Changan Venezuela anuncia oficialmente la inauguración de dos nuevos concesionarios ubicados estratégicamente en las ciudades de Valera, estado Trujillo y Caracas -en Bello Monte- como parte del plan de expansión nacional de la marca.
Con el estreno de estas sedes la empresa alcanza una red de 17 concesionarios a escala nacional, que ofrecen un robusto portafolio de vehículos, en función de cubrir las necesidades locales del consumidor y asegurando un servicio postventa único en Venezuela.
Además, Changan ofrece atractivos planes de financiamiento para todos sus vehículos, en alianza con Banesco y el BBVA Provincial.
Con estas aperturas, Changan consolida su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad con vehículos de alta tecnología, vanguardia y variedad de opciones, confortables y con experiencia de manejo placentera.
La sede de Valera cubrirá la ruta de los Andes venezolanos y la de Bello Monte refuerza la presencia en Caracas que ahora cuenta con dos concesionarios activos.
Desde ya, en dichos locales, la marca tiene disponibilidad inmediata, servicio postventa premium -mecánicos especializados y capacitados en el Centro de Entrenamiento Automotriz Changan- y garantía de repuestos originales -cuenta con un stock de 150.000 piezas disponibles para todos los modelos.
Changan: expansión regional
La llegada de Changan a la ciudad de Valera es parte de una visión que apunta a la expansión regional de la marca. Por su ubicación geográfica y conectividad con toda la cordillera andina, el estado Trujillo apoyará la dinamización del mercado, con especial atención a los clientes potenciales de la zona y a sus necesidades concretas de movilidad.
Por su parte, para cubrir la alta demanda en Caracas -atendida hasta ahora con éxito desde el concesionario de Los Palos Grandes- se hace presente el concesionario en Bello Monte. Los clientes podrán realizar test drive del vehículo, previo a la compra, para sentir la experiencia de manejo Changan.
Todos los vehículos Changan tienen garantía de 5 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurra primero).
Esta ampliación responde a las necesidades del mercado automotriz local y a la planificación de Changan para atender todo el territorio.
Ambos concesionarios contarán para entrega inmediata todos los modelos que se comercializan en el país: CS35 Plus, CS55 Plus, CS95, la pick-up Hunter Plus y el Alsvin sincrónico, así como servicio de asistencia técnica.
Todos los vehículos tienen garantía de 5 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurra primero). El cliente también puede consultar todos los planes de financiamiento disponibles, para cada modelo, articulados en alianza con Banesco y el BBVA Provincial.
Changan afianza su presencia nacional
Ilvimar Adán, gerente de Comercialización de Changan Venezuela comenta sobre esta apertura “Apostamos con fuerza por nuestra marca, que a lo largo de 6 años de presencia en Venezuela ha demostrado ser una marca asiática de calidad premium del producto; alta tecnología automotriz y un servicio postventa indiscutible».
«Las cifras hablan por sí solas, Changan mantiene sostenidamente el tercer lugar en ventas en Venezuela, lo que indica una clara preferencia del público. Recibimos con alegría y expectativa la apertura de estos nuevos concesionarios en Valera y Caracas, con los cuales consolidamos 17 sedes Changan para ofrecer grandes beneficios y opciones de financiamiento. Todo un reto que estamos seguros será un éxito para la empresa y los equipos que lideran cada área”, añade la ejecutiva.
Alcanzar la meta de 17 concesionarios, de la mano de APB Group, reafirma la apuesta permanente de la empresa por Venezuela.
El objetivo es el fortalecimiento del sector automotriz, bajo tres premisas claras: Brindar la más completa y segura línea de vehículos, con servicio técnico de primer nivel y respaldo inmediato de repuestos originales.
Respaldada por una infraestructura global, Changan ofrece en Venezuela un robusto portafolio. Cuenta con una red de 17 concesionarios a escala nacional, un Centro de Distribución Nacional de repuestos originales y el Centro de Entrenamiento Automotriz Changan, lo que reafirma su compromiso con el progreso y la movilidad del país.
