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Etiqueta: Leyes

  • Táchira| El 80 % de las empresas no tienen las máquinas fiscales acondicionadas para ejecutar el IGTF  

    Dilio Hernández, economista, director del CIAP y Asesor de Fedecámaras Táchira explicó que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) es un impuesto indirecto regresivo con efecto en cascada, es decir, acumulativo a lo largo de la cadena fiscal con graves fallas técnicas y legales para su aplicación, que no distingue entre personas naturales y jurídicas.

    Se carga indiscriminadamente cuando cualquier persona paga en divisas cualquier bien o servicio hecha ante un sujeto pasivo calificado por el SENIAT como contribuyente especial, un supermercado, ferretería, farmacia, etc, que deberá cargar en su  factura un 3 % al valor de la compra si lo cancela en divisas o criptoactivos, diferentes al Petro, con lo cual se afecta su poder adquisitivo sin discriminar si tiene o no recursos, si es rico o pobre.

    «Para las empresas, además de la carga fiscal, constituye un gasto adicional pues debe adquirir o reprogramar las que tiene para adaptarlas a un sistema multimoneda de divisas que no existen en el país, con lo cual técnicamente su aplicación inmediata es un exabrupto, por no decir irresponsable pues genera una larga cadena de vicios, corrupción ,evasión  fiscal ,etc. Del 80 % al 90 % de las empresas no tienen las máquinas fiscales  acondicionadas para ejecutar el impuesto», destaca.

    Desde el punto de vista jurídico, Hernández solicita revisión y reforma «por su carácter regresivo, discriminatorio y de inequidad fiscal, cuyo único beneficio es proporcionarle al Ejecutivo entre el 15 al 17% de los ingresos fiscales del gobierno, superior incluso al ISLR que terminará afectando su poder adquisitivo, elevando el costo de la vida e incrementando la pobreza de un país donde el 90% de su población vive en condiciones de pobreza de ingreso, el 60 al 70 % de las transacciones comerciales se hacen en divisas y las remesas de los más de 6,5 millones de venezolanos que emigraron y envían al país unos $3.000 millones para aliviar la situación de las familias que viven en el país, con una canasta básica de alimentos superior a los $400 mensuales». 

    Concluyeron que es fundamental que la sociedad venezolana, trabajadores, empresarios y sociedad civil organizada, aúnen esfuerzos para solicitar la reforma del impuesto, la posposición de su aplicación hasta que las condiciones técnicas y jurídicas estén dadas para su aplicación como alternativa fiscal para cubrir las necesidades del Estado.

    Nota de prensa

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  • CIV: Compra y venta de inmuebles con criptomonedas cada vez son más frecuentes

    El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Francisco López, informó que cada vez se vuelve más recurrente las transacciones de compra y venta de inmuebles con criptomonedas.

    A pesar del auge, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela no tiene capacidad de determinar cuántas operaciones se han hecho con criptomonedas.

    “Usualmente son transacciones privadas que no se reportan. Creo que es un mundo por explorar, una ola que ha llegado a Venezuela”

    En entrevista para CriptoNoticias, López dijo que tras esta nueva tendencia es importante capacitar a los corredores para el mismo “muchos avisos de agencias inmobiliarias que aceptan criptomonedas”.

    Es importante recordar que las operaciones con criptoactivos no aparecen en las leyes de arrendamiento, por ello, las operaciones se mantienen en privado.

    En este sentido, el sector inmobiliario ha solicitado que se reforme la ley para incluir operaciones en divisas, así como en criptomonedas.

    “Los registradores al ver que los documentos de compraventa están denominados en Petros no los aceptan. Ellos entienden que las partes involucradas están usando Petros para recibir dólares y asumen que se pueden meter en un lío, cosa que no es verdad. Por eso es importante la modificación de las leyes y la capacitación técnica”

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  • “La definición de un objetivo fundamental en una economía sana es satisfacer las necesidades de la población”

    El economista, abogado y profesor universitario, Arlán Narváez, conversó sobre su investigación «Venezuela, Constitución, Impacto Económico y Gasto Público» que tiene el objetivo de monitorear y hacer seguimiento de estos temas en la sociedad venezolana. 

    Aseguró que la investigación parte de la poca coherencia que había entre lo que dice la Constitución de Venezuela y lo que realmente se ejecuta en el país en relación con ella.

