gestiones”

Herrera, llamó la atención sobre la responsabilidad de la gestión de Gobierno, exhortó a la gente a entender que “esto no le ocurre a un país que no tiene este tipo de gestiones” y después adentrarse al problema que le abre los ojos a todo el mundo, que es: “el exorbitante descuento con el que fue realizada esta operación”.

Con esto, uno puede entender por qué los bonos de Venezuela, “siendo de Venezuela o de la República”, hoy, según el plazo que tengan, ninguno va a tener un valor superior a 40 – 45 dólares. “Cuando sube es porque esta cerquita del momento de pago, esa es la condición de nuestra deuda en este momento”, expuso.

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Ante la denuncia hecha por la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), sobre la presunta fabricación de municiones de perdigones con metras por parte de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), el abogado y presidente de la Comisión de Seguridad de Fedecámaras, Miguel Dao, expuso que no puede dar fe de este señalamiento, pero sí catalogó que “ilegal” la utilización de este tipo de material por cualquier autoridad, “para enfrentar una marcha como las que están planteadas”.

“Es lo mismo que darle con un martillo en la cabeza a una persona, es un homicidio, un arma contundente”, agregó.

En este sentido, Dao explicó que pudo reconocer que el proyectil podía ser “cualquier pieza que va en el engranaje de un vehículo (…) es una metra de acero, creo que no es de plomo”. Pero, “independientemente de que no sea un arma de fuego, es un arma que proyecta este tipo de metras y causa las lesiones que hemos visto”.

Por último, afirmó: “esto no atiente a ninguno de los procedimientos para la contención del orden público, lo que se ha establecido es una agresión con este tipo de artefactos”.

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De cara a las protestas, el periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, Javier Ignacio Mayorca, expuso diversos temas de seguridad como el ataque a la propiedad privada, el cuantioso número de lesionados y la agresión, presuntamente propinada por los organismos de seguridad del estado, a través de “cartuchos aliñados” para la contención de manifestaciones.

La protesta es un derecho constitucional, en función de eso, “los cuerpos de seguridad del estado deberían garantizar que las personas que van a ejercer ese derecho tengan preservada su integridad física”, enfatizó el periodista.

Extraoficialmente, el experto en criminalística, develó que se ha podido conocer que las cifras de criminalidad en contra de la propiedad privada y además de eso, las lesiones, han ido ascendiendo en los lugares de concentración. Se habla de “cifra negra”, cifras que suelen tener un enorme porcentaje  de casos que no son conocidas por las autoridades, acotó.

En este sentido, explicó que ahorita el 65 % de las víctimas no acuden a formular denuncias ante las instituciones de seguridad, por miedo, porque en lo que empieza a figurar la situación en la que ha ocurrido el asalto, el denunciante piensa que “el policía podría reprocharle que estaba manifestando (…) entonces, lo que se conoce es la acción de los malandrines”.

Respecto al tema de las lesiones, las cifras que aportan Salud Chacao y Salud Baruta, cuando ocurren marchas, “contaron entre ambos, más de 300 lesionados y eso no queda presentado en las cifras oficiales”.

Ahora bien, Mayorca, señaló que los manifestantes corren riesgo de ser violentados en el tiempo que se exponen al transitar solos, cuando se dirigen o regresan de  una marcha, debido a los “planes retardatrices” implementados por los cuerpos de seguridad del estado y que son destinados a “impedir, dificultar, estorbar, entrabar la llegada de los manifestantes a los puntos de concentración”.

Por lo tanto, recomendó evitar la exposición en soledad y chequear bien quién se mantiene alrededor y tener mucha prudencia con lo que podría llamarse bienes que riqueza, como el celular, “que es lo más codiciado por el hampa”, además de ser “uno de los elementos que más han sido robados a periodistas en los últimos meses porque eso le resta uno de sus principales instrumentos de trabajo (…), no es casualidad”, recalcó.

En relación a la práctica de alterar los cartuchos de perdigones para colocarles metras de vidrio, de plomo, rolineras, trozos de vidrio y otro tipo de elementos, manifestó que es una acción antiquísima, que se llama, en términos policiales, además de esa subcultura que hay entre la Guardia Nacional y las policías preventivas, “aliñados”, que a su juicio, rechaza que sean fabricados por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).

