Organizaciones de derechos humanos plantearon este miércoles ante parlamentarios republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos la urgencia de que Venezuela avance hacia una transición democrática, en medio de la crisis humanitaria, institucional y política que se agravó tras los terremotos del 24 de junio.
En audiencia organizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, voceros de Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos coincidieron en que cualquier proceso de transición debe garantizar la protección de las víctimas, la reconstrucción del Estado de derecho, la participación de la sociedad civil y la garantía de justicia y rendición de cuentas.
Las organizaciones expusieron ante los legisladores estadounidenses una serie de medidas que consideran necesarias para avanzar hacia ese escenario, entre ellas la liberación plena de los presos políticos, la derogación de normas que restringen el espacio cívico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la apertura del país a mecanismos internacionales de derechos humanos.
Persisten desafíos en Venezuela
La abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, valoró que, con la intervención del gobierno estadounidense, se logró la excarcelación de un número importante de presos políticos y, luego, la promulgación de la Ley de Amnistía que permitió que otros procesos judiciales fueran concluidos.
“Ha representado un alivio”, dijo.
Señaló que, sin embargo, persisten desafíos que requieren atención, especialmente en materia de transparencia. Indicó que las autoridades no han entregado a los organismos internacionales de derechos humanos las listas de beneficiarios ni las han mostrado a defensores y familiares, lo que ha impedido verificar de manera independiente los anuncios oficiales.
Desde que se anunció la liberación de presos políticos, indicó, la organización ha documentado que, de las 795 personas que salieron de prisión, solo una minoría obtuvo la libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.
“La mayoría de quienes han salido de prisión se mantiene con libertad condicionada y sometida a procesos judiciales que violan las garantías al debido proceso”, añadió.
Tineo cifró en 518 las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, mientras que el “andamiaje institucional” cierra la fiscalización internacional y persisten leyes que asfixian el espacio cívico y estigmatizan el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.
“Venezuela es un país devastado por décadas de erosión en su tejido político, económico y social. Somos conscientes de que una tragedia de esta magnitud no se supera en meses, ni puede ni debe depender exclusivamente de la política norteamericana. La Constitución nos convoca a los venezolanos a ser artífices de nuestra propia realidad, y por eso nos hacemos presentes ante este Congreso de visiones plurales y debates legítimos sobre la estrategia hacia nuestra región. Consideramos fundamental que esa estrategia sea diseñada con un enfoque basado en los derechos humanos”, expresó.
La abogada afirmó que el Estado de derecho en el país sigue cercenado por el debilitamiento institucional y restricciones al espacio cívico e impunidad, y alertó que las violaciones de derechos humanos, incluidas torturas a presos políticos y sus familias, siguen ocurriendo.
“Es indispensable promover la participación significativa de las organizaciones venezolanas especializadas en derechos humanos que poseemos capacidades técnicas avanzadas en protección y defensa, lo que representa un valor estratégico para fortalecer un proceso genuino de estabilización, recuperación y democratización en el país, garantizando justicia para las víctimas”, sugirió.
Resaltó que la sociedad civil venezolana, comprometida con una cooperación constructiva, está dispuesta a ofrecer experticia a la agenda entre Estados Unidos y Venezuela para resolver los obstáculos de manera coordinada y armónica.
Martha Tineo planteó tres acciones que, afirmó, pueden ejecutarse de manera inmediata.
En primer lugar, propuso la liberación plena y definitiva de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, para lo que las organizaciones pusieron a disposición su registro independiente como fuentes de confianza. En segundo lugar, planteó la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico por ser inconstitucionales y, finalmente, el desmantelamiento de las estructuras de persecución que operan en el país.
Existe una oportunidad para la democracia
La abogada Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, expresó que luego de los terremotos del 24 de junio existe una oportunidad para “ayudar a dar forma” al futuro democrático del país y afirmó que para que este proceso tenga éxito, la transición debe proteger a la sociedad civil, poner a las víctimas en el centro, medir los avances y garantizar la participación significativa de las mujeres.
Denunció que Venezuela ha vivido una prolongada crisis humanitaria, institucional y política, y reconoció que aunque la transición a la democracia tomará tiempo, las prioridades son la protección de la sociedad civil y la reconstrucción de las instituciones democráticas.
“El terremoto no creó la crisis venezolana, la expuso. También reveló una de las mayores fortalezas de Venezuela: la sociedad civil. En todo el país, organizaciones locales, líderes comunitarios, grupos basados en la fe, periodistas independientes y organizaciones de medios, universidades y la diáspora venezolana se movilizaron para salvar vidas, documentar necesidades urgentes, coordinar la asistencia humanitaria y apoyar a las comunidades afectadas”, explicó.
Borges sostuvo que esas capacidades de la sociedad civil se construyeron durante años de emergencia humanitaria, fragilidad institucional y un contexto marcado por la deshumanización sistemática y la persecución contra quienes defienden los derechos humanos y exigen rendición de cuentas. Afirmó que en la actualidad la sociedad civil constituye uno de los principales activos democráticos del país.
