Autor: Harianlys Zambrano

Donald Trump lanzará hoy una ofensiva económica y financiera contra Irán que busca aislar al régimen chiíta y forzar la apertura del estrecho de Ormuz, una pieza clave en el comercio internacional que aún está bajo control de la Guardia Revolucionaria.

Las medidas serán anunciadas por Scott Bessent -secretario del Tesoro-, y fueron caracterizadas por la administración republicana como el Día D en la guerra que libra Estados Unidos contra Irán.

El Día D fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial porque inició la ofensiva de Estados Unidos contra el Tercer Reich, que terminó con la derrota de Adolfo Hitler y el fin del nazismo.

En términos de Donald Trump, la analogía histórica es sencilla de explicar: Mojtaba Khamenei e Irán ahora es para Estados Unidos, lo que fue Hitler y Alemania para Occidente cuando se inició el desembarco en Normandía a principios de junio de 1944.

Bessent utilizó su cuenta oficial en X para explicar el sentido de las medidas económicas y financieras que anunciará hoy durante una conferencia de prensa en la Secretaria del Tesoro.

“El presidente Trump ha desmantelado las capacidades militares de Irán, destruido casi el 100 por ciento de sus fábricas militares y enterrado su programa nuclear.

Ahora estamos entrando en el juego final. Al amanecer comienza un D-Day económico: la mayor ofensiva financiera jamás desplegada contra un adversario.

La República Islámica ha subsistido disfrazando la extorsión como garantías de seguridad. Se ha fortalecido mediante un cálculo que considera segura la represalia iraní y negociable la aplicación de la ley por parte de Estados Unidos.

Bajo el presidente Trump, esa era terminó. Y quienes temen el peligro de desafiar a Teherán no deberían descontar el costo de poner a prueba a Washington.

La futuras sanciones de Estados Unidos al régimen chiíta intentarán cortar el flujo de divisas que aporta China a través de empresas y cuentas bancarias que mueven millones de dólares a través del sistema global.

La Secretaría del Tesoro anunciaría la posibilidad de aplicar aranceles a terceros países que comercializan con Irán sus propias exportaciones. Se trata de establecer un bloqueo comercial que debilite –como nunca- a la economía iraní.

La ofensiva económica y financiera que propone Estados Unidos puede significar una replica militar directa de Irán contra los aliados árabes de Washington en Medio Oriente.

Mohsen Rezaee, representante del líder religioso Mojtaba Khamenei en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, advirtió que la Guardia Revolucionaria atacará a los países del Golfo si Estados Unidos inicia su bloqueo económico y financiero.

Ormuz es clave para el tráfico global del petróleo, e Irán controla el flujo de barcos que se mueven desde el golfo Pérsico al golfo de Omán a través del Estrecho.

El control ejercido por la Guardia Revolucionaria implicó un aumento del barril de petróleo entre un 16 y 21 por ciento, desde que se iniciaron las hostilidades el 28 de febrero.

Ese incremento impactó en los precios domésticos de Estados Unidos y desgastó la imagen pública de Trump, que apuesta a ratificar su agenda política con un triunfo en los comicios del 3 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos necesita que Irán abra Ormuz para bajar los precios del petróleo, y por ahora descartó la vía militar para lograr ese objetivo geopolítico.

En este contexto, Trump pidió a Bessent que diseñe una batería de sanciones contra Irán que desemboque en una nueva ronda de negociaciones indirectas que permita la libre navegación del Estrecho.

Pero Irán no tiene intenciones de negociar con Estados Unidos, si mantiene el bloqueo sobre Ormuz y además lanza medidas económicas y financieras para lograr su aislamiento internacional.

Los aliados árabes de la Casa Blanca plantearon a Trump que no comparten la posibilidad de resolver las diferencias con Teherán a través de una constante ofensiva bélica, ya que son los primeros perjudicados por la eventual respuesta militar del régimen chiíta.

En este contexto, el presidente republicano optó por suspender los planes del Pentágono y privilegiar la propuesta de sanciones económicas y financieras que hoy se anunciarán en la Secretaria del Tesoro.

Pero la coincidencia de Trump con sus aliados árabes puede estallar si Irán responde con ataques selectivos a Qatar, Emiratos, Bahréin y Arabia Saudita ante las próximas medidas económicas y financieras que ejecutaría Estados Unidos.

