Autor: Harianlys Zambrano

El banco estadounidense Goldman Sachs, recientemente, compró 2 mil 800 millones de dólares en bonos venezolanos con un descuento del 69 %, ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que, tras esta transacción, la entidad ofreció alivio financiero al gobierno de Nicolás Maduro. Dentro de lo complejo del tema financiero, la economista Tamara Herrera, explicó que hay un cuestionamiento “moral y político o político y moral” al hecho de que un banco de inversión este financiando a un Gobierno que esta actuando fuera de la Constitución y ese financiamiento son los 865 millones de dólares que entraron a cambio de un título que había emitido PDVSA en el año 2014, por un valor de 2 mil 800 millones de dólares y que descansaba desde entonces en el portafolio del Banco Central de Venezuela (BCV). Supuestamente, ese título fue emitido en su momento cumpliendo con los requisitos y normas “para tener aceptación internacional”, acotó.

En este sentido, manifestó que el valor de esos 2 mil 800 millones de dólares cambian de acuerdo a las condiciones del deudor, que, en este caso es PDVSA. Entonces, a juicio de la economista, la pregunta más pertinente, grave y de mayor alcance es: “¿Qué es lo que ha hecho que todo título valor emitido por la República de Venezuela o por PDVSA tenga un valor inferior al 60 % (…) cuál fue la gestión que destruyó la industria petrolera venezolana, la credibilidad de la gestión de políticas públicas, la capacidad de producción de la agricultura nacional para abastecerse a sí misma, la gestión que puso en duda la capacidad no solo de alimentarse a sí mismo como país sino, además, no tener la capacidad de ir a exportar cualquier otra cosa que no fuera un petróleo de menor calidad y a mayor costo?”.

Además, el Gobierno venezolano no logra emitir deuda porque las condiciones de credibilidad y funcionamiento económico hace que cualquier persona que vaya a comprar un bono para financiar a Venezuela, piense si le podrá pagar. “Este gobierno no ha hecho sino sumar razones y encarecer el costo de cualquier financiamiento que tiene la República”, afirmó.

La gente debe entender que “esto no le ocurre a un país que no tiene este tipo de gestiones”

Herrera, llamó la atención sobre la responsabilidad de la gestión de Gobierno, exhortó a la gente a entender que “esto no le ocurre a un país que no tiene este tipo de gestiones” y después adentrarse al problema que le abre los ojos a todo el mundo, que es: “el exorbitante descuento con el que fue realizada esta operación”.

Con esto, uno puede entender por qué los bonos de Venezuela, “siendo de Venezuela o de la República”, hoy, según el plazo que tengan, ninguno va a tener un valor superior a 40 – 45 dólares. “Cuando sube es porque esta cerquita del momento de pago, esa es la condición de nuestra deuda en este momento”, expuso.

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El ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional, el General en Jefe, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado que dice “es preocupante la acusación de la fiscal contra la Guardia Nacional Bolivariana”, haciendo referencia a las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que acusa a las Fuerzas Armadas Nacionales de varias muertes durante las manifestaciones que se están llevando a cabo en el país. Respecto a esto, la periodista María Isabel Párraga, conversó con Sebastiana Barráez, periodista de fuente castrense, sobre la situación dentro de las fuerzas de seguridad nacionales.

Barráez, informó que actualmente hay una ruptura de la disciplina en las Fuerzas Armadas que se ve reflejada en las muertes a causa de armas de fuego durante las manifestaciones,  “estoy convencida de que no hay órdenes de portar armas de fuego desde el alto mando militar», a esto agregó que «los casos de asesinatos con armas de fuego son muy pocos y la Fuerza Armada corre un riesgo muy alto al mandar a la calle a la milicia armada con estos instrumentos letales.

A su juicio, son casos mínimos de insubordinación con grandes consecuencias, es decir, «uno que otro militar lleva su arma reglamentaria y tal vez por miedo y resguardo toma la decisión de dispararla”, agregó la periodista.

Sin embargo, Barráez, manifestó que existe una inconformidad en el interior de los componentes de la Guardia Nacional que se evidencia en los casos de deserción que, «aunque son pocos», son significativos. «Es muy fuerte respaldar la ruptura del orden constitucional, resistir el rechazo social y aguantar tanto tiempo en la calle”, reflexionó.

Según Barráez, también se evidencia la inconformidad en las acciones desesperadas de graduar a jóvenes que no están preparados, para poder relevar a los que llevan tantos días en la calle. En este sentido, dijo que «se ha filtrado información de cadetes y militares detenidos por no estar de acuerdo con la manera en como el Gobierno quiere controlar las manifestaciones y la violación de la Constitución”, añadió.

La periodista de experticia castrese, sentenció: “Aunque el respaldo por los militares es en número, mayor a los desertores”, estos casos de deserción y desacuerdo son significativos para la sociedad.

Otro aspecto que cabe destacar es que “está comprobado que los militares se han resguardado en civiles armados que son calificados como colectivos”,  según información de Barráez.

En relación, al llamado de un levantamiento dentro de las Fuerzas Armadas, la periodista expresó que “la manera de pronunciarse dentro de la Fuerza Armada es diferente porque la disciplina tiene un valor fundamental dentro de estos entes”, por lo que un levantamiento implicaría un «golpe de Estado», situación que no es conveniente para el Gobierno, por eso las insubordinaciones son mantenidas al margen por el alto mando militar y esto influencia en cierta manera en como los militares no han actuado y continúan cumpliendo órdenes.

Finalmente, alertóó que un golpe de Estado, también seria “contraproducente” para la sociedad, debido al historial oscuro latinoamericano de la toma del poder por parte de la milicia, donde los resultados podrían ser peores que los actuales.

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El pasado mes de abril, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, anunció que los ganaderos vinculados a protestas de sociedad civil serían castigados, quitándoles sus fincas y bienes para ser pasados a manos de militares, a lo cual el presidente de Fedecámaras Táchira, calificó como un “atropello”.

Daniel Aguilar, mayor autoridad de Fedecámaras Táchira, manifestó que “existen fundos o fincas en el área panamericana de Táchira que se han visto agredidos por funcionarios”.

Asimismo, indicó que estas decisiones solo causarían más desabastecimiento para el pueblo, debido a que la empresa privada en Táchira abastece de alimentos a más de 200 ciudades del país, a través de 5.600 vehículos cargados de productos que van cargando alrededor de 14.500 y 40.000 kilos cada uno.

También, agregó que “el ejemplo de lo que sucede cuando las empresas son tomadas por el Gobierno, vive en las más de 1.800 empresas tomadas a nivel nacional en los últimos años que no han generado producción” y reiteró que en su lugar hay escasez de productos alrededor de todo el país. «La escasez y desabastecimiento se deben a políticas erradas de este Gobierno que no permite el acceso a los mercados internacionales para traer productos para labores agrícolas”, aseveró.

Aguilar, además hizo mención al problema  grave que vive el estado con el transporte y denunció  los riesgos que están corriendo los transportistas en las carreteras, generado por los saqueos y secuestros. «Esto se viene denunciando desde hace 6 años”, pero el Gobierno ha sido muy permisivo, lo que genera que un 70 % de los transportistas  se nieguen a viajar.

Finalmente, agregó: “La solución a estos problemas no es intimidar, ni amenazar, es el trabajo, porque este país tiene los medios para convertirse en un estado promotor, no en un estado fiscalizador e intimidador para los ganaderos industriales y productores”.

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