Etiqueta: Leyes

  • Clínicas Jurídicas UCAB activa red de emergencia: Asesoría legal para proteger a las poblaciones más vulnerables

    El Centro de Clínicas Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello (con 30 años de trayectoria) ha reorientado sus esfuerzos ante la situación de emergencia actual, creando una red de apoyo con un pool de abogados y voluntarios para brindar asesoría y acompañamiento legal.

    Marialis Meneses, Directora del Centro de Clínica Jurídica UCAB, advirtió en una entrevista para Fedecámaras Radio, sobre el peligro de publicar imágenes de niños en redes sociales tras un desastre, ya que vulnera su confidencialidad y puede abrir paso a redes de trata de personas.

    «Hemos visto con mucha sigilosidad el tema de, por ejemplo, publicar imágenes de niños, de hecho, pública, jurídica, no lo es, porque es un tema delicado, de confidencialidad, y que pudiera, incluso, abrir oportunidades, lamentablemente, ya que saca lo mejor y lo peor del ser humano el tema de la comunidad de tratas de personas. Entonces, decidimos, de alguna forma, hacer una ruta de protección ante este tema de los desastres naturales», fueron las palabras de la especialista en el programa de «Emprendimiento UCAB».

    Por su parte, Meneses señaló que ante situaciones de vulnerabilidad, se debe acudir al Consejo de Protección (con atención de 24 horas). La prioridad es la verificación de datos filiatorios, dictar medidas de abrigo, mantener a los hermanos unidos y buscar la reintegración familiar. Asimismo, desde el Centro de Clínicas Jurídica de la UCAB se ofrece apoyo gratuito en procesos urgentes como la redacción de tutelas (cuando faltan ambos padres), el ejercicio unilateral de la patria potestad (si un progenitor está desaparecido o fallecido) y colocaciones familiares.

    Entre las alianzas interdisciplinarias elanzadas para ofrecer una atención integral, se trabaja de forma articulada con Psicodata, la dirección de Upla y el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAB (CADH).

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  • Post-terremoto en Venezuela: Acuerdos y certificación de protección civil surge ante el vacío legal

    Daniel Tamayo, abogado, en una entrevista para Fedecámaras Radio, comentó que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo señala que la integridad física del trabajador prioriza sobre la subordinación laboral. Un empleado puede negarse a asistir si su vida corre peligro y puede exigir una certificación de Protección Civil que garantice que las instalaciones son 100% seguras.

    «La ley faculta al trabajador a que su integridad física tenga prioridad sobre la subordinación laboral. Ciertamente un trabajador puede rehusarse a trabajar cuando existan motivos razonables que puedan poner en peligro su vida y debe exigir al patrono la certificación de protección civil que demuestre que su lugar de trabajo es 100% seguro para laborar», dijo.

    Según el abogado la inasistencias injustificadas, en efectos del sismo entran en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. Las ausencias no pueden ser consideradas abandono de trabajo ni causales de despido justificado, ya que el trabajador está amparado por la figura de causa justificada.

    Por su parte, el teletrabajo no está formalmente previsto en la legislación venezolana; solo existe jurisprudencia al respecto. Ante la emergencia Tamayo resaltó que se puede equiparar a la figura de «trabajo a domicilio» o regularse mediante acuerdos convencionales por escrito entre patrono y empleado. Asimismo, destacó la necesidad de acuerdos mutuos y solidaridad también aplica al sector inmobiliario (comercial y residencial).

    «En esta etapa que nos viene ahora a todos los venezolanos de reconstrucción y post terremoto debemos ser bastante solidarios, justos, equitativos y como reitero, no solamente evaluar el trasfondo legal que evidentemente es necesario (…) pero muy importante primero ser humano», acotó.

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  • Leyes agrarias desactualizadas limitan la producción venezolana

    Marcos Ordóñez, abogado y presidente de la Sociedad Venezolana de Derecho Agrario, señaló que Venezuela cuenta con una legislación agraria «vetusta» que limita la producción; por ejemplo, las leyes que regulan la ganadería tienen más de 80 años.

