Fedecámaras Radio

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  • Urbina: «hay un 50 % o más de quirófanos inoperativos»

    El doctor y presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría, Huníades Urbina, fue el protagonista del día en nuestro Noticiero Fedecámaras y destacó, que el sector salud viene haciendo el aviso desde hace años de que los hospitales «están cada vez peor». El sistema hospitalario del país no está en las condiciones óptimas para atender la crisis hospitalaria que vive la nación, afirmó.

    Así mismo, explicó que «el único hospital que se ha hecho durante estos años es el Cardiológico Infantil» y el mismo en la actualidad aún no está terminado. En cuanto al tema de los equipos y quirófanos, el Dr. Urbina, mencionó, que solo «hay el 50 % o más de quirófanos inoperativos, no hay equipos de rayos x (…) así podemos seguir sumando en la parte de equipamiento para diagnósticos».

    Agregó que los familiares de los pacientes arremeten contra el personal médico buscando al culpable de la crisis que impide la solución al padecimiento del paciente pero aseveró, que «los culpables están en las oficinas de los ministerios».

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  • Garmendia: “trabajo minero artesanal es arrebatado por extracciones a gran escala”

    El tema de la minería y el reciente acuerdo anunciado por, el ministro para Desarrollo Ecológico Minero, Jorge Arreaza, en el que Venezuela y Sudáfrica emprenderán un proyecto diamantífero fue el tema a tratar con el representante minero de Fedecámaras, Eduardo Garmendia, en el programa «Marca País» con la periodista María Isabel Párraga.

    Durante la entrevista, Garmendia expresó que «la intención del Gobierno es una búsqueda desesperada de recursos económicos en el área de la minería, sin ningún plan previo», es decir, “el objetivo que el Gobierno ha tenido, es obtener renta para apalancar las reservas internacionales”. Todo esto dentro de una propuesta improvisada que consiste en la “extracción minera de gran proporción”.

    Evidentemente, con este panorama «Venezuela no está preparada para que su segundo sector económico sea la minería» y esto principalmente se da porque “el trabajo del minero artesanal es arrebatado por estas extracciones a gran escala”, aseguró.

    De igual forma, el representante minero de Fedecámaras, denunció que “la nueva ley de minas, introduce elementos que no son pertinentes y seguirán siendo perjudiciales para el país” y todo esto porque el Gobierno no es “el administrador, sino el dueño del Estado”.

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  • ¿Qué ha hecho que todo título valor emitido por la República de Venezuela o PDVSA tenga un valor inferior al 60 %?

    El banco estadounidense Goldman Sachs, recientemente, compró 2 mil 800 millones de dólares en bonos venezolanos con un descuento del 69 %, ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que, tras esta transacción, la entidad ofreció alivio financiero al gobierno de Nicolás Maduro. Dentro de lo complejo del tema financiero, la economista Tamara Herrera, explicó que hay un cuestionamiento “moral y político o político y moral” al hecho de que un banco de inversión este financiando a un Gobierno que esta actuando fuera de la Constitución y ese financiamiento son los 865 millones de dólares que entraron a cambio de un título que había emitido PDVSA en el año 2014, por un valor de 2 mil 800 millones de dólares y que descansaba desde entonces en el portafolio del Banco Central de Venezuela (BCV). Supuestamente, ese título fue emitido en su momento cumpliendo con los requisitos y normas “para tener aceptación internacional”, acotó.

    En este sentido, manifestó que el valor de esos 2 mil 800 millones de dólares cambian de acuerdo a las condiciones del deudor, que, en este caso es PDVSA. Entonces, a juicio de la economista, la pregunta más pertinente, grave y de mayor alcance es: “¿Qué es lo que ha hecho que todo título valor emitido por la República de Venezuela o por PDVSA tenga un valor inferior al 60 % (…) cuál fue la gestión que destruyó la industria petrolera venezolana, la credibilidad de la gestión de políticas públicas, la capacidad de producción de la agricultura nacional para abastecerse a sí misma, la gestión que puso en duda la capacidad no solo de alimentarse a sí mismo como país sino, además, no tener la capacidad de ir a exportar cualquier otra cosa que no fuera un petróleo de menor calidad y a mayor costo?”.