Para Trump sería un problema extra a pocas semanas de los comicios de medio término: la opinión pública mayoritaria en Estados Unidos rechaza la guerra con Irán y exige una baja inmediata del precio de la nafta.

En una conferencia de prensa prevista para las 14.00 (hora del este), Bessent informará sobre las medidas económicas y financieras que lanzará en el denominado Día D de la guerra que Estados Unidos libra contra Irán.

INFOBAE

La crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana ha dejado de ser únicamente un fenómeno de desplazamiento humanitario para consolidarse como uno de los escenarios más alarmantes de criminalidad organizada y violencia de género en América Latina.

Detrás de los pasos fronterizos de Norte de Santander opera una maquinaria sistemática de trata con fines de explotación sexual que devora los cuerpos de mujeres y niñas, atrapadas en un entramado de precariedad económica, control armado e indiferencia institucional.

Así lo demuestra el informe presentado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, que registra y analiza 630 casos documentados entre 2018 y 2026. Las cifras demuestran que la violencia hacia las migrantes no responde a hechos aislados o episodios coyunturales, sino a una dinámica estructural, lucrativa y sostenida en el tiempo que afecta principalmente a mujeres jóvenes de entre 16 y 29 años, según este estudio al que tuvo acceso Laboratorio Migrante.

De este número, la ONG hizo énfasis en 280 mujeres a las que les brindaron procesos de acompañamiento para acceder a la ruta de atención estatal, de las que el 6% fueron víctimas de maternidades forzadas, al ser sometidas a relaciones sexuales sin protección debido a la imposición de los explotadores sexuales y configurándose en una forma de violencia sexual y reproductiva.

La maternidad no fue una elección paras estas mujeres, sino consecuencia directa del delito que fueron víctimas y quienes a su vez quedaron al margen del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

«En la mayoría de los casos, estos niños y niñas nacen sin reconocimiento paterno, producto de relaciones sexuales múltiples, violentas y despersonalizadas, lo que genera profundas implicaciones en la identidad, la filiación y el acceso a derechos.», denuncia el estudio

En este sentido, el informe detalla también las implicaciones de la crianza en contextos de explotación sexual, como por ejemplo, «la exposición de las madres a infecciones de transmisión sexual no tratadas, violencia física y condiciones de precariedad» que elevan exponencialmente los riesgos en el embarazo, incluyendo «partos prematuros, bajo peso al nacer, infecciones congénitas y posibles malformaciones».

Las revelaciones del estudio ratifican los hallazgos que arrojaron las visitas en terreno del comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) formalmente conocida como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Geografía de la explotación

El modus operandi de las redes proxenetas y delictivas se ha sofisticado. El informe detalla que la captación de las víctimas ocurre mayoritariamente mediante falsas ofertas laborales en redes sociales, engaños afectivos, manipulación digital y constreñimiento económico directo, aprovechando el hambre y la desesperación de quienes huyen de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela desde hace más de una década.

Una vez sometidas, las mujeres son distribuidas estratégicamente en circuitos de explotación controlados por grupos armados ilegales y bandas criminales en municipios clave del departamento fronterizo Norte de Santander, como Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú y Ocaña. La geografía de la trata coincide exactamente con los corredores del narcotráfico y las economías ilícitas, evidenciando que la explotación sexual de mujeres es un negocio territorialmente situado e integrado a las economías de guerra de la región.

De acuerdo a la propia base en datos recopilada por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete en los últimos ocho años (2018–2026), los grupos que tienen el control e influencia estimada en las economías de explotación sexual se distribuyen así: 35% el ELN, 30 % las disidencias de las FARC, 20% bandas criminales y 15%% las redes de proxenetas.

“En contextos de violencia sexual digital, de explotación sexual digital,siguen siendo mayoría las niñas quienes padecen estos delitos. Los grupos armados son los principales responsables y quienes se lucran de estas prácticas junto al lobby proxeneta”, le dice a Laboratorio Migrante, la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete.

Prostitución y ‘Zona Gris’

Uno de los hallazgos más contundentes de la investigación es el papel central que juega la prostitución como un espacio en donde se termina concretando la explotación sexual proveniente de la trata de personas.