    «Venezuela necesita hacer una profunda revisión de su legislación para que esté acorde a los nuevos tiempos, brindando seguridad jurídica no solo en la tenencia de la tierra, sino permitiendo que los productores sean competitivos internacionalmente», dijo Ordoñez en el programa de “Análisis de Entorno”. 

    Asimismo, el abogado comentó que es urgente actualizar normas como la Ley de Identificación Ganadera de 1956 para incluir tecnologías modernas de trazabilidad y bienestar animal que permitan competir en mercados globales.

    «En gran parte del mundo ya ni siquiera se marcan los animales con hierro, utilizan otras tecnologías que permiten cumplir con los estándares de bienestar animal, lo cual hace competitivos estos productos», fueron las palabras de Ordoñez. 

    Por otra parte, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) debe evolucionar hacia un ente más técnico y objetivo, eliminando el carácter subjetivo de sus decisiones que en el pasado permitió excesos y abusos.

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  • La IA: Oportunidades y riesgos en el ámbito legal y médico en Venezuela

    Daniel Tamayo, abogado penal y digital , señaló que en la actualidad las personas  tienden a confiar ciegamente en la información proporcionada por la inteligencia artificial, lo que puede llevar a errores graves, especialmente en áreas como el derecho y la medicina.

    «La gente está mal acostumbrada a consultar todo a través de la inteligencia artificial y asume que toda la información que recibe es verídica, lo cual puede ser muy peligroso”, dijo el experto en el programa de ”Análisis de Entorno”.

    Hoy en día no existe una ley específica que regule el uso de la inteligencia artificial en Venezuela, lo que deja a los usuarios y profesionales desprotegidos ante posibles abusos y errores. Tamayo comentó que se han documentado incidentes donde profesionales han enfrentado sanciones por presentar información falsa o inexistente generada por inteligencia artificial, lo que resalta la necesidad de precaución en su uso.

    En cuanto a las recomendaciones para el uso de la IA, el abogado indicó que los usuarios deben verificar la información proporcionada  y no sustituir el consejo profesional con diagnósticos automáticos, especialmente en temas médicos y legales.

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  • Multas del SENIAT por Ley de Pensiones sentencia a las PYMES venezolanas

    La Ley de pensiones es obligatoria para toda empresa, sin importar su tamaño, incluso si solo tiene un accionista/trabajador. María Angélica Betancourt, abogada experta, en una entrevista para Fedecámaras Radio, indicó que los empresarios deben estar al día con respecto a la Ley de Protecciones de Pensiones establecida el 8 de mayo de 2024 en la Gaceta Oficial n.º 6.806.  

    Betancourt indicó que las empresas deben pagar dos conceptos distintos: el aporte al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el impuesto establecido por la Ley de Pensiones.  

    El procedimiento de pagos va por medio de un sistema especializado del SENIAT que detecta fácilmente a los contribuyentes morosos o que declaran de forma extemporánea, lo que genera multas automáticas y muy altas que pueden afectar a empresas pequeñas.  «El SENIAT indica: ‘Usted debe registrarse así que tenga un solo trabajador’. El que no lo hizo generó una alerta en el sistema y esas alertas generaron multas”, dijo Betancourt en el programa de “Análisis de Entorno”. 

    Actualmente, existen muchas quejas acerca de la aplicación de esta norma. Los empresarios o dueños de negocios llegan a considerarla “injusta” porque agrava el pago del seguro social.  Además, en muchos casos, las multas llegan sin un acto administrativo previo que sustente la sanción, lo que vulnera el derecho a la defensa.

    Betancourt recomendó que los dueños de empresas se asesoren con un contador especializado; aunque haya un costo de por medio, es fundamental para cumplir correctamente y evitar multas devastadoras. 

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  • Los registros no tienen la capacidad para actualizar los estatutos sociales de las ONG

    La ley de estatutos para las ONG hace referencia a las regulaciones de los Estatutos Sociales que establecen las bases para la creación, funcionamiento, organización y fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Isabel Figueroa, abogada y licenciada en administración de empresas, en una entrevista para Fedecámaras Radio, señaló que los registros en la actualidad siguen sin capacidad para actualizar los estatutos sociales de las organizaciones.