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El ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional, el General en Jefe, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado que dice “es preocupante la acusación de la fiscal contra la Guardia Nacional Bolivariana”, haciendo referencia a las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que acusa a las Fuerzas Armadas Nacionales de varias muertes durante las manifestaciones que se están llevando a cabo en el país. Respecto a esto, la periodista María Isabel Párraga, conversó con Sebastiana Barráez, periodista de fuente castrense, sobre la situación dentro de las fuerzas de seguridad nacionales.

Barráez, informó que actualmente hay una ruptura de la disciplina en las Fuerzas Armadas que se ve reflejada en las muertes a causa de armas de fuego durante las manifestaciones,  “estoy convencida de que no hay órdenes de portar armas de fuego desde el alto mando militar», a esto agregó que «los casos de asesinatos con armas de fuego son muy pocos y la Fuerza Armada corre un riesgo muy alto al mandar a la calle a la milicia armada con estos instrumentos letales.

A su juicio, son casos mínimos de insubordinación con grandes consecuencias, es decir, «uno que otro militar lleva su arma reglamentaria y tal vez por miedo y resguardo toma la decisión de dispararla”, agregó la periodista.

Sin embargo, Barráez, manifestó que existe una inconformidad en el interior de los componentes de la Guardia Nacional que se evidencia en los casos de deserción que, «aunque son pocos», son significativos. «Es muy fuerte respaldar la ruptura del orden constitucional, resistir el rechazo social y aguantar tanto tiempo en la calle”, reflexionó.

Según Barráez, también se evidencia la inconformidad en las acciones desesperadas de graduar a jóvenes que no están preparados, para poder relevar a los que llevan tantos días en la calle. En este sentido, dijo que «se ha filtrado información de cadetes y militares detenidos por no estar de acuerdo con la manera en como el Gobierno quiere controlar las manifestaciones y la violación de la Constitución”, añadió.

La periodista de experticia castrese, sentenció: “Aunque el respaldo por los militares es en número, mayor a los desertores”, estos casos de deserción y desacuerdo son significativos para la sociedad.

Otro aspecto que cabe destacar es que “está comprobado que los militares se han resguardado en civiles armados que son calificados como colectivos”,  según información de Barráez.

En relación, al llamado de un levantamiento dentro de las Fuerzas Armadas, la periodista expresó que “la manera de pronunciarse dentro de la Fuerza Armada es diferente porque la disciplina tiene un valor fundamental dentro de estos entes”, por lo que un levantamiento implicaría un «golpe de Estado», situación que no es conveniente para el Gobierno, por eso las insubordinaciones son mantenidas al margen por el alto mando militar y esto influencia en cierta manera en como los militares no han actuado y continúan cumpliendo órdenes.

Finalmente, alertóó que un golpe de Estado, también seria “contraproducente” para la sociedad, debido al historial oscuro latinoamericano de la toma del poder por parte de la milicia, donde los resultados podrían ser peores que los actuales.

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El pasado mes de abril, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, anunció que los ganaderos vinculados a protestas de sociedad civil serían castigados, quitándoles sus fincas y bienes para ser pasados a manos de militares, a lo cual el presidente de Fedecámaras Táchira, calificó como un “atropello”.

Daniel Aguilar, mayor autoridad de Fedecámaras Táchira, manifestó que “existen fundos o fincas en el área panamericana de Táchira que se han visto agredidos por funcionarios”.

Asimismo, indicó que estas decisiones solo causarían más desabastecimiento para el pueblo, debido a que la empresa privada en Táchira abastece de alimentos a más de 200 ciudades del país, a través de 5.600 vehículos cargados de productos que van cargando alrededor de 14.500 y 40.000 kilos cada uno.

También, agregó que “el ejemplo de lo que sucede cuando las empresas son tomadas por el Gobierno, vive en las más de 1.800 empresas tomadas a nivel nacional en los últimos años que no han generado producción” y reiteró que en su lugar hay escasez de productos alrededor de todo el país. «La escasez y desabastecimiento se deben a políticas erradas de este Gobierno que no permite el acceso a los mercados internacionales para traer productos para labores agrícolas”, aseveró.

Aguilar, además hizo mención al problema  grave que vive el estado con el transporte y denunció  los riesgos que están corriendo los transportistas en las carreteras, generado por los saqueos y secuestros. «Esto se viene denunciando desde hace 6 años”, pero el Gobierno ha sido muy permisivo, lo que genera que un 70 % de los transportistas  se nieguen a viajar.

Finalmente, agregó: “La solución a estos problemas no es intimidar, ni amenazar, es el trabajo, porque este país tiene los medios para convertirse en un estado promotor, no en un estado fiscalizador e intimidador para los ganaderos industriales y productores”.

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