«Esto no significa que toda prostitución pueda equipararse automáticamente con trata, pero sí que, en la frontera, la prostitución opera como la forma predominante de absorción de mujeres captadas en contextos de extrema vulnerabilidad. En esta región, la prostitución por supervivencia, la explotación en establecimientos, la explotación en viviendas privadas y la explotación digital [los llamados «estudios webcams»] conforman un ecosistema de violencia sexual sostenido por terceros y favorecido por la precariedad migratoria», aclara el estudio. 

Las investigadoras denuncian que la normalización social de la prostitución en Colombia dificulta la identificación de víctimas de trata con fines de explotación sexual, una vez que, ésta se asimila “como una actividad tolerada, inevitable o incluso presentada por algunas políticas como “actividad sexual pagada”.

El documento advierte sobre una grave «zona gris institucional»: al no existir una regularización integral de la prostitución en Colombia, se genera una ambigüedad normativa «que dificulta la diferenciación entre ejercicio no explotativo, prostitución por supervivencia, proxenetismo, inducción, constreñimiento y trata». Esta confusión provoca que las autoridades lean a las víctimas simplemente como «mujeres que ejercen la prostitución» y no como sobrevivientes de trata, bloqueando la activación oportuna de las rutas de protección.

La débil respuesta estatal

Frente a este desolador panorama, el informe ampliado concluye que la respuesta del Estado colombiano no puede seguir siendo fragmentada ni limitarse a operativos policiales aislados. Se requiere con urgencia un abordaje interseccional y con enfoque feminista de derechos humanos que garantice:

• Regularización migratoria integral y generación de ingresos reales para frenar la dependencia hacia los circuitos de explotación.
• Justicia penal y atención psicosocial adaptadas al contexto de conflicto armado.
• Desarticulación de la violencia institucional y corrección de la «zona gris» normativa.
• Reconocimiento del trabajo comunitario: el informe resalta el valor metodológico de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, demostrando que las organizaciones territoriales son las verdaderas productoras de evidencia e indispensables para formular políticas públicas efectivas en zonas donde el Estado llega tarde.

El estudio también enfatiza en que al no atacar la demanda masculina [un mercado indetenible de compradores de sexo] será imposible desarticular la rentabilidad que genera la explotación sexual, una vez que las redes de trata mantienen incentivos constantes para captar a nuevas víctimas: mujeres y niñas por las que los hombres pagan por acceder a sus cuerpos.

Mientras las instituciones no implementen medidas de fondo, la prostitución en la frontera continuará operando como el depósito final de la violencia, la exclusión y la captura criminal de los cuerpos de las mujeres y niñas migrantes.

Puedes leer el informe completo aquí.

El Estímulo

Fuertes lluvias volvieron a azotar este domingo a la Gran Caracas, dejando como saldo preliminar la crecida del río San Pedro, vías anegadas, deslizamientos de tierra en la carretera Panamericana y varios árboles caídos que afectaron la circulación en distintos sectores. 

De acuerdo con un reporte difundido por el periodista Román Camacho en sus redes sociales, en Miranda, el distribuidor Carrizal quedó anegado y se reportaron dos deslaves frente a la sede de Protección Civil, en las inmediaciones del centro comercial La Cascada, lo que dejó la vía completamente obstruida. 

A esto se sumó un descenso de tierra en el kilómetro 21 de la carretera Panamericana, que también dificultó el paso de vehículos. 

Las afectaciones por caída de árboles se registraron en La Macarena Norte y en el kilómetro 14 de la carretera Panamericana, en sentido hacia Los Teques, mientras que en Caracas las precipitaciones se hicieron sentir con truenos y fuertes ráfagas de viento durante la tarde y horas de la noche.  

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que las lluvias con descargas eléctricas persistirán este 23 de agosto en buena parte del país, como consecuencia del avance de la onda tropical número 40.  

El Inameh proyectó que durante la noche aumentará la cobertura nubosa con lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, con mayor intensidad en Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Monagas, los llanos centrales y occidentales, Lara, la Región Central, Los Andes y Zulia, por lo que los organismos de emergencia permanecen atentos ante nuevas incidencias.  

EL NACIONAL