En 1999 el para entonces presidente Hugo Chávez Frías iniciaba su gobierno con un llamado a los inversionistas para reactivar la producción, pero al poco tiempo decidió que el país tenía que girar hacia un modelo en el que el Estado tuviera mayor participación en la economía, lo cual logró mediante controles y nacionalizaciones.
Tras el paro petrolero y empresarial de diciembre de 2002 y enero de 2003, aumentó la incertidumbre política y económica que generó una mayor demanda de billetes verdes. Las reservas internacionales bajaron a 11 millardos de dólares y frente al descenso, el Banco Central de Venezuela (BCV) suspendió la venta de divisas por unos días, siendo la medida posterior: regular el grifo.
“Querían llevarse todas las reservas internacionales y hemos establecido una medida de defensa y contraataque”, dijo Chávez en enero de 2013 para justificar la instrumentación del control de cambio, con lo cual el Gobierno determinó quiénes recibirían los dólares a tasa preferencial.
En paralelo al control de cambio, el Ejecutivo instauró el control de precios. “Tendremos que instalar un sistema nacional integral, pleno y nacional, de distribución de alimentos y medicinas para que no haya escasez”. Mediante resolución fueron fijados los precios de 106 alimentos, 63 artículos de higiene personal y 1140 productos farmacéuticos.
Lo que sería una medida temporal se volvió permanente. Los controles pasaron a un ser un instrumento político y se convirtieron en la base para cercar al sector privado. Acción que luego fue acompañada por las nacionalizaciones de industrias y la creación de empresas de producción social, todo ello apadrinado por la visión del exmandatario, quien sostenía que se debía avanzar hacia el modelo socialista.
Esas acciones desmoronaron la economía. El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señala que hoy Venezuela tiene “la peor crisis de su historia” y el economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, agrega: “Esas medidas ocasionaron un daño inmenso y el país está colapsado”.
Entre el boom de ingresos y las regulaciones
La aplicación de los controles coincidió con la fase de boom de ingresos por el salto en los precios del crudo que estuvo entre 2004 y 2008 y en la que la administración de Chávez disparó el gasto público e impulsó el consumo. El economista Ronald Balza señala que en este período “no se requería mantener los controles porque ya había ingresos. No se justificaba”.
En esos años, el volumen de dinero 290 millardos de dólares permitió que las autorizaciones de dólares oficiales fluyeran, sin embargo, el retardo en la revisión de los precios regulados generó problemas porque las industrias debían ofrecer los productos a valores que estaban por debajo de sus costos de producción, lo que llevó a bajar la fabricación de esas presentaciones.
Ya para fines de 2006, el esquema de controles generaba dificultades. Los rubros controlados, especialmente alimentos, desaparecían por períodos de los anaqueles, y en ocasiones, los negocios disponían de más bienes importados.
El crecimiento de la economía que en el lapso de 2004 a 2008 estuvo entre 8 y 10 % del PIB fue sustentado por los egresos del sector público y las importaciones.
Pese al mayor consumo y gasto, la inflación avanzaba para ser la más alta de la región, aumentaba el riesgo país, se ampliaba el déficit en las cuentas públicas y las compras externas llegaban a niveles preocupantes.
Durante cinco años, las autoridades no devaluaron, lo que potenció la demanda por el dólar barato y cuando se registraban los ajustes no se corregía lo suficiente. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, destaca que “mantener la tasa sobrevaluada desestimuló la producción nacional”.
La mayor disponibilidad de recursos le permitió a Chávez luego de su reelección en diciembre de 2006 acelerar las nacionalizaciones de industrias en las áreas de alimentos, construcción, finanzas, electricidad, telecomunicaciones, comercio y servicios y, adicionalmente, presentar una reforma constitucional para impulsar el modelo socialista y con él, afianzar los controles.
Para diciembre de 2007 cuando se efectuó el referendo constitucional que fue rechazado— las fallas de abastecimiento se incrementaron.
En 2008 la fórmula de gasto, endeudamiento, nuevos marcos legales para acorralar a las industrias y los comercios, y el mayor número de empresas estatales acentuaron las dificultades que se venían arrastrando y con el declive de los precios del petróleo en 2009 y 2010, la actividad económica se desplomó. En esos dos años las industrias sufrieron un recorte en la entrega de dólares a lo que se sumó un retardo en los ajustes de precios de los bienes controlados y la merma de insumos nacionales.
Hacia fines de 2010, la administración de Chávez volvió a beneficiarse del incremento de los ingresos porque el barril llegó a los 100 dólares. Ante ese aumento, la campaña para la elección de 2012 empezó con meses de anticipación y el gasto subió a un tope de 47 % del PIB, de acuerdo con los datos oficiales. Con todo, los aportes tributarios y los ingresos petroleros pese a ser elevados no fueron suficientes para cubrir los salarios, misiones y necesidades de entes oficiales e industrias públicas, por lo cual la brecha fiscal fue 15 % del PIB.
En medio del desorden fiscal, el Gobierno congeló los precios de los rubros de higiene personal, limpieza del hogar y alimentos como agua, jugos y compotas lo que generó que la producción de esos artículos mermara en los ejercicios siguientes.
Para ese año (2012), las importaciones alcanzaron los 65 millardos de dólares, sin embargo, una parte de esos billetes verdes fueron a empresas de maletín.
Con altos precios del petróleo, la economía creció pero no de manera igual que en el lapso de 2004 a 2007, y por ejemplo, la actividad manufacturera, que tenía un peso en el PIB de 17 % en 2006, bajó a 14 % en 2012.
Dicho resultado fue por los controles, las nacionalizaciones que llevaron a las empresas estatales a generar menos insumos, la merma de las inversiones y el desequilibrio en las cuentas fiscales. El gasto no motorizó. Balza agrega que las regulaciones fueron para “ahogar a los privados, hubo caída de la inversión y corrupción”. José Guerra, economista y diputado, destaca que los controles “no sirvieron para regular las salidas de capitales ni la inflación”.
El hundimiento
En 2013, cuando Nicolás Maduro asume la presidencia, ya el modelo hace aguas y frente a las distorsiones, las regulaciones continuaron en ascenso. Al principio, el nuevo Jefe de Estado anunció que buscaría vías para reactivar la manufactura, la construcción, la petroquímica, entre otras áreas. Se efectuaron diversas reuniones para evaluar los cuellos de botellas que enfrentaban las industrias a fin de incrementar la producción y allí las autoridades se comprometieron a reducir los trámites; revisar los precios de los rubros regulados y agilizar la entrega de dólares, lo cual no se concretó. La economía apenas repuntó 1,3 % y las áreas claves tuvieron saldos negativos.
La coyuntura se extendió. Para 2014, Maduro anunció un plan nacional de facilidades de inversión para el desarrollo económico y repitió que se impulsarían los 11 motores. La asignación de dólares fue menor y la revisión de precios se quedó corta. En ese período, la economía cayó 3,9 %. En 2015 se mantuvo la misma línea, las industrias siguieron enfrentando obstáculos para producir y el desplome fue de 6,2 %.
En 2016 Maduro intensificó los controles y aplicó medidas desordenadas. El mandatario arrancó el año con un conjunto de leyes aprobadas mediante la Habilitante que tuvieron como fin restarle poder a la Asamblea Nacional, tras el dominio de la oposición. El grifo de billetes verdes se siguió regulando. A los privados se les prometieron revisiones de precios y fueron escasos los ajustes. A la par de esto, se les ordenó a las empresas de alimentos y artículos de higiene personal dar parte de la producción a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). La economía cayó 16,5 %.