    Esta normativa recrudece la persecución y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, a través de prácticas regulatorias que cambian el principio de autonomía e independencia del derecho a la asociación.

    El proceso de actualización consiste en revisar el acta constitutiva (documento fundacional) de la organización y verificar que cumpla con todos los requisitos detallados en el Artículo 13 de la nueva ley. Esto incluye denominación, objeto, fines, duración y alcance territorial; nuevos requisitos clave, como detallar claramente los mecanismos de financiamiento (cómo se obtendrán y gestionarán los fondos) y cómo se afectarán los bienes.

    El plazo original para que las organizaciones actualizaran sus estatutos fue de 180 días a partir de la vigencia de la ley, el cual ya venció (señalado hasta mayo de 2024).  Sin embargo, ha habido un retraso masivo en las actualizaciones debido a que los registros públicos no han tenido la capacidad para atender la gran cantidad de solicitudes. 

    “Me imagino que hay muchas organizaciones que están dentro de las actualizaciones todavía. Aunque no hay noticias de una prórroga, seguramente los registros no han tenido la capacidad para atender la cantidad de personas que tienen que hacer este tipo de actualización”, dijo Figueroa en el programa de “Análisis de Entorno”. 

    La ley introduce exigencias de transparencia que no eran comunes antes. La más destacada es la obligación de ser claros en el origen y uso de los fondos, respondiendo a donantes y benefactores para garantizar que el dinero se usa para el objeto social declarado.

    «No hay una definición de cuáles son los aportes a recibir o no, pero sí hay que tener cuidado con respecto a las prohibiciones que tiene establecida la normativa. El artículo veintitrés me dice que estas organizaciones no pueden recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos”, mencionó a los periodistas en la entrevista en Fedecámaras Radio. 

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  • AVISA: «No hay una ley que aborde el maltrato animal para todas las especies»

    María De Los Ángeles Rivero, miembro de la junta directiva de la Asociación de la Industria de Salud Animal, en una entrevista para Fedecámaras Radio, indicó que existe una confusión en torno a las declaraciones del fiscal sobre el maltrato animal, ya que no hay una ley penal específica que lo aborde adecuadamente.

    «Hay cierta confusión con esa declaración del fiscal, porque en realidad no hay una ley penal contra el maltrato animal«, dijo Rivero en la entrevista del programa de “Análisis de Entorno”.

    Ante esta situación existe la necesidad de protección integral. Rivero destacó que debe haber una reformación para que la legislación proteja a todas las especies, no solo a los animales de compañía, sino también a animales utilizados en actividades como corridas de toros y peleas de gallos. «La protección y el bienestar animal tienen que ser hacia todas las especies, porque todos son seres vivos y debemos ser incluyentes.»

    El proyecto de ley para el trato digno y reconocimiento de los derechos de los animales de compañía fue aprobado en primera discusión, pero no ha avanzado hacia la sanción ni la consulta pública. Un detalle importante es que existen iniciativas de concienciación para el maltrato; entre ellas, la campaña «Yo sí firmo», que era una que buscaba recolectar firmas para apoyar una ley penal contra el maltrato animal, pero la falta de una propuesta formal limitó su efectividad.

    Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí:

  • La ley orgánica del trabajo debe ser actualizada ante la realidad económica en Venezuela

    Wilmer Barrios, abogado laboral en una entrevista para Fedecámaras Radio, expresó que la ley orgánica del trabajo debe ser actualizada ante la realidad económica en Venezuela ya que no cubre los deberes y derechos reales y actuales de los trabajadores. Además aseveró que el aumento de bonificaciones sin un ajuste al salario mínimo afecta negativamente las prestaciones sociales de los trabajadores, que se calculan sobre un salario mínimo bajo.