    Además, el Gobierno venezolano no logra emitir deuda porque las condiciones de credibilidad y funcionamiento económico hace que cualquier persona que vaya a comprar un bono para financiar a Venezuela, piense si le podrá pagar. “Este gobierno no ha hecho sino sumar razones y encarecer el costo de cualquier financiamiento que tiene la República”, afirmó.

    La gente debe entender que “esto no le ocurre a un país que no tiene este tipo de gestiones”

    Herrera, llamó la atención sobre la responsabilidad de la gestión de Gobierno, exhortó a la gente a entender que “esto no le ocurre a un país que no tiene este tipo de gestiones” y después adentrarse al problema que le abre los ojos a todo el mundo, que es: “el exorbitante descuento con el que fue realizada esta operación”.

    Con esto, uno puede entender por qué los bonos de Venezuela, “siendo de Venezuela o de la República”, hoy, según el plazo que tengan, ninguno va a tener un valor superior a 40 – 45 dólares. “Cuando sube es porque esta cerquita del momento de pago, esa es la condición de nuestra deuda en este momento”, expuso.

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  • Quero: «por primera vez en 70 años no se reciben los insumos de manera oportuna y suficiente»

    El pasado domingo 28 de mayo, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que el estado Portuguesa cuenta con el 100% de los insumos necesarios para iniciar el proceso de siembra correspondiente al llamado ciclo de invierno.

    En contraste con estas declaraciones, Osman Quero, gerente general de la Asociación de Productores Agrícolas Independientes (PAI), y segundo vicepresidente de Fedecámaras Portuguesa, afirmó que no se ha recibido la totalidad de insumos hasta ahora, aún cuando mayo es el mes más oportuno para sembrar el maíz, uno de los rubros más cotizados en nuestro país, y que es la primera vez en 70 años de desarrollo agrícola de la región, que no se reciben los materiales de manera eficiente y en los tiempos establecidos.

    Asimismo, el gremialista denunció que la distribución de insumos por la estatal Agropatria está obstaculizando la producción primaria y como resultado, ocasionando el desabastecimiento que sufren los consumidores venezolanos, «la discrecionalidad que utiliza el mismo Estado que no permite las libertades económicas que están consagradas en la Constitución nacional, que perturba el libre desenvolvimiento de la actividad agrícola nacional«.  De igual forma, manifestó que se le ha exigido a las autoridades competentes que entreguen una lista con las personas del estado llanero que recibieron materiales para la siembra, «los insumos estan siendo entregados de manera discrecional a empresas que realmente no habían sembrado en años anteriores, o que ni siquiera existían a principio de año«, destacó.

    En cuanto al fertilizante, declaró que hasta el año pasado, la empresa Pequiven lo suministraba directamente a las asociaciones de productores, con un costo actual de 1700 bolívares por saco, que es lo que percibe la empresa hoy en día, no obstante, este año se le está colocando «una alcabala» en Agropatria, lo que aumenta en más de 7000 bolívares por saco, que se factura como «gastos de logística«, «lo cual por supuesto hemos protestado«.

    En referencia al denominado «tractorazo» convocado por los productores para el día de mañana en la entidad, Quero señaló que buscan denunciar estas situaciones ante Venezuela y el mundo para que «no nos hagan responsables de que son los productores agrícolas que estan participando en alguna imaginaria ‘guerra económica’ y que sencillamente estamos exigiendo que nos dejen trabajar (…)  ya basta de que se estén coartando las libertades económicas que nuestra Constitución nacional nos otorga como uno de los derechos más importantes que tenemos«, sentenció.