    «Las violaciones constitucionales y el fondo macroeconómico es algo de lo que trato en la investigación, al igual que los fondos petroleros”

    Durante una entrevista en el programa «Mesa de Análisis» conducido por el equipo de Cedice Libertad, el señaló que en Venezuela es necesario abordar la abundancia de estos temas con escasez de criterio y veracidad al hablar de temas como la seguridad alimentaria, educación y violaciones constitucionales.

    ”La definición de un objetivo fundamental en una economía sana es satisfacer las necesidades de la población, que en su mayoría son crecientes”

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  • Carbone: «Venezolanos deben resistir para restablecer derechos constitucionales de los trabajadores’’

    Servando Carbone, secretario general de la Central Sindical UNETE, recalcó que en las manos de los trabajadores venezolanos está la esperanza, de recuperar el país de las ruinas.
    Acotó que la clase trabajadora tiene que defender la libertad y la democracia; aseguró que los trabajadores acompañarán todos los procesos para restablecer los derechos constitucionales de los mismos.
    Mencionó el tema de las vacunas, en este tema señaló que se ha perdido muchas vidas de venezolanos y que se ha hecho propuestas para comprar vacunas y poder atender la crisis de la pandemia pero no han recibido respuestas.
    Mencionó que en los gobiernos el diálogo tripartito son tomadas en cuenta para decidir temas importantes como los salarios de los trabajadores y para recuperar las leyes y medidas económicas ‘’en los gobiernos serios la participación de la tripartita, el salario es una parte para reconstruir, para recuperar las medidas económicas, para las leyes.’’
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez  y Juan Carlos Salas comentó que hay intención por parte de los trabajadores de recuperar el país y agregó que es un problema político el hecho de que el Gobierno Nacional no quiera traer vacunas para inmunizar a la población.
    Por esa razón, invitó a los venezolanos a seguir resistiendo y que los trabajadores sigan adelante. Concluyó diciendo que se están construyendo espacios para la unidad que llama a la reflexión a los trabajadores para que con sus aportes se pueda construir programas de recuperación para beneficiar al país.

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  • García: Es necesario redactar un nuevo Código Penal en Venezuela

    Joel García, abogado penalista, explicó que más que hacer una Reforma de Código Penal se debería hacer un nuevo Código Penal donde se incluyeran todos los delitos y que este estuviera adaptado a la Constitución Nacional
    Indicó que Venezuela tiene un Código que data de hace muchos años, este es el Código Italiano de Sanardel y que lo adoptó en 1897; luego se hizo una reforma en 1964, luego en el año 2000 y la última se hizo en el 2005.
    Añadió que evaluando el Código de manera objetiva está desfasado, y comentó que a la última reforma lo que se le hizo fue aumentar las penas de aquellos delitos que atentan contra el estado.
    »Es decir, el Estado lejos de buscar proteger ese bien jurídico del ciudadano, lo que buscó fue protegerse a sí mismo y a sus funcionarios.»
    Reiteró que no es necesario hacer una reforma del Código Penal, sino hacer uno nuevo. 
    García comentó respecto a esto que en Venezuela debería de existir un sólo Código en donde estén contemplados todos los delitos penales, y no por separado, es decir, en más de 70 leyes especiales que contiene delitos penales y agregó que en ningún país serio existe eso.
    Respecto a qué es lo que pretenden instaurar en la Reforma de Código Penal que están proponiendo es institucionalizar lo que de alguna manera ya se hacía.
    »Vamos a ver procedimientos o tipos penales ahí que se manejan a muy libre arbitrio de funcionario policial, del fiscal, incluso del juez; ahí lo que se va a llevar es esa Reforma, (…) tiene otra intensión, aun cuando no conocemos el proyecto, tampoco sé que hayan convocado a un comisión mixta o que hayan convocado juristas venezolanos para que formen parte de esa reforma.»
    Acotó que seguramente ya ese Código estaba redactado desde hace mucho tiempo y que estas personas en el cargo de diputados lo que van a hacer es levantar la mano para aprobar algo.
    El abogado indicó que lo que hacen las leyes no es minimizar el delito, lo que minimiza el delito es la prevención, no la ley; y que en el país lo que se hace es aumentar la pena, pero no minimiza el crimen.
    García reseñó que el Código Penal debería estar adaptado a la Constitución, pero que en Venezuela la constitución nunca ha estado en vigencia, es decir, nunca ha sido aplicada.
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas cerró comentando respecto a los casos de Juan Requesens y Roland Carreño, que además del atraso en los casos, además han sido paralizados por la pandemia que ha servido como un elemento de control social.