Productores del municipio Morán, en el estado Lara, aseguran que las cosechas de café podrían perderse si no se atienden los daños viales ocasionados por las lluvias en las zonas agrícolas.
Aseguran que más de 10.000 quintales de café están en riesgo debido a que las precipitaciones dejaron a varios sectores de Humocaro Alto completamente incomunicados.
«La cantidad de afectados son todos los habitantes de la zona alta de los Humocaros y de Guaitó, La Candelaria. La producción se calcula en 12.000 a 15.000 quintales de café que están por perderse porque no se puede sacar. Esto significa el sustento de miles de familias que estamos viviendo en la zona alta», explicó Édgar Alvarado, productor.
Indicó que se trata del sustento de todos en la localidad porque la producción allí es entre un 90 y un 95% de café, pero que depende de tener buenas vías de comunicación.
Este lunes, una comisión de caficultores acudió a la gobernación para solicitar al Instituto de Vialidad una inspección técnica. El objetivo es ignorar la reparación urgente de esta carretera que conecta a tres regiones del país.
El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, señaló que para que haya una mejora en servicios básicos como el agua y la energía eléctrica es necesario descentralizar competencias hacia las regiones.
«¿Qué vamos a hacer con el tema del agua? La posición de los gremios es muy clara, la descentralización. Concentrar los servicios públicos en Caracas no es una solución de acercarle las soluciones al ciudadano, por el contrario. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la electricidad? Entendemos que hoy en día se están dando los pasos acertados. Los que debieron darse desde 2008, (cuando) los primeros apagones», argumentó Rodríguez.
Añadió que se han comenzado a dar pasos acertados cuando Venezuela se alía con empresas internacionales.
Los municipios más afectados por las fuertes lluvias en Mérida han sido los que conforman los pueblos del sur, donde ríos y quebradas se desbordaron.
«Tuvimos afectación en la población de Canaguá donde la vialidad se vio fuertemente interrumpida por movimientos de masa y crecidas de ríos. De igual manera, en el municipio Aricagua tenemos hasta el momento esta población incomunicada», informó Mario Marquina, subdirector de Protección Civil en la entidad.
Señaló que el paso desde Barinas hacia Mérida fue habilitado, sin embargo, es controlado y con precaución.
«Desde el Páramo hacia el estado Barinas y Trujillo, el paso está sin novedad, pero estamos monitoreando», agregó.
El pronóstico de los próximos días es de lluvias, por lo que recomiendan a los ciudadanos seguir las cuentas de los organismos de gestión de riesgo para mantenerse informados de la situación en las diferentes vías que conectan con otros estados del país.
Delcy Rodríguez, anunció este lunes que en las próximas semanas eliminarán las alcabalas policiales en las diferentes ciudades del país y en su lugar, se reforzará el patrullaje «para garantizar una seguridad integral».
«Creemos que la seguridad debe garantizarse con mecanismos eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas«, dijo.
Por otra parte, la mandataria indicó que trabajan junto al Comité Internacional de la Cruz Roja para «revisar las condiciones de los centros de reclusión y seguir atendiendo lo que deba ser mejorado».
Rodríguez aseguró que el objetivo es que la comunicad internacional «conozca de primera mano las mejoras y avances que queremos para nuestro sistema penitenciario».
La mandataria informó que a dos meses de los devastadores terremotos que causaron miles de muertes y derribaron cientos de estructuras, se han retirado 28% de los escombros en las zonas afectadas, lo que se traduce en aproximadamente 580 mil toneladas.
En su balance oficial ofrecido este 24 de agosto, precisó que hasta el momento han entregado 335 viviendas nuevas con las que han sido beneficiadas 1.172 personas; se han recuperado 1.001 viviendas que benefician a otras 3.503 personas.
Reiteró que más de cuatro mil viviendas serán adjudicadas para los damnificados por el doblete sísmico antes de culminar el 2026.
