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  • Venezuela necesita dirigencia política con estrategias

    Partiendo de la noticia de que un niño de 2 años de edad con graves síntomas de desnutrición, falleció este sábado en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito; el analista político y organizacional, Víctor Maldonado, manifestó que, “el mejor indicador de que es urgente cambiar la política económica, es que hay niños muriendo de hambre y madres buscando comida en la basura”.

    Un cambio de políticas económicas implica un cambio de política en general, expresó Maldonado, haciendo referencia a las protestas antigubernamentales que se registraron en el país hasta hace aproximadamente un mes y que desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, se produjo una aparente calma. “No se puede calificar como un fracaso el hecho de que las protestas no causaran un cambio de Gobierno para que exista una posibilidad de bienestar”, sostuvo.

    En este sentido, expresó que una de las ganancias de este periodo de protestas es “el haber puesto contra la pared al Gobierno (…) finalmente, el Gobierno tuvo que quitarse cualquier barniz democrático y mostrarse tal cual es”. «Las victorias se tienen que cantar, porque si no reclamas, esas ganancias las pierdes”, reflexionó.

    Finalmente, Maldonado expuso que, se necesita » dirigencia política con estrategia» para generar soluciones a la crisis que atraviesa el país, porque los errores actuales que abaten actualmente a la oposición, son resultado de la improvisación y “no puedes improvisar cuando el Gobierno lleva un guion”.

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  • Escasez de billetes acentúa crisis venezolana

    Uno de los temas que perjudica diariamente a la población en cuanto a crisis económica es la cantidad de billetes en la calle y la manera de obtenerlos en las denominaciones correctas para sobrellevar el caos monetario que padece la población.

    En el programa Portales, Actualidad Laboral, el economista, Ángel García Banchs, explicó que Venezuela “es una economía donde la producción de billetes ha descansado en el sector público, es decir, un gobierno despreocupado de si la gente come de la basura o come una vez al día”.

    Uno de los principales problemas económicos, que no tienen que ver con la banca, sino con la poca cantidad de billetes en el mercado venezolano, es la poca impresión de papel moneda de alta denominación.

    “Cada billete cuesta cinco céntimos de dólar, y para imprimir la cantidad necesaria, se necesitaría 350 millones de dólares«, expresó el economista. Al mismo tiempo que se preguntó a sí mismo, si habría algún negocio con la impresión del mismo.

    Debido a las declaraciones de la Sudeban, solo los comercios formales tendrían autorización para realizar avances de efectivo, limitando aún más los medios de adquisición que tiene la población con respecto al dinero físico, es decir, que los negocios informales no tendrían la perisología necesaria para realizar estas operaciones.

    El economista, Ángel García Banchs, detalló los pasos que se necesitaría para restablecer en parte la estabilidad económica del país, entre los que mencionó: “ir con 7 millones de dólares al otro lado de la frontera de Colombia; recoger y custodiar los bolívares en esas casas de cambio en Cúcuta; la cotización bolívar dólar se legaliza; se liberan los controles de cambio y se coloca una orden de producción de billetes de mayor denominación«.

    Asimismo, consideró que la mejor expectativa que se puede tener de este régimen, es la de incrementar los controles monetarios, aumentando lentamente la difícil situación que ya padece el país.

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  • Familiares del general Baduel llevan 13 días sin saber de él

    Familiares del general venezolano, Raúl Isaías Baduel, denunciaron su desaparición desde hace 13 días, luego de haber sido retirado de su lugar de reclusión en la prisión de Ramo Verde por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Rayrin Baduel, hija del general, informó que «desde el 8 de agosto a las 5 de la mañana” no mantienen un contacto con él.

    En este sentido, señaló que no se les ha mostrado una orden para saber el motivo de su traslado y reiteró que ya agotaron todas las instancias nacionales y algunos organismos ya han expresado su apoyo. “No es posible que 13 días después, no haya alguna respuesta oficial”, sostuvo la hija de Baduel y dijo que, si bien, su padre no estaba en su casa, “él ya se encontraba injustamente secuestrado en una cárcel militar”.

    El general Baduel siempre ha mantenido una fuerza espiritual y física, manifestó su hija y le pidió mantenerse en pie de lucha. Por su parte y la de sus familiares, seguirán denunciando y aprovechó para recordarle a las personas que hoy optan por un cargo de poder, que eso es temporal,  pero “la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y eso no prescribe”.

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  • La AN no puede administrar su propia nómina

    José Vicente Rivero, secretario general del Sindicato Nacional de Funcionarios y Trabajadores de la Asamblea Nacional (Sinfucan), denunció que desde enero de este año la Asamblea Nacional ( AN ) fue revocada de administrar su propia nómina y recursos. En consecuencia, no reciben beneficios laborales de ningún tipo. Además, no se les cancela salario desde hace más de un año.