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  • Diputado Silva: «la gran pérdida de asientos ha mermado el potencial turístico que tiene Venezuela»

    Durante el mes de mayo se ha observado cómo se le ha hecho cuesta arriba a los diputados de la Asamblea Nacional poder viajar por el país o realizar viajes internacionales. Para ahondar un poco más sobre el tema, Reinaldo Pulido conversó con Luis Silva, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar y vicepresidente de la Comisión de Finanzas. El diputado aseveró que la gran pérdida de asientos ha mermado el potencial turístico que tiene Venezuela, afectando la cantidad de divisas que ingresan.

    Silva destacó que es una muestra más de que estamos en dictadura y es una violación al artículo 126 de la Ley de Aeronáutica Civil. «Se les ha impedido embarcar con el boleto en la mano«.

    Agregó que haciendo un balance en general tanto de las líneas aéreas nacionales como de las internacionales, desde el 2013 se le adeudan cerca de 4 mil millones de dólares a las empresas aéreas, causando una disminución aproximada del 50% de los vuelos. «Para hablar en cifras en el año 2013 la frecuencia de vuelo era de 75.110 vuelos anuales. En el año 2016 bajamos a 42.000 vuelos anuales y esto ha seguido en rumbo descendente«. Esto, definitivamente, afecta de manera sustancial el potencial turístico del país.

    El otro problema que indicó el vicepresidente de la Comisión de Finanzas, es que las líneas aéreas nacionales no accesan a los dólares que requieren para renovar las flotas. «Nos conseguimos con una flota que tiene más de 25 años de envejecimiento y allí nos estamos montando y arriesgando nuestras vidas los venezolanos que día a día nos montamos en esos vuelos«.

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  • Fantinel: A Venezuela no llega ni un cuarto del maíz blanco que requiere

    La escasez de alimentos se agrava cada día más en Venezuela, algunos de los productos que se incorporaron a esta lista son las frutas, las hortalizas y uno de los rubros más importantes, el maíz blanco, así lo afirma Celso Fantinel, primer vicepresidente de Fedeagro.

    «Los ciudadanos venezolanos nos podemos dar cuenta ya, desde hace dos o tres meses, de la escasez de hortalizas cuando vas a las ferias en las calles o en los supermercados importantes y si las ves, es a unos precios exorbitantes», aseguró Fantinel.

    Desde el mes de marzo, técnicamente el maíz blanco se había terminado, así lo afirmó el agricultor, añadiendo que la poca producción que hay es del maíz blanco mexicano, cuyo último buque llegó hace 20 días con 30 mil toneladas, cifra que realmente abastece solo una semana.

    Asimismo, el vicepresidente de Fedeagro hizo un llamado al gobierno nacional y al ministro de alimentación para que hagan un esfuerzo importante de seguir trayendo maíz porque la cosecha de esta nueva siembra de mayo 2017 no se dará sino hasta finales de septiembre y principios de octubre y la población necesita del producto.

    «Como no tenemos las divisas que teníamos en años anteriores, ya no se ve el continuo arribe de barcos a polipuerto, ves un barco o dos mensuales cuando realmente necesitamos por lo menos cuatro barcos de 30 mil toneladas, tomando en cuenta que el consumo nacional está en alrededor de 1 millón 300 mil toneladas de maíz blanco», aseveró Fantinel.

    También, Celso Fantinel comentó que hasta el año 2010, Venezuela se abastecía en un 100 % de maíz blanco y que actualmente no podemos hacerlo gracias a las malas medidas económicas del gobierno que, al no presentar un margen de rentabilidad, desestimula a los productores que ya no quieren sembrar maíz blanco.

    El vicepresidente añadió que el monopolio de la distribución de semillas y fertilizantes  lo tiene Agropatria y que actualmente las empresas privadas que abastecían los insumos técnicamente desaparecieron, teniendo tan solo entre un 5 % o 3 % de aporte en el mercado.

    «Ahora contamos con una semilla importada, no es lo que queremos, pero es lo que tenemos para sembrar este año y trabajaremos para que en un futuro todo sea 100 % venezolano. Tenemos las tierras, tenemos los productores y las ganas de seguir trabajando», afirmó el agricultor.