En su mensaje a la nación, la mandataria remarcó los acuerdos que se han alcanzado con empresas internacionales para avanzar en la recuperación y optimización del sistema eléctrico. «Tenemos un plan nacional para mejorar de manera progresiva la electricidad, el agua, la salud, las escuelas, el hábitat, la vialidad y los servicios que forman parte de la vida diaria de los venezolanos», agregó.
El Banco Central de Venezuela (BCV) aumentó a 14 bolívares la comisión mínima obligatoria para todas las transacciones de pago móvil, un ajuste que no altera los porcentajes vigentes de entre 0,30% y 2%, pero que encarece significativamente el costo real de los pagos pequeños, que son la gran mayoría del día a día del venezolano.
El incremento del costo mínimo de una comisión pasó de 2 bolívares a 14, un incremento del 600%. Según la Gaceta Oficial número 43.427 de fecha 31 de julio de 2026, las operaciones P2P (Persona a Persona) tiene una comisión de 0,30% con un mínimo de 14 bolívares. Este recargo es asumido por quien realiza el pago.
Por su parte, las transacciones Persona a Comercio (P2C) sostienen una comisión de hasta un máximo de 1,50%, mientras que los movimientos Comercio a Persona (C2P) promedian hasta un 2%; en ambos casos, el comercio absorbe el recargo mínimo de 14 bolívares.
Durante el primer semestre del año, el pago móvil se consolidó como el mecanismo de pago predominante en el país al concentrar el 63% de las operaciones electrónicas,desplazando el uso de los puntos de venta tradicionales. Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), informó recientemente que esta herramienta supera picos de 8.500 transacciones por minuto y proyecta batir récord a finales de año.
El economista Hermes Pérez advierte que el impacto real de la medida se sentirá con mayor fuerza en las transacciones cotidianas de bajo valor. Es decir, el nuevo esquema financiero genera un impacto regresivo, ya que la acumulación de transacciones diarias multiplica el gasto bancario de los usuarios.
En términos proporcionales, quienes perciben menores ingresos sufren una pérdida de poder adquisitivo significativamente más alta. Mientras que la tarifa fija de 14 bolívares resulta imperceptible para los sectores con mayor capacidad económica, representa una carga desproporcionada para la población vulnerable, cuyo presupuesto se diluye en comisiones al pagar bienes y servicios básicos de bajo costo.
Pérez explicó que, para un pago común de 200 bolívares —como la compra de un pan canilla o el pasaje del transporte público—, la comisión fija de 14 bolívares se traduce en un cobro real del 7%, una cifra desproporcionada para los estándares internacionales.
“Una comisión de 7% cada vez que se realiza una operación pequeña, es muchísimo. En cualquier parte del mundo es bastante. El impacto al final es grande. Entonces, como porcentaje, la operación realmente perjudica a las transacciones pequeñas”, alertó.
El pago móvil se consolidó como el mecanismo de pago predominante en el país | Archivo
El especialista aclaró que su crítica no va dirigida al aumento, sino a la magnitud del mismo. Señaló que este incremento debió realizarse de forma escalonada para amortiguar el golpe en la población de menores recursos y salarios más bajos: “Pudo aplicarse un porcentaje de 50% o 100% hoy, en dos meses un 100% más, y así sucesivamente. Algunos dirán que 14 bolívares es poquito, pero es un 600% de incremento”.
La nueva normativa establece además que cada intento fallido o rechazado de pago móvil descontará la tarifa mínima de 14 bolívares al usuario. Ante las constantes fallas de electricidad, de señal e Internet en el país, el economista Manuel Sutherland calificó como “un exabrupto” penalizar los errores de conectividad en el presupuesto diario de los ciudadanos, por lo que considera que la medida debería eliminarse.
“Una transacción fallida puede ser por un problema de Internet, de conectividad, de servicio público, de electricidad o un error de una persona que no ve bien y puso un número aquí, un número allá. A mí me parece espantoso que se ejerzan acciones punitivas contra errores humanos o problemas en la infraestructura de servicios públicos que puedan ocasionar una pérdida de dinero a las personas”, dijo.