    Rivero, en múltiples ocasiones ha denunciado la falla en cancelaciones del salario mínimo de los trabajadores del parlamento venezolano. “Desde el 15 de agosto de 2016 se le dejó de pagar el salario a los diputados de la AN”, recalcó en el programa Portales con Actualidad Laboral.

    Agregó que “a partir del 19 de enero, la Sala Constitucional en la sentencia n°05217, le quitó la potestad de administrar su propia nómina y recursos (a la AN)”. Asimismo, aseveró que hasta ahora “hay una mora de beneficios con los trabajadores que sobrepasan los 23.500 millones de bolívares”.

    Sentencia

    En la sentencia N°05217 y N°23217, se indica que la administración recae en el Ejecutivo Nacional, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina Nacional de Presupuesto, quienes, según el representante de Sifucan, habrían desconocido la condición colectica firmada por los funcionarios del recinto.

    Entre los beneficios perdidos reseñó: pagos de beneficios de dotación de trajes, prestaciones sociales, impuestos sobre la renta, e inclusive fallas en los pagos de los seguros para los trabajadores.

    Además, según cifras ofrecidas por el defensor, existe una pérdida de más de un 72,8% de la convención colectiva de trabajo. “No tenemos ningún tipo de beneficio”, dijo.

    Acciones

    Entre las acciones que se han tomado para solventar en el problema. El secretario mencionó la toma de instalaciones de diversos organismos como el Ministerio Público y comunicados. Aclara que el último de estos, fue dirigido al Presidente Nicolás Maduro Moros y no se obtuvo respuesta.

    La agenda de acción incluye: mañana, reenviar el comunicado dirigido al presidente y realizar una rueda de prensa ante todos los medios de comunicación.

    También, mencionó que los funcionarios tienen pensado realizar acciones de calles en respuesta al conflicto, sin embargo, esto aún se mantiene en deliberación debido a acciones violentas aplicadas contra los trabajadores que salieron en señal de protesta la última vez.

    “La Asamblea Nacional ha sido víctima de una serie de ataques del Ejecutivo Nacional y otros poderes del gobierno, en cuanto al desconocimiento de sus funciones”, afirmó durante la entrevista en Portales con Actualidad Laboral Radio. Para Rivero, esta es la razón por la que dichas sanciones les son aplicadas.

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  • Dennis Fernández: AN seguirá sesionando

    La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Dennis Fernández, aseguró que tanto los diputados como la directiva del Parlamento rechazan y desconocen la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) emitida el viernes 18 de agosto, de asumir las funciones legislativas del organismo.

    “Nosotros vamos a seguir trabajando, legislando, vamos a seguir cumpliendo con esa responsabilidad que el pueblo venezolano dejo en nuestras manos”, sostuvo Fernández.

    Asimismo, catalogó el hecho de contradictorio porque desde principios de año el gobierno ha querido “anular” la AN, primero con la sentencia 155 y 157 presentada por el Tribunal Supremo de Justicia, en la que le quitaba las atribuciones al Poder Legislativo y luego las restituyo al ver la reacción negativa de la comunidad internacional, después, la declaración de desacato y ahora, la disolución de facultades, “no se entiende qué es lo que quiere el gobierno”, pero en definitiva, “para el gobierno sería una gran victoria eliminar a la AN de todo ámbito político y quedarse ellos solos gobernando (…) no quieren controles, ni la autonomía y dependencia de los poderes”.

    También, Fernández afirmó que “no hubo formalidad de asistencia a la sesión de la ANC”, dijo que se enteraron por las redes sociales y comentarios de terceros.

    Desde la instalación de la ANC, la diputada manifestó que el ambiente del Palacio Legislativo es de amedrentamiento y persecución hacia los trabajadores, y denunció que la Guardia Nacional Bolivariana encargada de la custodia de los parlamentarios e instalaciones del Palacio Legislativo, es una guardia política.

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  • Latinoamérica no está exenta de un ataque islámico

    El pasado jueves 17, un sujeto a bordo de una furgoneta arrolló a varios individuos en la plaza Catalunya de la ciudad de Barcelona (España), dejando al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos, según informaron las autoridades locales. Leonor Azpúrua, especialista en derecho internacional, expuso que lo ocurrido en la ciudad española, no es sorpresa, porque la comunidad musulmana más grande de España se encuentra en esa zona.

    “La mayoría de las personas que se adscriben al Estado Islámico lo hacen a través del contacto por Internet», por lo que no están limitados de manera geográfica, dijo la abogada. En este sentido, manifestó que, éste tipo de acometidas no son ajenas a Latinoamérica, podrían ocurrir y si no ha sido así, es porque las colonias musulmanas no están totalmente establecidas en la región.

