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La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) en Colombia acaba de revelar las cifras que dan cuenta la gravedad de la crisis humanitaria en el Catatumbo, tras los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias, desde el pasado 16 de febrero en la región.

El organismo señala que el epicentro de la crisis se registra en los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, San Calixto, Teorama, Hacarí, Sardinata y Tibú y resalta que esta escalada de violencia “ha generado un desplazamiento sin precedentes en la región, con 51.938 personas forzadas a huir de sus territorios, en lo que constituye el mayor desplazamiento masivo registrado en los últimos 28 años”.

Al realizar un desglose de las cifras, con corte al 31 de enero, la Ocha señala que 46.500 Niños, niñas y adolescentes se han visto afectados por la crisis. “En las zonas rurales de los municipios de Teorama, Tibú, San Calixto, El Tarra y Hacarí al menos 25.302 personas enfrentan restricciones de movilidad y confinamiento debido al control y los enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales. De este total, 5.178 son personas confinadas”, describe el organismo.

Por otra parte, menciona que 4.443 refugiados y migrantes han sido víctimas de múltiples afectaciones. “Numerosas familias, muchas de ellas en situación migratoria irregular, enfrentan dificultades para acceder a sus derechos, recibir atención, orientación y acceder a la ruta de asistencia y reparación integral”.

También afirma que al menos 899 pueblos indígenas han sido afectados por la ola de violencia y contabilizan 6 homicidios de firmantes de paz.

“Desde el 19 de enero, los enfrentamientos en las inmediaciones de los resguardos del pueblo indígena Barí han afectado a 300 personas. Asimismo, se reporta el confinamiento de 107 personas del resguardo de Sakacdú. Ante esta situación, la Asociación de Autoridades Tradicionales Ñatubaiyibari declaró una asamblea permanente y solicitó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales la garantía de los derechos humanos fundamentales de su comunidad”.

Además, revela que entre el 24 y el 26 de enero se registraron nuevos enfrentamientos entre los actores armados por el control territorial, lo que implica el riesgo de un incremento en los desplazamientos y confinamientos.

“A pesar del deterioro de la situación humanitaria en la subregión del Catatumbo, algunas familias que permanecían en alojamientos temporales en los cascos urbanos de Tibú y Ocaña han decidido retornar a sus propiedades, por miedo a perder sus viviendas, cultivos y animales semovientes”, manifiesta la ONU.

FUENTE: EL NACIONAL

Ya es un hecho que no habrá una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) al menos para los 300.000 venezolanos que fueron beneficiados en 2023 y que permanecen en Estados Unidos de manera legal. Documentos del Gobierno a los que ha tenidoacceso The New York Times confirman que Kristi Noem, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, “ha determinado que Venezuela ya no sigue cumpliendo las condiciones para la designación de 2023″. Es un mazazo para miles de venezolanos como Jackson Villamarín, que tiene su permiso de trabajo hasta octubre, pero que pronto pasará a vivir con el miedo de ser un emigrante ilegal.

“Esto nos afecta a miles que venimos expulsados de nuestros país por la dictadura, la represión, la política llena de corruptos”, dice el venezolano, al que le amputaron dos dedos de la mano por hacerle frente al Gobierno chavista cuando trabajaba en 2016 en la empresa sindicalista Algodoneros del Orinoco. Ahora ha vuelto a sentir el peso del terror, pero de manera distinta. “Yo vivo nervioso por esas redadas”, asegura, en referencia a la cacería que han emprendido los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Mucha gente no quiere salir de sus casas a trabajar por temor a las autoridades de migración”.

Una vez el Gobierno haga el anuncio oficial, los venezolanos perderán en 60 días los beneficios que les garantiza el TPS otorgado en 2023. Por ahora es una medida que no aplica a los beneficiados en 2021, un grupo de más de 250.000 venezolanos que también podría verse afectado en el futuro, en medio de la misión republicana de expulsar del país a millones de emigrantes.

La decisión de la alta funcionaria llega, según los documentos obtenidos, “después de revisar las condiciones del país y considerar si permitir a los ciudadanos venezolanos cubiertos por la designación de 2023 es contrario al interés nacional de Estados Unidos, en consulta con las agencias apropiadas del Gobierno de Estados Unidos”.

Es algo que no se explica el abogado de emigración Willy Allen, quien asegura que cuando el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tomó la decisión hace unas semanas de extender por otros 18 meses el TPS, lo justificó teniendo en cuenta “las elecciones fraudulentas de Venezuela, los problemas internos y la falta de protección para los venezolanos en su país”. “La nueva directora ahora está diciendo que no hay razones para continuarlo, y que estas personas han estado aquí más tiempo de lo que tienen que estar, y por tanto deben regresar ahora. En realidad esta nueva administración está diciendo que las condiciones de Venezuela son normales, que pueden ser deportados. Es lo más duro que he escuchado”, insiste el abogado.

El anuncio llega solo unos días después de que a Nicolás Maduro se le viera en una foto en el palacio de Miraflores, en Caracas, estrechando la mano del funcionario Richard Grenell, enviado por la administración de Donald Trump para dialogar con el venezolano y traer de vuelta a seis estadounidenses detenidos en el país sudamericano en los últimos meses. Trump anunció poco después que Venezuela, que hasta ahora no recibía vuelos de deportaciones, estaba de acuerdo en aceptar a “todos los inmigrantes ilegales venezolanos que estaban acampados en los Estados Unidos”, entre ellos los miembros del grupo del Tren de Aragua.

Aunque Trump ha descartado que las conversaciones en Miraflores y la aceptación de deportados se trate de un posible entendimiento entre ambos, o de un reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos al Gobierno de Maduro, muchos venezolanos critican el giro del republicano, que prometió sostener una política de “máxima presión” contra Maduro. Aún así, Trump se ha reafirmado como “un gran opositor de Venezuela y Maduro”. “Queremos hacer algo con Venezuela. No nos han tratado muy bien, pero lo que es más importante, han tratado al pueblo venezolano muy mal”, dijo el viernes.

Con la eliminación del TPS, Trump podría finalmente cumplir el propósito que tuvo desde su primer mandato, cuando intentó acabar con el programa que ha brindado protección a más de un millón de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Líbano, Haití y Venezuela. No obstante, la propuesta entonces fue rechazada en los tribunales. Algunos tienen la esperanza de que, con una demanda, esta última decisión también pueda revertirse.

FUENTE: EL PAIS

PORLAMAR.- El alcalde del municipio Mariño en la isla de Margarita, José Antonio González, solicita al Gobierno nacional atender las fallas de agua.

González insiste en que la solución a la problemática del agua en el municipio Marino es una de las preocupaciones más urgentes que tienen las autoridades de la jurisdicción metropolitana de la isla.

El burgomaestre pide al gobierno nacional que el suministro de agua sea mejorado este mismo año.

“Hay una realidad en este estado que no es de ahorita, es de hace muchas, muchas décadas y hemos estado alzando nuestra voz pidiéndole al Gobierno Nacional y a HidroCaribe que se ocupen para mejorar este servicio del agua que es importante para todos los neoespartanos que desde hace mucha década estamos sufriendo”, subrayó.

En cuanto a la distribución del presupuesto ordinario de 2025, el gerente municipal precisó que 70% estará destinado a atender la parte social, lo que incluye reparación de viviendas y entrega de medicamentos.

FUENTE: UNION RADIO