El analista agregó que, bajo el contexto de pobreza generalizada que atraviesa el país, muchos ciudadanos viven con el dinero justo. “Entonces, si tratas de hacer varios pagos móviles y te equivocas varias veces, puedes descontar el dinero que tenías guardado para pagar tu cuota de Cashea o lo que sea si estás muy ajustado de dinero”.
“Estas cuestiones quizás deben tratarse en la mesa de diálogo, en la mesa técnica entre las dos asambleas, para tratar de pensar en una junta de economía con académicos, con economistas de prestigio e independientes, que puedan empezar a revisar estas medidas y proponer medidas alternativas que no castiguen a la población de esa manera y que no sean tan punitivas. A mí me parece un horror colocarle un impuesto al fallo en una transacción”, añadió.
¿Riesgo de un golpe inflacionario?
Sutherland advirtió que el ajuste también pone en jaque a la actividad comercial del país, que en los últimos años se ha caracterizado por operar a volumen con márgenes de ganancia muy reducidos por la competencia y a la extrema debilidad de la demanda nacional.
Explicó que los comercios que asuman el costo de las operaciones P2C verán comprimidos sus ingresos totales, enfrentando trabas adicionales para la reposición de inventario y una preocupante disminución en su flujo de caja.
Alertó además sobre la naturaleza regresiva de esta estructura de cobros, a la que calificó como una tarifa “tipo avalancha” que se acumula y desliza a lo largo de toda la cadena de comercialización.
“Esa acumulación del 2% en cada eslabón puede llegar a transformarse en un 10% si intervienen cinco intermediarios. Si alguien le compra cebollas a un campesino para vendérselas a un mayorista, este a un distribuidor, el distribuidor al minorista y este último al consumidor final, estamos hablando de un incremento del 10% de un solo golpe en el precio de los productos, lo que generaría un impacto inflacionario fortísimo”, detalló el economista.
El economista Manuel Sutherland explicó que los comercios que asuman el costo de las operaciones P2C verán comprimidos sus ingresos totales | Archivo
Pérez y Sutherland coinciden en que un recargo en cadena de esta magnitud sobrecargaría el precio final pagado por el consumidor.
El resultado, concluyó Sutherland, sería una pérdida drástica del poder adquisitivo de la población y una contracción aún mayor de las ventas comerciales, dificultando la liquidación de mercancías y ralentizando la velocidad de rotación del capital en el país.
El encaje bancario y la búsqueda de ingresos alternativos
Para Hermes Pérez, este ajuste es el reflejo de una profunda distorsión macroeconómica que asfixia la actividad tradicional de las instituciones financieras.
El especialista explicó que, ante la imposibilidad de otorgar financiamientos de manera libre, el sector bancario se ha visto forzado a depender del cobro de servicios y comisiones para sostener su operatividad.
Pérez recordó que Venezuela mantiene el encaje bancario nominal más elevado del mundo, fijado en 73%, aunque advirtió que el encaje efectivo real es todavía mayor. “A la banca le cuesta otorgar créditos porque el Banco Central bloquea la posibilidad de esos créditos; entonces, de alguna forma, busca ingresos de otra manera”, sentenció el analista, vinculando directamente la paralización del crédito con el incremento en el costo de las operaciones cotidianas de los usuarios.
Por su parte, Sutherland coincidió en que la situación del sistema financiero venezolano es crítica. A su juicio, la banca nacional se encuentra “fundamentalmente en coma” tras años de restricciones y políticas de contención financiera por parte del Ejecutivo.
Sutherland coincidió en que el encaje nominal del 73% representa una medida abrupta que destruye la intermediación crediticia. Explicó que el encaje real termina siendo superior a medida que los préstamos se actualizan al tipo de cambio oficial, lo que anula por completo el beneficio del spread bancario (la diferencia entre las tasas de captación y colocación) y arrastra al sector hacia la ruina.
Aunque el analista reconoce que el ajuste del pago móvil busca inyectarle oxígeno financiero a las entidades, rechazó el método implementado por el BCV.