    «La falta de discusión y actualización de convenios colectivos ha llevado a que muchos beneficios laborales estén desactualizados, afectando la calidad de vida de los trabajadores», dijo el abogado en el programa de «Análisis de Entorno».

    Actualmente, la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), no establece un salario mínimo distinto y no se han concretado acuerdos tripartitos entre trabajadores, empresarios y el Estado para establecer uno nuevo. Además, Barrios indicó que los derechos laborales, como convenios colectivos y beneficios de salud, se cumplen parcialmente. A su vez, muchas convenciones están desactualizadas y la discusión de nuevos convenios ha estado paralizada.

    Ante esta situación existe la necesidad de reformas legales que se adapten a la realidad socioeconómica actual, ya que la legislación vigente no contempla situaciones como la hiperinflación. Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí:

  • Alcabalas: ¿Cúal es su marco legal?

    Se aproximan las fechas decembrinas y los operativos de seguridad de alcabalas son más constantes en el país, pero ¿son legales las alcabalas?, ¿cuáles cuerpos de seguridad son los que deberían tener alcabalas y cuáles no? Estas y otras preguntas fueron respondidas por el abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel en el programa “Análisis de entorno” de Fedecámaras Radio.

    «Las alcabalas son legales. Hay resoluciones del Ministerio de Interior y Justicia y del Ministerio de la Defensa que regulan cómo deben trabajarse las alcabalas en el país«, afirmó el abogado. Sin embargo, Izquiel rescató el debate sobre la verdadera efectividad de estos operativos. Según la doctrina de la seguridad ciudadana y las discusiones de otros países que han analizado esta práctica, es más efectivo el patrullaje de las unidades en constante movimiento que los puestos fijos de alcabalas.

    En el mismo orden de ideas, el abogado expresó sus dudas sobre la legalidad de una de las prácticas que más preocupan a los conductores: el registro de los teléfonos celulares. Izquiel explicó que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal que los funcionarios de seguridad pueden hacer la revisión de las pertenencias de los conductores, entre ellas el teléfono celular, si hay sospechas respaldadas de la comisión de un crimen.

    En cuanto a los cuerpos de seguridad autorizados para el establecimiento de alcabalas, aclaró que la ley permite a cualquier órgano de seguridad establecer estos puntos de control. Sin embargo, rescató el hecho de que los responsables de controles de tránsito son únicamente los fiscales de tránsito.

    Te invitamos a escuchar en el siguiente link otros datos importantes aclarados por el abogado penalista Luis Izquiel.

  • Nueva Directiva de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela propondrá reformas de leyes del sector

    El nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), abogado Roberto Orta Martínez, informó que una de las prioridades de su gestión será promover propuestas de reformas de las leyes que afectan al sector inmobiliario y las oportunidades de acceso a viviendas por parte de la ciudadanía.

    Orta Martínez se reunió con los medios de comunicación antes del Acto de Juramentación de la Junta Directiva de la CIV para el periodo 2022-2024, que se realizó la tarde de hoy en Teatrex, del edificio sede de Fedecámaras.

    En cuanto a la Ley de Arrendamientos de Vivienda promulgada en 2011, la CIV propondrá mecanismos para la recuperación de la confianza en el arrendamiento de vivienda, equilibrando los derechos de inquilinos y propietarios a través de instrumentos que permitan la negociación de alquileres acordes con la inversión realizada por los propietarios y que puedan cubrir los gastos de mantenimiento y condominio.

    “Muchos propietarios aun perciben alquileres del 2012, último año en que se fijó el metro cuadrado para el cálculo de los montos a pagar por los arrendatarios, por lo que propondremos que las partes puedan fijar de mutuo acuerdo los nuevos cánones, pudiendo hacerlo en bolívares, moneda extranjera o criptomonedas. Esta opción daría la oportunidad de que aproximadamente 500.000 viviendas desocupadas, a raíz de la emigración, pudieran ser ofrecidas en arrendamiento, generando una oferta masiva de viviendas para las familias jóvenes y aquellas que quieran regresar al país”, destacó Orta Martínez.

