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  • Venezolanos asumen visado panameño con renuencia

    El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció este martes 22 de agosto que a partir del 1 de octubre los venezolanos que viajen a ese país necesitarán visa estampada para poder ingresar al territorio. El mandatario panameño informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Servicio Nacional de Migración, tendrán 30 días para las coordinaciones necesarias a fin de ejecutar esta decisión, detalló un boletín de prensa del despacho.

    Jeanelie Briceño, periodista venezolana residenciada en Panamá, manifestó que, esta acción es perfectamente constitucional y comprensible debido a los más de 75 mil venezolanos que hacen vida en Panamá legalmente, sin mencionar a los ilegales.

    “Cada vez es mayor la cantidad de venezolanos en Panamá, es posible que por cada 10 panameños que hay en un lugar público, se encuentren 3 venezolanos”, manifestó. Si el número de habitantes en Panamá rodea los 4 millones, el aproximado de 75 mil venezolanos entre venezolanos legales e ilegales, es una cifra “alarmante”, agregó.

    En este sentido, dijo que en Panamá, «algunos valoran a los venezolanos, pero otros nos ven como una amenaza«, porque un gran número de actos vandálicos en la nación son perpetuados por venezolanos que buscan un estilo diferente de vida y recurren desesperadamente a robar. «La decisión es política debido a la presión de los ciudadanos del país«, indicó Briceño, quien explicó que «Panamá es un país muy nacionalista que intenta resguardarse«.

    Finalmente, la periodista expuso que «la medida no es exclusiva para los venezolanos», hay otros países que también requieren de visa para ingresar y en el caso de venezolanos que posean la visa americana, estos «no necesitaran visa estampada para entrar«. Asimismo, aseveró que, a pesar de que los venezolanos se sientan insultados, es una medida que ya se ha tomado en otras naciones. «Entiendo los sentimientos que puede generar la medida, pero hay venezolanos que han traído muchas cosas buenas y malas«.

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  • Galenos del Hospital Vargas hacen «medicina de guerra»

    El Hospital Dr. José María Vargas se encuentra en una situación deplorable, «hoy en día sufre las necesidades más grandes del sector»; como la carencia de equipos e insumos médicos y el deterioro de las instalaciones, denunció el médico hematólogo y vocero de la institución, Danny Golindano.

    Dentro del Hospital se han visto en la necesidad de ubicar a los pacientes de diversas patologías – altamente infecciosas – en una sala conjunta y «si en un hospital se ve una sala de pacientes con diferentes patologías unidos, sabes que el lugar está en malas condiciones», aseveró.

    En este sentido, Golindano dijo que, tal situación no es exclusiva del Hospital Vargas, en general, la salud sufre la escasez de insumos más grave de la historia. En Mérida, «se atienden pacientes recostados en el piso», añadió.

    Con respecto a la situación de atención de los pacientes, el coordinador general de la organización “Médicos por la Salud, explicó que, «si hay 4.432 camas fuera de servicio, esa es la cantidad de pacientes que se les niega el derecho a la salud». A su vez, expresó con preocupación el grado de frustración que se percibe por parte de sus colegas y afectados.

    Amedrentamiento en el hospital

    Por otra lado, declaró violaciones a los derechos humanos por parte de colectivos armados a los trabajadores del recinto. Agregando que, varios de sus colegas han sido agredidos por no poder atender a pacientes en “casos especiales”.

    Las acciones catalogadas como amedrentamiento hacia el personal de la salud, son cada vez más comunes, alertó.

    Al finalizar la entrevista, el doctor reafirmó su compromiso con el sector de la salud venezolana: «los médicos trabajamos desde nuestras trincheras (…) hacemos medicina de guerra» y anunció que próximamente se estarían dando datos de mortalidad por patologías en el país.

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  • Declaraciones de la Fiscal General implicarían acciones legales internacionales

    La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, declaró en la cumbre de fiscales de Mercosur y en una rueda de prensa posterior a ésta, que en el caso Odebrecht estarían comprometidos Nicolás Maduro y miembros de recién instalada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. También declaró que «A Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares».

    Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, catalogó la confesión como un material invaluable y «esperamos que Luisa Ortega Díaz ofrezca más detalles sobre investigaciones de corrupción» porque si se tienen las pruebas y con un sistema penal democrático en Venezuela, los implicados pagarían años de cárcel.

    De la alocución de Ortega, Señaló dos puntos importantes:

    1. El gobierno tiene control del Tribunal Supremo de Justicia para tapar corrupción y
    2. En Venezuela no hay estado derecho.

    Aún no se pueden hacer acusaciones pero con los datos apuntan a que «hay una convención de crimen organizado firmada por Venezuela que puede traer consecuencias legales«, dijo De Freitas.

    Finalmente, la directora de Transparencia Venezuela, aseguró que “esas personas se podrían ver obligadas a no abandonar el suelo venezolano nunca” porque existen casos de investigación de corrupción por tribunales extranjeros que buscan rescatar la democracia y la institucionalidad del país.

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  • Deterioro en el sector agrario del estado Portuguesa

    La situación de los agricultores y de la producción se ha visto afectada desde hace un tiempo debido a la creciente crisis que afronta al país. Ya no se ve afectado uno o dos sectores productivos, sino que abarca mucho más allá por la paralización de las empresas en sus distintos escalafones.

    Omar El Chumary, presidente de Fedecámaras Portuguesa, explicó que “en alguna ocasión llegamos a ser autosuficientes, y en otras llegamos a abastecer el mercado internacional haciendo exportaciones de algunos de los rubros, entre ellos, el arroz que ahora lo conseguimos en algunos comercios en BsF. 18.000”.

    La crisis económica está obligando a los venezolanos a reducir cada vez más la adquisición de los rubros de la canasta básica, ya que los precios de los productos están llegando casi a ser lo equivalente a media quincena del sueldo mínimo.

    “Nos damos cuenta que todos los días el deterioro es mayor, lejos de que nuestros agricultores no consiguen para sembrar ya que, para hacerlo, necesitan como mínimo las semillas”, expresó El Chumary en Informe Fedecámaras.

    Los mercados locales de semillas en el estado Portuguesa no están operando debido a las diversas políticas del ejecutivo de expropiar esas empresas, que tenían como fin suministrar materia prima a los agricultores. Con esas semillas se lograba obtener un 30% de la producción, en cambio, el otro 70% proviene de las que se importaban de afuera.

    “Para el siguiente ciclo, el deterioro va a ser aún peor, lo que generará más vicios de importaciones”, agregó.

    En cuanto a la distribución de los insumos, el estado gestiona todo a través de Agropatria y eso sigue generando esas distorsiones. El Chumary invitó al gobierno a verificar los precios especulativos que tiene esta empresa en los productos que proporciona al agro del país.

    El sector privado al no contar con ningún acceso a las divisas debe esperar a que Agropatria le suministre los insumos necesarios, pero ya que no hay mercados internacionales que le vendan a Venezuela, todo esto se convierte en una emergencia para el sector agrario.

    Entre los rubros que se producen en el Estado Portuguesa se encuentran: el maíz blanco y el amarillo, la caña de azúcar, el tomate, el arroz, el ajonjolí, plátano y cambures, así como algunos granos.

    Por otro lado, la seguridad se ha vuelto otro problema que alcanzó al sector agrario el cual tiende a tener pérdidas materiales y humanas, por los ataques a los camiones en las vías de distribución, debido a las malas condiciones en las que estas se encuentran; así como los saqueos a las plantaciones y los secuestros de los productores.

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  • Interpol no actúa bajo solicitudes políticas

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo durante una rueda de prensa la tarde de ayer 22 de agosto desde el palacio de Miraflores, que solicitaría a Interpol la captura de la exfiscal general, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, y de su esposo, el diputado Germán Ferrer. Sin embargo, dentro de la opinión pública se maneja la idea de que ese ente no puede actuar bajo solicitudes políticas y es por ello, que el abogado criminalista y profesor universitario, Fermín Mármol García, expuso bajo qué circunstancias se puede considerar esta petición.

    Primeramente, entiéndase que la Interpol es una organización internacional que agrupa a cuerpos de policía judicial del mundo para recibir información de personas requeridas por el hecho de haber cometido algún delito.