     

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  • Trabajo online no está contemplado en la legislación laboral venezolana

    Wilmer Barrios, contador público y abogado laboral, puntualizó que lo más cercano que existe al teletrabajo en la legislación venezolana es el trabajo a domicilio que está estipulado desde 1936, sin embargo, el trabajo online no está estipulado, aunque el Gobierno Nacional tiene planes de regular dicho oficio.

    El abogado inició explicando que el teletrabajo es aquella actividad que realiza cualquier trabajador apoyado de tecnologías de información.

    Puntos que debería contemplar la Ley de Teletrabajo en el caso venezolano

    • Derecho a la conexión que tienen los trabajadores que se mantendrán en la condición de trabajo a distancia.
    • Adaptar herramientas y elementos ergonómicos para que los empleados pueden ofrecer un buen trabajo.
    • Ofrecer las herramientas de conexión a internet o de equipos a sus empleados.

    El abogado durante el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas explicó la mayoría de las empresas se han ido adaptando al trabajo desde casa exceptuando aquellos trabajos de producción que no existe la posibilidad de realizarlos motivados a que son trabajos físicos.

    «Parte de lo que sucede puntualmente en Venezuela es que nuestra disponibilidad o acceso a internet atenta contra el derecho a la desconexión por las diferentes fallas en los servicios públicos o del servicio de internet» 

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  • ASOQUIM exige eliminar la exoneración de impuestos a la importación de productos terminados

    Álvaro Silva Pérez, ingeniero y presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM), afirmó que en el país están ingresando productos terminados importados y los mismos compiten de forma desigual con la producción nacional.

    El gremialista explicó que la competencia entre algunos productos que entran por la aduana sin cancelar impuestos, registro sanitario y ambiente, además de los aranceles correspondientes llegan al mercado final para competir directamente con la producción nacional, donde las industrias privadas sí están obligadas a cumplir con esos requisitos impositivos y de calidad que establece la ley.

    «No estamos solicitando que se prohíba la importación de productos, sino que como en cualquier parte del mundo, paguen  impuestos y aranceles, para que cumplan con la legislación nacional de calidad.

    Así podemos competir de manera equitativa y podemos contribuir a sostener la producción nacional y mantener buenos niveles de empleos»

    Alternativas para sostener la operatividad del sector químico y petroquímico

    • Eliminación de la exoneración de aranceles para los productos importados terminados.
    • Retomar la declaración mensual del impuesto al valor agregado. 
    • Se debe reducir formalmente, el porcentaje del encaje bancario.
    • Unificar y limpiar las leyes que existen en cuanto a las operaciones bancarias.

    «Estas son medidas que consideramos que en lo inmediato podrían ayudar significativamente a sostener el nivel de actividad de las empresas»

    Por falta de gas licuado el sector industrial se paralizará

    El pasado lunes 26 de octubre, ASOQUIM publicó un comunicado donde advirtieron que por la falta de gas licuado se podría paralizar el sector industrial.

    Dicho comunicado se difundió debido a que la asociación recibió distintas alertas por parte de las industrias en las que por causa de la falla del suministro de gas se han retrasado en los despachos en el mercado de consumo por la imposibilidad de movilizar los envases que y a su vez, ha afectado la movilización de algunas materias primas.

    En consecuencia, las cadenas de suministros y la producción en general, temen que ocurra una paralización total en sus actividades industriales, puntualizó Álvaro Silva Pérez, durante la entrevista para el programa Informe Fedecámaras concedida a Richard Fortunato

    “Solamente en el complejo de criogénico José Antonio Anzoátegui, se está produciendo apenas un 40%  -dependerá de la operatividad de esa planta- lo que representa tan sólo el 40% de lo que requiere el mercado nacional”

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  • “Ley Antibloqueo será de difícil aplicación”

    Dolores Dobarro, exviceministra de minas y energía, indicó que la Ley Antibloqueo será de difícil aplicación porque requiere de inversión privada y las empresas son cautelosas en cuanto a la seguridad jurídica

    La abogada señaló que el instrumento pretende una reforma no solo de la legislación en materia de hidrocarburos sino económica.

    “No veo cómo será la aplicación por el riesgo que conlleva en cuanto a los inversionistas, porque manteniendo el secreto, en algún momento se debe saber quién es el titular de esa actividad si lo que se pretende es que se desapliquen esas sanciones, porque esas empresas no serían de Pdvsa”

    En entrevista para Petroguía, Dobarro reiteró que la Ley Antibloqueo no es legal, a su juicio, adolece de las condiciones que debe tener un proceso de ley.