El sector bancario se ha visto forzado a depender del cobro de servicios y comisiones para sostener su operatividad | Archivo
“Se le está tratando de dar a la banca alguna tarifa adicional para darle algo más de dinero, pero esta no es la forma. Hay vías menos reaccionarias para hacer respirar al sector”, señaló Sutherland, quien apuntó que la solución estructural pasa por una reducción drástica del encaje legal que reactive el flujo de préstamos productivos, una alternativa a la que el gobierno central se niega rotundamente.
A la par del pago móvil, el BCV autorizó incrementos de entre 575% y 700% en otros servicios bancarios esenciales, tales como la reposición de tarjetas de débito y las comisiones por gestión de extravío, consultas, trasnferencias, mantenimiento mensual de cuentas y de los puntos de venta, entre otras cosas.
Para Sutherland, este severo ajuste ocurre en un contexto de profunda contradicción oficial: mientras Delcy Rodríguez asegura que la economía venezolana acumula 21 trimestres consecutivos de crecimiento con alza del consumo, la realidad en la calle muestra un panorama completamente distinto. Ese repunte macroeconómico no se ha traducido en bienestar social para una población que todavía sortea una situación de pobreza generalizada y severas dificultades para cubrir, incluso, el consumo de la canasta básica alimentaria, que para el pasado mes de julio superaba los 727 dólares, según datos ofrecidos por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
¿Usar o no el pago móvil?
Frente a este escenario, los especialistas ofrecieron una serie de recomendaciones prácticas para que los ciudadanos protejan sus ingresos y eviten que las comisiones bancarias pulvericen su presupuesto diario.
Pérez aconsejó suspender definitivamente el uso del pago móvil y de las transferencias tradicionales para transacciones pequeñas, idealmente aquellas inferiores a los 500 bolívares, sugiriendo en su lugar el retorno al dinero en efectivo para las compras cotidianas de bajo valor.
Asimismo, advirtió a los usuarios sobre la necesidad de prestar extrema atención al procesar cada operación para evitar los pagos rechazados o fallidos, al tiempo que recomendó moderar las consultas de saldo a través de los canales digitales para frenar el goteo constante de cargos administrativos.
Mientras que Sutherland planteó la necesidad de cambiar los hábitos de consumo cotidianos mediante una planificación más estricta de las compras.
El analista recomendó a los ciudadanos agrupar sus compras en una sola transacción grande para evitar las microcompras fraccionadas, impidiendo así que la comisión mínima obligatoria se aplique de forma repetitiva en cada pago móvil ejecutado.
Sutherland también enfatizó la importancia de verificar minuciosamente la conectividad a Internet y los datos móviles antes de presionar el botón de envío, minimizando el riesgo de pagar tarifas por transacciones fallidas debido a caídas de la plataforma.
Finalmente, aconsejó a la población hacer el esfuerzo de retirar dinero en efectivo directamente a través de las taquillas bancarias —donde las entidades no aplican cobros por retiro—, convirtiendo el uso de billetes físicos en una herramienta clave para ahorrar dinero y evadir el impacto de las nuevas tarifas digitales.
Las advertencias de ambos analistas coinciden en que la medida del ente emisor intenta paliar la crisis del sector bancario, pero afectando directamente las finanzas de la población más vulnerable. Al encarecer el método de pago más popular del país, no solo se amenaza con pulverizar el poder de compra de los ciudadanos, sino también con desatar un efecto inflacionario dentro del sector comercial.
La solución estructural para reactivar las finanzas nacionales, concluyen los expertos, no debería ser aumentar la tasa en las transacciones cotidianas de la población, sino desmontar las severas restricciones del encaje legal para devolverle a la banca su verdadera capacidad de financiamiento y dinamizar la producción nacional.
Delcy Rodríguez, informó que hasta ahora Venezuela ha suscrito 50 acuerdos estratégicos en áreas de petróleo y gas, con inversión privada e internacional para desarrollar más de 76 áreas productivas de hidrocarburos a nivel nacional.