    Asimismo, a cualquier persona que sea solicitada en un país se le levantará un expediente con sus datos más una breve recapitulación de sus actos respaldado por los tribunales y eso será enviado a Francia, en donde se encuentra su sede principal, para que lo revisen y procedan a marcarlo como alerta roja internacional, explicó Mármol.

    No obstante, el especialista también afirmó que existen excepciones, por ejemplo, las infracciones por actos políticos. Si bien, en el país han sido varias las oportunidades en las que el Gobierno ha solicitado ante la Interpol, la  detención de distintas personas, como lo fue en su oportunidad con Manuel Rosales.

    A juicio de Mármol, si la persona es merecedora de alguna condición de refugio político, como el asilo, ante la Interpol quedará sin efecto. Dado que, “en el estatuto de Interpol, específicamente en el artículo 3, están exceptuados los delitos de carácter político, persecuciones religiosas, raciales y militares”, detalló.

    Finalmente, para que procedan a la captura de alguien; el país requirente, es decir, “el que lleva la información a diario”, se debe contactar con la oficina de Interpol del país en el cual se presume esté la persona y se entrega la información con todos los detalles  para que logren su detención y sea deportado o  extraditado.

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  • Julio César Pineda: medidas panameñas rompen relaciones económicas con Venezuela

    Julio César Pineda, presentador del programa Brújula Internacional, dijo que las medidas panameñas anunciadas ayer  rompen las relaciones económicas con nuestro país y a su juicio, se complicará la situación entre los ciudadanos panameños y venezolanos.

    Sobre las razones que conllevaron a la ruptura de relaciones, dijo que, no solo tenía que ver con el panorama económico y diplomático, sino también con el social porque en dichas decisiones influyen los temas migratorios que estarían afectando al país.  “Hay una migración no deseada que estaría causando problemas de carácter político, social y económico”, sostuvo.

    El diplomático, añadió: “más allá de que haya problemas políticos entre Panamá y Venezuela (…) hay una realidad que, es una inmensa migración venezolana que no exonera otros países”. Declinando que, uno de los accionantes – de la medida –  fuese los problemas de popularidad del mandatario en Panamá, Juan Carlos Varela.

    Finalmente, catalogó la situación del ámbito diplomático venezolano como la “peor etapa en la historia de Venezuela”, comparándola con Chile, Argentina y Uruguay, durante la dictadura.

    Los venezolanos necesitan Visa para entrar a Panamá

    Recordemos que, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, informó que los venezolanos necesitaran una visa estampada para entrar al territorio, decisión que se mantendrá hasta que el país recupere el orden democrático.

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  • Aumento de pasaje sigue siendo insuficiente para transportistas

    Esta semana los venezolanos se tomaron por sorpresa el aumento de pasaje, causando desconcierto en la población que se niega a pagar el nuevo monto, entre sus motivos, se encuentra el mal servicio y porque recientemente realizaron dos incrementos. Sin embargo, también es pertinente ver la posición de los conductores, quienes aseguran que el pasaje sigue siendo escaso porque no les cubre siquiera para hacerle el mantenimiento a las unidades.

    «Nosotros teníamos un mes explicándoles a los usuarios la situación”, dijo Hugo Ocando, presidente del bloque Oeste de Transportistas. Asimismo, reiteró que luego de un encuentro con el nuevo ministro de transporte, García Toussaintt, este último manifestó que el arreglo fue aprobado.

    “Si nosotros no hacemos esos ajustes, no podremos prestar el servicio”, pero no es porque no quieran, agregó el transportista, sino por los altos costos que como venezolanos tienen que cubrir porque “solamente no es mantener la unidad”.

    Para él, a pesar del reciente aumento, siguen trabajando a perdida y si el Gobierno no quiere que se haga otro ajuste, deberá subsidiar la diferencia como lo hacen en otros países y como hacen con el Metro de Caracas, en donde “un ticket cuesta 4 bolívares, pero tener que hacerlo sobrepasa los 100 bolívares”.

    Finalmente, Ocando aseguró que, “si el Gobierno pudiera controlar la inflación, nosotros haríamos un solo ajuste al año», pero a su juicio, eso también se les escapa de las manos porque en lo que va de año ya van más de dos aumentos salariales.