    Referente a las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) de EE.UU., Mike Pompeo, en las que expuso que Venezuela presume un “serio riesgo” porque el Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) se congrega en el país; Azpúrua explicó que, aunque los principios de estos grupos son distintos, genera mucha preocupación que existan células que estén promoviendo una conducta radical en el militarismo y la división.

    Finalmente, la experta señaló que es un fenómeno bastante complejo que la mayoría de los miembros de estos grupos sean europeos, hijos de inmigrantes, y se sientan conectados con sus raíces y no con el país en donde nacieron.

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  • Villasmil: «la tragedia sanitaria en Venezuela no comenzó en 1998»

    La idea del «Estado que cura» es pre-republicana, sembrada por los borbones españoles en el siglo XVIII a través de un sistema de juntas sanitarias que permitió la traída a Venezuela de la primera versión de vacuna que conoció el mundo. La llegada de la República acabó con esto y no fue hasta 1936, durante la presidencia del general López Contreras, cuando se retoma desde el Estado venezolano la idea sanitaria y se funda el entonces llamado Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, de la mano de Enrique Tejera Guevara, primer ministro de sanidad que conoció el país desde un órgano especializado.

    «La única ventaja competitiva que podía ofrecer la iniciativa privada en aquel monopolio público era la hotelería, pero las grandes fortalezas, los saberes y los conocimientos estuvieron por muchos años bajo la sombrilla del Estado. Eso dejó de ser así aproximadamente a mediados de los años 70, cuando el sector público de la salud se vino abajo», indicó el Dr. Gustavo Villasmil, médico internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), especialista en hipertensión, exdirector de salud de la gobernación de Miranda y director del programa «Mesa sanitaria» de CECIDE Libertad.

    El doctor Villasmil aseguró que durante esos mismos años existía una gran capacidad de compra que permitió a la sociedad venezolana acceder a los servicios privados y dejar la atención médica pública como última de opción. Esa capacidad se desvaneció, dejando a una población enferma y con coberturas de seguros médicos insuficientes, obligada a tocar las puertas de un sector público que tiene, por lo menos, 40 años de progresivo desmantelamiento.

    «La promesa del Estado que cura figura en el famoso derecho constitucional a la salud en todas nuestras constituciones desde 1946. El problema no es el cómo ponerlo en papel, sino cómo materializarlo. El Estado venezolano no tiene con qué, en consecuencia, es la hora de convocar a factores más allá del Estado para construir esa promesa sanitaria que alguna vez pretendió ser luz de modernidad en Venezuela», afirmó el Villasmil.

    Por su parte, el analista político y organizacional, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Victor Maldonado, resaltó la gran violación de derechos humanos y la indiferencia criminal que está teniendo el Estado ante la grave situación en el sector salud. «El régimen se desentendió de la economía, eso significa que los escasos o muchos recursos en divisas provenientes de la renta petrolera están siendo sistemáticamente apropiados en un 85 o 90% por una mafia que se paga y se da el vuelto sin pensar en el país», señaló.

    Gustavo Villasmil concluyó exclamando que: «en una sociedad buscando qué comer en la basura no hay libertad posible, y esto es lo más doloroso del momento que estamos viviendo». Asimismo, añadió que la única posibilidad de salvación que tenemos los venezolanos es la que construyamos nosotros mismos con nuestro propio talento y esfuerzo.

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  • Gobierno deberá hacer «sacrificios» para cancelar la deuda

    Las cifras de la situación económica actual en Venezuela -por donde la vean- son las más desfasadas de su historia, con una inflación que es la más alta del mundo y unos índices de pobreza que lleva a los venezolanos a tomar decisiones entre comer o comprar medicinas, estudiar o trabajar, es decir, impidiéndoles cubrir sus necesidades más básicas por las políticas del Estado y como solución, optan por migrar a otro país en busca de una mejor calidad de vida.

    Para el economista Richard Obuchi, aproximadamente el 50 % de la población venezolana está viviendo con el salario mínimo, el cual no les alcanza para nada y solo un 20 % de la población puede tener acceso a la canasta básica que sobrepasa los 2 millones de bolívares, por lo que aseveró: “la pobreza se ha terminado duplicando en estos pocos años”. Además, dijo que este es un problema que también afecta a quienes aún no han nacido porque deben crecer bajo estas circunstancias.

    “El 96 % de nuestras divisas dependen directamente del petróleo”, por lo tanto, si el ingreso petrolero no mejora y la producción sigue disminuyendo, en efecto, los ingresos también van a ser cada vez menos y la situación seguirá empeorando. Por tal fin, mientras el Gobierno no se preocupe en corregir las diferentes políticas económicas, no podremos ver progresos en el país, explicó el economista.

    Finalmente, “el riesgo de default es permanente”, señaló Obuchi, porque en lo que queda de año, Venezuela debe pagar 1,3 millardos de dólares en intereses de deuda y distintos expertos aseguran que esa cancelación no se podrá hacer por el mismo hecho de la disminución de ingresos, de lo contrario, deberán hacer más «sacrificios» de los que ya han venido haciendo.