Este lunes 24 de junio, durante una alocución en la cual la mandataria interina ofreció un balance integral de las labores de atención social y rehabilitación tras los sismos ocurridos dos meses atrás, también enfatizó que la producción nacional de crudo superó los 1.230.000 barriles diarios, alcanzando su cifra operacional más alta desde febrero de 2019.
Asimismo, la Jefa de Estado informó que con las medidas aplicadas en el país en materia económica se logró que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo se redujera de un 30% a un 12,3%.
En ese sentido, indicó que la reducción de la brecha representa la posibilidad de que familias puedan organizar mejor su presupuesto, los comerciantes puedan fijar sus precios «con mayor certeza» y que las empresas tengan mayor capacidad de inversión.
De igual forma, Rodríguez enfatizó en que su administración ha iniciado la regularización de relaciones, tanto con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como relaciones diplomáticas y consulares con diversos países.
Al respecto, explicó que la reanudación de relaciones avanza debido a que el país requiere financiamiento, tecnología e inversiones para su desarrollo. Añadió que las relaciones del país «con el mundo» estarán orientadas siempre en beneficio nacional.
La mandataria refirió que su administración gubernamental también avanza en la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites, por lo que trabajan en el diseño de «un sistema tributario más simple, transparente», con una plataforma tributaria digital y automatizada, que optimice la recaudación fiscal y que también aporte al sistema de protección social.
Las dinámicas del grooming —proceso mediante el cual un adulto suplanta o falsea su identidad para ganarse la confianza de un menor
con fines de explotación o abuso— han evolucionado de las redes sociales tradicionales a entornos interactivos cotidianos. De acuerdo con un análisis de la firma de ciberseguridad ESET a través de su plataforma de concientización Digipadres, la captación digital de niños y adolescentes ocurre hoy de forma recurrente dentro de videojuegos multijugador, servidores comunitarios, transmisiones en vivo y aplicaciones de mensajería directa.
El informe advierte que la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas, entre ellas la inteligencia artificial, facilita a los agresores la creación de perfiles falsos más persuasivos y adaptados al lenguaje de sus víctimas. No obstante, los patrones de manipulación psicológica de fondo se mantienen constantes, explotando la necesidad de atención, pertenencia y afecto de los menores.
Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, señala que la inmediatez y el alcance de internet permiten a un agresor contactar de manera simultánea a múltiples víctimas desde cualquier ubicación, eliminando las barreras geográficas del acoso tradicional.
De acuerdo con el estudio, la interacción suele iniciar sin contenido explícito, siguiendo un patrón progresivo que abarca:
Simulación de interés genuino por los pasatiempos de la víctima.
Construcción de vínculos de confianza y validación emocional.
Solicitud de migrar la conversación de salas públicas a chats privados o cifrados.
Exigencia de mantener el contacto en secreto.
Introducción gradual de temas íntimos o personales.
Coerción emocional o amenazas en caso de distanciamiento.
Frente a este escenario, los especialistas subrayan que la restricción total o la prohibición de uso de internet no constituye una solución efectiva. En su lugar, sugieren fortalecer la comunicación familiar previa a la aparición de señales de riesgo.
“Nuevas aplicaciones, herramientas de inteligencia artificial y comunidades en línea seguirán transformando el entorno digital. En lugar de intentar estar al día con cada cambio tecnológico, madres, padres y cuidadores pueden centrarse en lo más importante: ayudar a los menores a desarrollar la confianza necesaria para reconocer intentos de manipulación, cuestionar comportamientos sospechosos y saber que siempre pueden pedir ayuda”, concluye Micucci.
Shell suspendió su proyecto de produccion de gas costa afuera, denominado «Aphrodite», en Trinidad y Tobago, luego de no poder resolver desacuerdos sobre los términos comerciales con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad (NGC), según informaron tres fuentes familiarizadas con la decisión.