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  • Madre del diputado Wilmer Azuaje denunció violación de DDHH a su hijo

    Carmen de Azuaje, madre del diputado Wilmer Azuaje Cordero, denunció que su hijo, quien estaba detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y fue trasladado al Centro de Reclusión para Procesados Judiciales «26 de Julio», en San Juan de Los Morros, le han sido violado sus derechos humanos.

    “Lo han esposado, amarrado, torturado y le han violado los derechos”, recalcó. Además, se le ha negado la visita de familiares y abogados.

    Recientemente, luego de cumplirse 113 días apresado sin derecho a tener un juicio, fue trasladado a la cárcel de San Juan de los Morros, “una de las peores de Venezuela, donde lo tienen en una habitación de 2 x 3 a él y a su asistente”, sostuvo la madre de Azuaje.

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  • Ray: un Estado criminal pone sus recursos al servicio del delito internacional

    El presidente Nicolás Maduro pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) este martes, 22 de agosto, librar un código rojo para capturar a la extitular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, y a su esposo y diputado, Germán Ferrer.

    Si bien, Venezuela está en la facultad de hacer la solicitud, la organización no atiende a llamados políticos, “prefieren dejarle eso a los gobiernos y no involucrarse”, explicó Alberto Ray, consultor en estrategias para la gestión de riesgos.

    Asimismo, expuso que la Interpol es una alianza de 190 países miembros, donde se previene y combate la delincuencia internacional por una comunicación policial eficiente, permitiendo poner alertas sobre algunas personas, eventos y procesos, para advertir a otros países y policías de cosas que están pasando.

    La Interpol cumple 3 funciones principales:

    1. Lucha contra el terrorismo,
    2. La delincuencia organizada y
    3. la legitimación de capitales.

    En relación a su artículo, “Nuevo manual para el Estado Criminal”, comentó que, “un estado criminal es aquel que utiliza todos los poderes que tiene a su alcance, el gobierno, sus ministros, fuerza armada, sistema de pago, banco central, su territorio y lo pone al servicio del delito internacional”.

    Lo primero que identifica a un estado criminal es que está “aislado” porque empieza a hacerse “opaco” y “nadie quiere acercarse a ti para el comercio lícito internacional”, aseveró.

    En este sentido, añadió que, “un estado criminal se constituye porque internacionalmente hay intereses para que eso se dé, hay una confluencia de actores internacionales que lo favorecen”.

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  • Amalio Belmonte: UCV seguirá aplicando modalidades autónomas de admisión

    El Secretario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Amalio Belmonte, aseguró que no solicitaran carnet de la patria a aquellos estudiantes que deseen ingresar a la casa de estudios. Sin embargo, aclaró que, esto solo aplicara para sus modalidades autónomas de ingreso como la prueba de admisión.

    “En cuanto a los estudiantes que corren por nuestra cuenta, en las diferentes modalidades de la UCV, no solicitaremos carnet de la patria”, declaró el también doctor en Ciencias Políticas de la UCV.

    Amalio, explicó para el programa “Enfoque Informativo” con la periodista Ashley Flores Montesinos, que las autoridades del país estarían sectorizando a la población estudiantil con dicha moción. “Van a dar prioridad a estudiantes que tengan ciertas condiciones socioeconómicas (…) estas las quieren establecer a través del carnet de la patria”, expuso.

    Para el secretario, “el carnet de la patria es una forma de control (…) que  ha sido utilizado para disponer de ciertos servicios”. A su vez, catalogó la acción como “chantaje” hacia los sectores vulnerables del país.

    Sobre el ingreso

    El sociólogo aseveró que el requerimiento fundamental para el ingreso de estudiantes a una universidad debería ser la capacidad del estudiante.

    Por otra parte, la institución aceptó los dictámenes proclamados por la autoridad educativa, los cuales se limitan al Sistema Nacional de Ingreso (SNI) y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

    Belmonte reseñó: “el ministro dijo que los datos socioeconómicos que están en el carnet de la patria son los que serán utilizados para dotarle un cupo a un estudiante”.

    Finalmente, dijo que, los datos serán solicitados al estudiante a través de dicha plataforma.

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