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  • CNP: Más de 180 agresiones a trabajadores de la prensa en mes y medio de manifestaciones

    El pasado 18 de mayo, la Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), consignó un documento ante la Fiscalía General de la República en el que se solicitó premura en los procesos de denuncias por agresiones en contra de periodistas, reporteros gráficos y parte de los ciudadanos que registran hechos noticiosos en estos 59 días de manifestaciones a lo largo y ancho del país.

    Tinedo Guía, presidente del CNP, afirmó que luego de la visita hecha a la Fiscal General, «pareciera que los cuerpos de seguridad se han ensañado más en la agresión con los periodistas, entre enero y el 15 de mayo habían 290 agresiones, hay que sumarle más de 180 que hay hasta ahora en este mes y medio de protestas que lleva el pueblo venezolano«. Asimismo, señaló que las medidas dictadas por la fiscalía, consisten en que «el que esté haciendo un trabajo periodístico, no puede ser agredido por los cuerpos de seguridad, y debe ser además, protegido de las agresiones de algunos ciudadanos que consideran que los periodistas no estan haciendo su trabajo«.

    Recordó que existe la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME), que «impide prácticamente la inmediatez, si un hecho se saca una vez, ya no se puede repetir, y es en los espacios estelares donde se puede colocar esa información«, lo que conlleva a que gran parte de la población no tenga conocimiento de los sucesos diarios del país.

    De igual forma, en conversación con Noemí Cendón y Janeth De Abreu de Actualidad Laboral, Guía recomendó a los ciudadanos «paciencia con el trabajo periodístico, que los apoyen y los protejan«, ya que aunque se reseñen informaciones en medios pequeños, «sin una gran vocería«, son testimonios que pueden servir de pruebas de violación de derechos humanos en el control de las manifestaciones ante entes internacionales.

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  • Larrazábal: Uno de los temas permanentes en las reuniones de la OIT es el caso venezolano

    Del 5 al 16 de junio de este año, se realizará la 106° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra (Suiza), donde convergerán más de 4 mil delegados de todo el mundo para debatir las grandes dificultades del trabajo mundial en la actualidad. El primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, en conversación con Actualidad Laboral, señaló que en la reunión formulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), participan los Estados, los representantes de los sindicatos y los representantes de las empresas de todos los países del mundo. El gobierno venezolano es copartícipe de todos los convenios de diálogo tripartitos para temas laborales que están establecidos y Venezuela viola abiertamente, expresó.

    «Hay convenios que establecen que todos los ajustes de salario mínimo tienen que ser discutidos de forma tripartita, tienen que consultar a los trabajadores y a los empleadores, y eso desde hace muchísimos años que no se hace», aseguró Larrazábal.

    Asimismo, destacó que en el marco de los convenios se prohíbe el acoso de líderes sindicales, entendiéndolos como aquellos que agrupan y representan tanto a personas como a empresarios con un interés definido. Aquí, muchos de ellos son perseguidos, han sido víctimas de atentados y han expropiado sus bienes.

    Por otra parte, explicó que la OIT tiene tres instancias deliberativas importantes en donde se debaten los temas más resaltantes, una en octubre-noviembre, una en marzo y la próxima Asamblea Anual, «uno de los temas permanentes es el seguimiento del caso venezolano«.

    En cuanto a la situación país, aseguró que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente requiere, como primer  punto, que sea aprobada por vía de un referéndum, porque una cosa es tener la iniciativa y otra cosa en convocarla. Por eso Fedecámaras se ha pronunciado en contra, afirmando que no pueden participar en un mecanismo en el que se quebranta la hilo constitucional.

    «La agenda política como se está manejando no va a solventar los problemas económicos que estamos viviendo, lo que necesitamos ahorita es un cambio de modelo económico», aseveró Larrazábal.

    Respecto a los saqueos que se han venido presentando en el país, lamentó las grandes perdidas que estos actos acarrean, «se ve que no es una intención propia de las manifestaciones pacíficas. Eso hay que rechazarlo y exigirle al gobierno nacional que tiene que permitir el derecho a la protesta pacífica garantizada en la Constitución, pero también que deben proteger los bienes públicos y privados de los grupos de desadaptados que salen simplemente a destruir y crear zozobra en la población», manifestó.

