Autor: Harianlys Zambrano

Ante el anuncio de la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, sobre la aprobación del cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la periodista María Isabel Parraga, conversó con Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, que expresó su desacuerdo con estas declaraciones.

Con respecto a la similitud del proceso constituyentista del ex mandatario Hugo Chávez, el abogado Raffalli, expresó: “Sin lugar a dudas, esta misión de Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, dista mucho de la idea de Constituyente convocada por  Chavez”, porque el ex presidente no estaba “empujando obligada” una Constituyente, en ese momento se hizo una oferta electoral y recibió el voto popular y luego, por habilitación de la Sala Política Administrativa y la Corte Suprema de Justicia se acordó que se hiciera un referéndum consultivo, -“que es lo lógico”-, los constituyentes eran mucho menos y finalmente, la Constitución que salió de esto fue votada.

Las bases comiciales de este proceso no dicen si esta nueva Constitución será votada, por lo que Raffali, manifestó: “Se dijo que la Asamblea Constituyente decidiría si el resultado final sería votado, lo cual no es legal”. También, agregó que si el resultado de este proceso no es sometido a voto popular, crearía una Constitución ilegitima alterna y una vigente, lo cual generaría una desinformación y confusión general en el país.

Otro aspecto interesante, es que las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno son “sumamente contradictorias”, sentenció Raffalli, debido a que se frustró un referéndum revocatorio que derivó en violencia y se excusó bajo los 6 meses necesarios para este proceso.

Haciendo referencia al anuncio de elecciones regionales, Raffalli, dijo que “es una falta de respeto, porque estas elecciones están vencidas desde diciembre del año pasado y deberían ser prioridad”. Asimismo, indicó que de no realizarse antes del proceso de la nueva Constituyente, estas elecciones regionales probablemente nunca se realicen debido a que la misión de estos constituyentistas es redactar una nueva Constitución que dictará, que “se va a transformar la organización política y territorial del país y se van a eliminar los poderes públicos de gobernadores y alcaldes, y se recurre a la organización del poder popular con comunas y organizaciones parroquiales”.

Finalmente, el abogado hizo énfasis en que la llamada representación corporativa o sectorial, “es exactamente lo contrario al voto universal”, es decir, no se postula y se vota, se asigna un número de constituyentistas.

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Hace una semana se filtraron grabaciones difundidas por medios internacionales, en las que se revela lo discutido en una reunión en la que varios oficiales de la Fuerza Armada Nacional evaluaban usar francotiradores para controlar las manifestaciones convocadas por la oposición. El encuentro se habría llevado a cabo en la sede de la Zona Operacional de Defensa Integral de Lara, bajo la conducción del comandante de esta dependencia, general de división de la Guardia Nacional, José Rafael Torrealba Pérez. Frente a este suceso, el General Clíver Alcalá denunció que durante las manifestaciones de oposición, se han visualizado «francotiradores», producto del llamado Plan Zamora y un incremento en muertes por armas de fuego durante estas protestas.

El General Clíver Alcalá, afirmó no estar de acuerdo con estos métodos ya que son inconstitucionales, “según la Constitución la única forma de que la Guardia Nacional utilice armas de fuego, es contra un enemigo externo”, esto sin tomar en cuenta que los protocolos militares generados durante las eventualidades son también «una ruptura de los métodos establecidos en las leyes para el control del orden público y el orden interno del país».

Vale acotar que Alcalá, el día de ayer, lunes 22 de mayo, a las 10:30 de la mañana, introdujo la denuncia a la Fiscalía para avalar el material que llegó a sus manos de manera anónima, e  hizo pública la información de los avistamientos de francotiradores.

Asimismo, el General, afirmó que durante esta grabación se puede escuchar como al menos uno de los generales, no identificado, aún se muestra en contra de la decisión.

“El hecho de que este material llegue a mis manos de manera anónima quiere decir que hay personas que quieren que esto se sepa y esto genera una reflexión”, sentenció.

Por último, el General, lamentó que luego de poner esta denuncia se generaran más muertes a causa de armas de fuego e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a respetar los protocolos y «evitar repetir la mala posición de los cuerpos de seguridad de la nación durante el llamado Caracazo del 89”.

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Pedro Alonso del Pino, abogado constitucionalista, afirmó en el programa «Marca País» que “es una arbitrariedad el hecho de quitarle o anularle el pasaporte a un ciudadano venezolano”, como ocurrió primero con el periodista Cesar Miguel Rondón y su familia, y el caso más reciente, el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.

En este caso de ilegalidad, el funcionario del aeropuerto le decomisa el pasaporte al Gobernador y le informa que ese documento está reportado como robado. Alonso Del Pino, comentó que “es una ironía, ya que quien debe reportar el hurto es el titular de dicho papel de identidad”; es decir, que el mismo fue eliminado o cancelado para negarle la salida al representante del estado Miranda.

Asimismo, el abogado relató que «son derechos constitucionales, la identificación de las personas, así como el libre tránsito. Es una ilegalidad, que el gobierno autorice quien puede o no salir del territorio nacional». La única manera de impedir la salida a un individuo, es si un tribunal sentencia “Privativa de Libertad” pero en esta ocasión, no es el caso.

En otro orden de ideas, declaró que “la constituyente está viciada de nulidad en todos sus aspectos, ya que quien debe convocarla debe ser el pueblo, y en este caso lo está haciendo es el presidente de la república”. El mandatario del país solicita al Consejo Nacional Electoral que se hiciese la convocatoria, y este órgano cumplió sus exigencias.

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Luis Vicente León, presidente de Datanalisis, afirmó que actualmente la capacidad de compra está severamente afectada en Venezuela. La situación política ha dejado atrás el verdadero problema del venezolano, que es su situación económica. “Uno se pierde un poco en el tema político y olvida el deterioro dramático en materia económica”.  En términos de capacidad productiva las cifras han caído en un  11 % con una inflación que hoy supera 700 % y se convierte en la más alta de nuestra historia y en la más alta del mundo.

Esta caída tiene un impacto directo sobre la capacidad de compra de los venezolanos, expresó León. “La caída en términos de capacidad de compra en el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado es de 17 %”; esto significa que los venezolanos se han empobrecido un 20 % adicional al empobrecimiento de los últimos 3 años.

“Comparado con 5 años atrás, los venezolanos pueden adquirir la mitad de lo que podían en ese entonces” dijo León, esto afecta directamente en la alimentación, calidad de vida y en las emociones, ya que el venezolano se convierte en un consumidor frustrado y deprimido que actúa de manera automática para protegerse.

La solución económica puede ayudar a resolver el problema político, indicó el presidente de Datanalisis, ya que la verdadera raíz de estas manifestaciones y del disgusto del pueblo, es la necesidad de subir su capacidad de compra. Si bien uno de los elementos es la solicitud de elecciones y el respeto a la constitución, es el modelo económico lo que afecta directamente a la población. “No es el cambio de alguien, es el cambio de algo y ese algo es el modelo económico”, sentenció.

Para Luis Vicente León el aliado natural del Gobierno es la empresa privada que ayuda a levantar la producción,  el empleo y la capacidad de compra. Un modelo económico intervencionista y hostil solo trae consigo más  pobreza, más desabastecimiento y  más inflación. “Este cambio puede darse durante o después de este gobierno”.

Finalmente Luis Vicente León dijo: «a nadie se le ocurre controlar los precios, controlar el tipo de cambio y hostigar a la empresa privada ya que eso no sucede en una verdadera política izquierdista«.

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