    De la misma manera la Cámara Inmobiliaria de Venezuela planteará en las mesas de trabajo del Motor Construcción, en las cuales está participando y que son promovidas por el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, el retorno de la seguridad jurídica en los casos que los propietarios hayan solicitado ante un tribunal el desalojo por falta de pago o necesidad de la vivienda y tengan sentencias firmes que no hayan podido ejecutar a causa de las restricciones de la Ley contra Desalojos Arbitrarios y un amparo decretado por el Tribunal Supremo de Justicia en 2015 que impiden su ejecución. La CIV estima que 2.500 propietarios esperan ejecutar dichas sentencias y recuperar su propiedad.

    Otra de las leyes a las que formularán propuestas de reforma es a la Ley del Deudor Hipotecario a los efectos de que las hipotecas puedan establecerse en bolívares, moneda extranjera o criptomonedas para así poder impulsar el regreso del financiamiento bancario, solicitando a su vez la disminución del encaje legal bancario para la reactivación de los créditos de vivienda. Además, la CIV promoverá nuevas formas de financiamiento para la construcción y compra de inmuebles a través de la Bolsa de Valores y Fondos de Inversión.

    El nuevo presidente de la CIV resaltó como positiva la restitución del Centro Comercial Sambil La Candelaria, la considera puntual y espera que sea el principio de política continuada por parte del Ejecutivo Nacional de restitución inmuebles y empresas afectadas.

    En esta línea, anunció que la organización gremial planteará al Ejecutivo Nacional la indemnización de otros inmuebles de propiedad privada que fueron ocupados sin pago, como los terrenos y talleres tomados por el método de la ocupación temporal por la Ley Emergencia de Terrenos para la construcción de algunos edificios de la Misión Vivienda.

    Así mismo, la CIV solicitará la devolución o indemnización de 53 edificios que se encontraban vacíos en Caracas y fueron ocupados en la gestión del Exalcalde Metropolitano Juan Barreto en 2006. Orta Martínez espera “que la devolución de inmuebles y empresas afectadas sea una política sostenida y recurrente del Ejecutivo Nacional de ahora en adelante, que generaría confianza en el país y el incremento de la inversión nacional y extranjera”.

    Por otra parte, el presidente manifestó la actual preocupación del sector por los altos aranceles calculados por algunos Registros Inmobiliarios a nivel nacional, lo cual dificulta la compra de viviendas por parte de la ciudadanía.

    En el encuentro fue anunciada la creación del Centro Nacional Estadístico de la CIV que recogerá los datos del sector en todo el país “a los efectos de tener cifras duras”, que serán ofrecidas al Ejecutivo Nacional, Gobernaciones y Alcaldías para el cálculo de impuestos municipales y aranceles de registro inmobiliario.

    Orta Martínez presentó estadísticas actualizadas del sector, entre ellas las del mercado secundario de apartamentos (usados) “los precios se han mantenido desde el 2018 a la fecha sin mayores incrementos. Solo con el regreso de los créditos bancarios, la recuperación de la capacidad de ahorro de la familia venezolana, mayor confianza en el país y mayor seguridad jurídica para inversores nacionales y extranjeras se podrá impulsar el desarrollo del sector inmobiliario y los precios de los inmuebles”.

    El mercado inmobiliario de locales comerciales registró una recuperación del 20% en el 2021, debido a la reactivación de ciertos nichos del comercio como por ejemplo farmacias, restaurantes y supermercados. Mientras que los precios de venta de los locales se han mantenido estables desde el 2018 a la fecha sin mayores incrementos.

    Por su parte, en el mercado de oficinas los precios cayeron levemente en un 5% en 2021, debido a la sobreoferta de este tipo de espacios, la falta de demanda por parte de nuevas empresas causada por la pandemia que promovió el trabajo desde casa, además de la construcción de nuevos edificios sin una demanda suficiente sobre todo en Caracas. A pesar de ello se espera una leve recuperación de este nicho en cantidad de metros cuadrados comercializados para el 2022 debido a la disminución del impacto del Covid-19.

    Nota de prensa

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