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El poder moderno ya no se define únicamente por el control del territorio o de los recursos naturales. En el siglo XXI, ese poder se define cada vez más por algo menos visible, pero más decisivo: el control de la infraestructura que transporta la información. 

Las redes de telecomunicaciones constituyen el verdadero sistema nervioso de la sociedad contemporánea. A través de ellas circulan las comunicaciones personales, las transacciones financieras, la actividad empresarial, el funcionamiento del Estado y el debate político. Quien controla esa infraestructura no necesita ejercer el poder de forma visible. Le basta con operar los canales por los que ese poder circula. 

Esta no es una afirmación teórica. Es una realidad técnica. 

Durante mi gestión como gerente de la Región Capital de Cantv, responsable de la mayor concentración de tráfico nacional de telecomunicaciones, pude constatar directamente que la infraestructura de telecomunicaciones forma parte integral de la arquitectura operativa del Estado. En todos los países, los operadores de telecomunicaciones están sujetos a marcos legales que permiten al Estado acceder a la red bajo determinadas condiciones. Desde el punto de vista técnico, estas capacidades no requieren la creación de infraestructura paralela. Operan desde los mismos nodos que sostienen el funcionamiento normal del sistema.

Esta característica no es una anomalía venezolana. Es una propiedad estructural de todas las redes modernas. 

En Venezuela, sin embargo, esta realidad adquirió una dimensión singular tras el progresivo colapso institucional iniciado a comienzos del siglo XXI. A medida que las instituciones independientes se debilitaban, la infraestructura tecnológica adquiría un papel cada vez más central en el funcionamiento operativo del sistema. 

Es en este contexto donde el papel de Telefónica, multinacional española propietaria de Movistar Venezuela, adquiere una relevancia que trasciende el ámbito empresarial. 

Telefónica no es una empresa venezolana. Es una corporación europea, sujeta a legislación española, al marco regulatorio de la Unión Europea y a estándares internacionales de gobernanza corporativa. Sin embargo, su infraestructura en Venezuela forma parte integral del sistema nacional de telecomunicaciones. Opera dentro de un entorno institucional donde el Estado ejerce, por diseño o por necesidad, influencia sobre el funcionamiento de la red. 

Esta situación no puede entenderse sin su contexto histórico. A finales del siglo XX, tras la ola de privatizaciones en América Latina, corporaciones españolas como Telefónica, Banco Santander y BBVA protagonizaron una expansión estratégica que fue descrita en su momento como una “segunda conquista española”: una reconquista no militar, sino corporativa, ejecutada a través del control de sectores estratégicos. 

Telefónica no adquirió simplemente una empresa. Adquirió infraestructura crítica: centros de conmutación, nodos de red, enlaces internacionales y sistemas de transmisión. Adquirió los puntos donde el tráfico nacional se convierte en tráfico global. 

Desde el punto de vista técnico, estos nodos constituyen el corazón operativo de cualquier sistema de telecomunicaciones. Son los puntos donde el flujo de información puede ser dirigido, gestionado o interrumpido. 

Este principio es universal. Rusia, China e Irán han desarrollado sistemas donde las capacidades de monitoreo operan directamente sobre infraestructura existente, sin necesidad de crear redes paralelas visibles. Venezuela desarrolló progresivamente una arquitectura compatible con este modelo, consolidando sistemas centralizados de integración de datos y capacidades avanzadas de comunicaciones encriptadas, con asistencia técnica de aliados internacionales. 

Esto no requiere necesariamente la creación de nuevas redes. Requiere algo más fundamental: acceso funcional a infraestructura existente. 

Aquí reside la dimensión geopolítica del problema. 

Telefónica opera en Venezuela como corporación privada dentro de marcos jurídicos europeos diseñados para proteger la transparencia, los derechos individuales y el Estado de derecho. Pero su infraestructura existe dentro de un entorno institucional donde el Estado ejerce control extensivo sobre el funcionamiento operativo de la sociedad. 

Esta coexistencia no implica necesariamente colaboración voluntaria. Implica algo más estructural: interdependencia funcional. 

Durante el siglo XX, el poder venezolano se definió por el control del petróleo. Durante el siglo XXI, ese poder se define cada vez más por el control de la infraestructura que transporta la información. 

La infraestructura digital no es neutral. Es el terreno donde se ejerce el poder contemporáneo. 

Y en Venezuela, ese poder opera, en gran medida, a través de redes que no pertenecen formalmente al Estado, pero sin las cuales el Estado no podría funcionar. 

La soberanía moderna ya no depende únicamente de quién controla el territorio. Depende de quién controla la infraestructura que conecta ese territorio con el mundo. 

En la era digital, el poder no siempre se ejerce desde un Palacio, a veces se ejerce desde un nodo de telecomunicaciones. 

EL NACIONAL