    “No existe una ley constitucional que pretenda derogar temporalmente la aplicación de leyes que están en el estado de derecho”

    En este sentido, explicó que la Ley busca desaplicar la exigencia que el estado debe tener una participación del 50% o más en las empresas mixtas y en teoría pudiera vender ese porcentaje accionario.  

    Concluyó que a pesar de la polarización ambos sectores políticos se han dado cuenta que la solución es la participación privada de manera masiva en el tema de hidrocarburos, pero requiere de seguridad jurídica para que pueda ocurrir.

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  • La deuda de Pdvsa al BCV es de 8,9 trillones de bolívares

    El economista Hermes Pérez, informó la deuda de Pdvsa al BCV es 55 veces más grande que el dinero base en circulación en la economía venezolana

    A juicio del profesor universitario los créditos a Pdvsa por parte del BCV es la única causa de la hiperinflación.

    En entrevista para Petroguía destacó que, en la Ley del Banco Central de Venezuela en el artículo 37 se establece la prohibición de otorgar créditos directos al gobierno central o a instituciones del estado, por lo que los préstamos están fuera de la ley.

    “La deuda de Pdvsa al BCV es de 8,9 trillones de bolívares, en 10 meses del 2020 aumentó 694% (…) en 2017 cuando nació la hiperinflación la deuda creció un 44.000%”

    Para Pérez, desde el 2010 el BCV comenzó a darle préstamos a Pdvsa pero se incrementó a partir del 2016.

    “Cuando el BCV emite dinero para prestarle a las empresas es inflacionario y no hay duda al respecto (…) mientras no exista voluntad de detener el proceso será infinito”

    Concluyó que la base monetaria es el monto de dinero que el BCV le ha inyecto a la economía y en 2020 ha crecido un 407%.

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  • Usuarios oficialistas piden amparo al TSJ contra salida de DirecTV

    El Comité de Usuarios de las telecomunicaciones introdujo un amparo con medidas cautelares ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra Directv Venezuela tras la medida de culminar operaciones de televisión por suscripción y el cierre de actividades en el país.

     “Esta empresa está abusando de su posición de dominio y de su condición oligopólica para dejar sin comunicación a un sector de los venezolanos, la afectación llega a aproximadamente, a 6 millones y medio de venezolanos”, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), María Alejandra Díaz.

    Explicó que buscan proteger a los suscriptores y a quienes se ven afectados por la acción de la transnacional.

    Señaló que la compañía intenta hacer valer una normativa del gobierno de Estados Unidos por encima de las leyes y soberanía de Venezuela. 

    Piden que se restituyan los derechos de los ciudadanos por esta arbitraria e inconstitucional acción, que viola soberanía nacional, asentó.

    Aseguró que la interrupción unilateral de las operaciones de DirecTV,es una acción que va contra los derechos garantizados en la Constitución.

    “Están violando la Ley de Responsabilidad Social (en Radio, Televisión y Medios Electrónicos), la Orgánica de Telecomunicaciones, lo cual amerita, incluso, persecución penal por el incumplimiento de las condiciones de la concesión que ellos tienen”, precisó Díaz.

    Una “dictadura mediática” 

    Díaz destacó que la empresa ya está mudando sus operaciones Colombia con la intención de que los venezolanos se informen, a través de un tercero.

     “No pueden decir que es una responsabilidad del Estado, es una medida de fuerza asimétrica y lo primero que buscan es tomar las telecomunicaciones, para incidir e imponer una dictadura mediática intempestivamente, cercenando el derecho y acceso a la comunicación”, dijo.

    Subrayó que la operadora DirecTV, “tiene más del 40 % del mercado de difusión, y es ridículo pensar que cambiaron las condiciones”, puntualizó.

    La medida de cierre tomada por la operadora ocurre cinco meses después de las reuniones entre el Departamento de Estado y AT&T (propietaria de la cablera), de acuerdo con un trabajo de investigación revelado por Associated Press (AP),

    Al respecto, AT&T recibió presiones del gobierno de EEUU para que «cooperara con la agresión continuada contra Venezuela» e “impedir” que DirecTV fuera “usada como plataforma de propaganda” por parte de Maduro, “para hacer críticas a los actores de derecha, sin estos poder defenderse”, cita AP.

    Con información de Banca y Negocios

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