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  • Omar Mora Tosta: Masacre en Amazonas es el reflejo de la crisis institucional venezolana

    El día de ayer 18 de agosto, se llevó a cabo una matanza de 37 personas durante un motín en un centro de detención del estado Amazonas, al sur de Venezuela. El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de Derechos Humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.

    Sobre esta situación, Omar Mora Tosta, abogado especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, conversó con María Isabel Párraga en el programa «Marca País», donde manifestó que, el acto es «una muestra más de la descomposición y la crisis institucional que se vive en Venezuela”.

    “Ningún cuerpo policial puede llegar sin mediar palabras y asesinar a más de 30 personas”, sentenció el penalista y expresó que “esto solo demuestra la barbarie que estamos viviendo, en un estado donde los entes policiales imponen sus propias leyes”.

    Mora, acredita esta situación a la no separación de poderes y explicó que, “cuando no se tienen poderes independientes para tomar decisiones y atacar estas circunstancias, se ve el abuso de poder en todas y cada una de sus actuaciones”, empezando por el Ejecutivo Nacional, que maneja sus decisiones a «capricho», sentenció.

    “El pilar fundamental de una democracia es la separación de poderes”, recalcó el abogado.

    Por otra parte, manifestó que, “son impresionantes las condiciones infrahumanas a las que están siendo sometidos los privados de libertad (…) y los presos políticos”, porque en el último caso, «no solo es la injusticia de ser inocentes y ser procesados simplemente por pensar distinto”, también  son sometidos a hacinamiento y condiciones de violación de Derechos Humanos.“Hay más de 1500 presos políticos y la lista se engrosa todos los días”, informó.

    Sobre la solicitud del presidente del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional Constituyente para que se estudie la posibilidad de incrementar las penas por terrorismo y traición a la patria a 50 años de cárcel, el abogado indicó: “los criminólogos decimos que no por aumentar las penas se consigue disminuir la impunidad”. Ciertamente, el sistema penal tiene que ser estudiado, pero a la luz de los avances de la civilización, “no por un tema de revancha política” y tal medida, solo conduce a perseguir la disidencia.

    En este sentido, calificó la medida propuesta por el TSJ como “una suerte de justicia medieval» y a su juicio, «ahorita, en el país hay cosas mucho más necesarias que hacer eso y menos con el objetivo que se pretende”.

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  • Luis Izquiel: Guarulla no es el culpable de la masacre en Amazonas

    Más de 37 muertos y 14 heridos fueron el resultado de un motín en la cárcel de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas, el martes 15 de agosto. En declaraciones posteriores ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV), el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, catalogó como culpable al gobernador de dicho estado, Liborio Guarulla, quien, según el militar, está a cargo junto con su gobernación de dicho recinto.

    Durante el programa “Enfoque Informativo” con Ashley Flores Montesinos, en contraposición a dichas declaraciones, Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, calificó el hecho como una masacre y aseguró que la responsabilidad de dicho acto no está bajo la custodia de la gobernación de Amazonas. El centro penitenciario está bajo custodia del Gobierno del Estado Miranda y que no dependen del gobernador Guarulla, enfatizó.

    Asimismo, el abogado explicó: «primero deben realizarse las investigaciones ahí –en el lugar de los hechos- (…) estaban presentes unos funcionarios de los cuerpos de seguridad que tomaron la decisión de disparar», y de esa manera, descubrir las razones de dicha decisión antes de fichar a alguien.

    Por otra parte, Izquiel – también Asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional -, aprovechó el contexto y denunció el estado de los centros penitenciarios en Venezuela. “Ese centro donde ocurrió la masacre, no es una cárcel formal” sino un “calabozo policial”, dijo.

    Además, expresó su preocupación en materia de Derechos Humanos en las cárceles: «los calabozos policiales a nivel nacional, presentan hacinamiento y violación de DDHH». De esta manera, agregó que dichos calabozos están abarrotados y faltan muchos establecimientos para satisfacer la necesidad de seguridad de la nación, “el Estado Amazonas no tiene cárcel, Cojedes no tiene cárcel”, ejemplificó para entender la seriedad del asunto.

    Con respecto a los presos que se encuentran limpiando las calles de la capital, expresó que ese tipo de trabajos están vetados en el mundo gracias a los progresos en Derechos Humanos y argumentó que, para realizarse tales actividades en los centros, se requiere la verificación de una prueba vocacional, remuneración y monitoreo de seguridad durante la labor del individuo.

    Sin embargo, nuestro caso no parece ser el mismo: «no sabemos si son presos procesados (…) si el Gobierno les está pagando, de no ser así, están en estado de esclavitud». Además, sostuvo que puede significar una situación de riesgo para la población.

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