Shell había dado luz verde definitiva al proyecto el año pasado, pero ha decidido, por el momento, no seguir adelante con el desarrollo del proyecto después que fracasaron las negociaciones con la NGC para la venta de la producción prevista del proyecto, de alrededor de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, según indicaron las fuentes.
NGC actúa como agregador de gas de Trinidad, al comprar a los productores y suministrándolo a los usuarios de las fases posteriores de la cadena, incluyendo el sector petroquímico y el proyecto insignia de gas natural licuado del país, Atlantic LNG, en el que Shell tiene una participación del 45%.
Como parte de su decisión, Shell ha liberado una plataforma elevadora que había contratado para perforar los pozos de producción del proyecto, según indicaron las fuentes a Reuters.
«Shell se encuentra en negociaciones en curso y confirma que se ha liberado el espacio inicial de la plataforma para Aphrodite«, declaró Shell a Reuters.
La empresa continuará evaluando el calendario general integrado del proyecto, agregó. NGC no respondió a una solicitud de comentarios.
Trinidad es el mayor exportador de GNL de América Latina. La decisión supone un revés para los esfuerzos de este país caribeño por revertir años de descenso en la producción de gas natural, lo que ha reducido sus exportaciones de GNL y su producción petroquímica.
La producción prevista del proyecto Afrodita habría supuesto un impulso modesto, pero bienvenido, para el suministro de gas de la isla.
Los participantes de la industria han señalado cada vez más los desafíos comerciales, incluyendo los precios del gas, como responsables del reciente cierre de varias plantas petroquímicas en la isla.
Trinidad espera tener pronto acceso al gas de la vecina Venezuela, a medida que Shell y BP avanzan en sus planes para producir en territorio venezolano, lo que complementaría la producción nacional trinitense.
Ambas empresas han recibido licencias del gobierno venezolano relacionadas con proyectos transfronterizos de gas que se espera permitan que el gas venezolano se produzca y transporte a Trinidad para su procesamiento y exportación.
Esos proyectos se consideran fundamentales para reponer los suministros a Atlantic LNG y respaldar el sector energético del país durante la próxima década.
China acusó a Estados Unidos de ejercer presión sobre los países de Latinoamérica y el Caribe para que sustituyan a proveedores tecnológicos chinos, después de que Washington advirtiera de supuestos riesgos de espionaje, ciberataques e interrupciones de redes asociados a empresas del gigante asiático.
El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian calificó, este 24 de agosto, durante una rueda de prensa de «acoso tecnológico flagrante» las advertencias estadounidenses y aseguró que estas «fabrican hechos y tergiversan la realidad».
Lin instó a Washington a «dejar de interferir en el derecho de los países soberanos a elegir de forma independiente a sus socios de cooperación» y a poner fin a lo que calificó de «manipulación política».
Las declaraciones responden a un mensaje difundido la semana pasada por Juan Pablo Segura, responsable para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, en el que señaló a compañías como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI.
Segura afirmó que la legislación china obliga a esos proveedores a cooperar con los servicios de inteligencia de Pekín y advirtió de que sus tecnologías plantean riesgos de espionaje, ciberataques e interrupciones de redes, afirmaciones que China rechaza.
El funcionario estadounidense instó además a los socios de Washington en América a cambiar «rápidamente» a proveedores considerados de confianza para proteger a sus ciudadanos y su soberanía, un mensaje que posteriormente fue replicado por representaciones diplomáticas estadounidenses en la región.
Lin defendió este lunes que las tecnológicas chinas cumplen las leyes y regulaciones de los países donde operan y afirmó que sus servicios han contribuido al desarrollo económico y al empleo en los mercados latinoamericanos.
El vocero contraatacó además acusando a Estados Unidos de haber llevado a cabo durante años actividades de vigilancia y ciberataques en Latinoamérica y el Caribe, sin aportar pruebas durante la rueda de prensa para sustentar esa afirmación.
La disputa ya había provocado este fin de semana una respuesta de la Embajada china en República Dominicana, después de que la legación estadounidense en ese país difundiera las advertencias de Segura sobre las compañías chinas.