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  • Proyectiles de perdigones con metras es un arma contundente

    Ante la denuncia hecha por la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), sobre la presunta fabricación de municiones de perdigones con metras por parte de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), el abogado y presidente de la Comisión de Seguridad de Fedecámaras, Miguel Dao, expuso que no puede dar fe de este señalamiento, pero sí catalogó que “ilegal” la utilización de este tipo de material por cualquier autoridad, “para enfrentar una marcha como las que están planteadas”.

    “Es lo mismo que darle con un martillo en la cabeza a una persona, es un homicidio, un arma contundente”, agregó.

    En este sentido, Dao explicó que pudo reconocer que el proyectil podía ser “cualquier pieza que va en el engranaje de un vehículo (…) es una metra de acero, creo que no es de plomo”. Pero, “independientemente de que no sea un arma de fuego, es un arma que proyecta este tipo de metras y causa las lesiones que hemos visto”.

    Por último, afirmó: “esto no atiente a ninguno de los procedimientos para la contención del orden público, lo que se ha establecido es una agresión con este tipo de artefactos”.

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  • Ascenso de delitos contra la propiedad privada y lesiones durante protestas

    De cara a las protestas, el periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, Javier Ignacio Mayorca, expuso diversos temas de seguridad como el ataque a la propiedad privada, el cuantioso número de lesionados y la agresión, presuntamente propinada por los organismos de seguridad del estado, a través de “cartuchos aliñados” para la contención de manifestaciones.

    La protesta es un derecho constitucional, en función de eso, “los cuerpos de seguridad del estado deberían garantizar que las personas que van a ejercer ese derecho tengan preservada su integridad física”, enfatizó el periodista.

    Extraoficialmente, el experto en criminalística, develó que se ha podido conocer que las cifras de criminalidad en contra de la propiedad privada y además de eso, las lesiones, han ido ascendiendo en los lugares de concentración. Se habla de “cifra negra”, cifras que suelen tener un enorme porcentaje  de casos que no son conocidas por las autoridades, acotó.

    En este sentido, explicó que ahorita el 65 % de las víctimas no acuden a formular denuncias ante las instituciones de seguridad, por miedo, porque en lo que empieza a figurar la situación en la que ha ocurrido el asalto, el denunciante piensa que “el policía podría reprocharle que estaba manifestando (…) entonces, lo que se conoce es la acción de los malandrines”.

    Respecto al tema de las lesiones, las cifras que aportan Salud Chacao y Salud Baruta, cuando ocurren marchas, “contaron entre ambos, más de 300 lesionados y eso no queda presentado en las cifras oficiales”.

    Ahora bien, Mayorca, señaló que los manifestantes corren riesgo de ser violentados en el tiempo que se exponen al transitar solos, cuando se dirigen o regresan de  una marcha, debido a los “planes retardatrices” implementados por los cuerpos de seguridad del estado y que son destinados a “impedir, dificultar, estorbar, entrabar la llegada de los manifestantes a los puntos de concentración”.

    Por lo tanto, recomendó evitar la exposición en soledad y chequear bien quién se mantiene alrededor y tener mucha prudencia con lo que podría llamarse bienes que riqueza, como el celular, “que es lo más codiciado por el hampa”, además de ser “uno de los elementos que más han sido robados a periodistas en los últimos meses porque eso le resta uno de sus principales instrumentos de trabajo (…), no es casualidad”, recalcó.

    En relación a la práctica de alterar los cartuchos de perdigones para colocarles metras de vidrio, de plomo, rolineras, trozos de vidrio y otro tipo de elementos, manifestó que es una acción antiquísima, que se llama, en términos policiales, además de esa subcultura que hay entre la Guardia Nacional y las policías preventivas, “aliñados”, que a su juicio, rechaza que sean fabricados por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).

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