No obstante, advirtió que esa infraestructura civil y social está en riesgo porque las organizaciones independientes operan con recursos extremadamente limitados mientras enfrentan procesos de criminalización, intimidación, restricciones al acceso a la información y un marco legal cada vez más hostil que socava la libertad de asociación.
Consideró que parte de la protección del espacio cívico depende de la derogación de la ley contra las ONG.
“Se trata, en última instancia, de hacer posible la justicia y un futuro democrático. Años de corrupción sistémica han debilitado profundamente las instituciones públicas. La corrupción a esta escala profundiza la desigualdad, socava los servicios esenciales y afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes a menudo buscan a familiares desaparecidos, exigen la liberación de seres queridos, buscan justicia y cargan con el mayor peso de la emergencia humanitaria”, manifestó.
Esa situación, afirmó Borges, crea una oportunidad para el Congreso de Estados Unidos, al que propuso promover una visión de recuperación “que vaya más allá” de la reconstrucción de la infraestructura física.
“Venezuela también debe reconstruir sus instituciones de justicia, fortalecer el Estado de derecho y restaurar la confianza pública a través de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, añadió.
La coordinadora de Cepaz también presentó ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos cinco recomendaciones dirigidas a las autoridades estadounidenses.
Planteó mantener un apoyo flexible y de largo plazo a la sociedad civil independiente, respaldar la asistencia humanitaria a través de organizaciones confiables, preservar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, reconocer a las mujeres como líderes en la recuperación y la transición democrática, y garantizar que iniciativas como la Ley PANA apoyen a las víctimas y contribuyan a reconstruir la infraestructura, la justicia y el Estado de derecho.
Medidas concretas y verificables
Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, expuso que durante las últimas dos décadas, las autoridades venezolanas han desmantelado gradualmente las instituciones democráticas.
“Los tribunales fueron cooptados, las autoridades electorales quedaron bajo control del poder ejecutivo y los órganos de control se convirtieron en instrumentos de poder abusivo”, señaló.
Explicó que esto facilitó la política de persecución por motivos políticos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Recordó que el 28 de julio de 2024 las autoridades electorales declararon la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales aun sin presentar las actas de escrutinio oficiales.
Señaló que los resultados publicados de manera independiente mostraron la victoria de Edmundo González Urrutia por un amplio margen.
Según datos publicados por ConVzla, comando de campaña del candidato opositor, con 85,18% de las actas digitalizadas, González obtuvo 7.443.584 votos, equivalentes a 67% del total, mientras que Maduro alcanzó 3.385.155 sufragios, correspondientes a 30%.
La directora del Programa para Venezuela de WOLA recordó que la ola de represión en respuesta a las protestas ciudadanas incluyó más de 2.000 detenciones, entre ellas de menores de edad.
Destacó que aunque se rompió el “estancamiento” que había en el país tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y se produjeron algunos avances políticos, todavía no ha habido transición democrática genuina en Venezuela.
Dijo que después de la detención del exlíder chavista, el Tribunal Supremo de Justicia invocó una “ausencia absoluta por fuerza” –concepto que no existe en la Constitución de Venezuela– para instalar a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
Enfatizó que incluso bajo la interpretación más flexible, el mandato de Rodríguez expiró el 2 de julio pero hasta la fecha no se han convocado a elecciones. Agregó que cientos de personas siguen encarceladas por motivos políticos, siguen vigentes las leyes utilizadas para criminalizar a la disidencia, los partidos políticos están intervenidos judicialmente, algunas figuras de la oposición tienen prohibido ejercer cargos públicos y los tribunales, así como el Consejo Nacional Electoral, continúan cooptados por el chavismo.
“Luego llegó el 24 de junio. Los terremotos azotaron a un país que ya atravesaba una prolongada emergencia humanitaria, resultado de años de corrupción y desmantelamiento institucional, agravada posteriormente por las sanciones sectoriales de Estados Unidos. Antes del terremoto, la ONU estimaba que 7.2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria, pero solo se había financiado el 23% del plan de respuesta humanitaria”, indicó.
Dib señaló también que casi 8 millones de venezolanos huyeron del país, entre ellos trabajadores de la salud e ingenieros que se requerían para responder a un desastre.
“Hospitales sin equipamiento, apagones crónicos y una capacidad de rescate debilitada por años de mala gestión. Fueron los ciudadanos comunes y las organizaciones independientes quienes cargaron con el peso de esa respuesta”, expresó.
La abogada manifestó que los terremotos mostraron la urgencia de que Venezuela regrese al Estado de derecho y de que los venezolanos cuenten con instituciones capaces de protegerlos.
La representante del Programa para Venezuela de WOLA instó al Congreso de Estados Unidos a solicitar a la administración de Donald Trump que aproveche su relación con las autoridades venezolanas para impulsar medidas concretas y verificables.
Entre ellas mencionó la liberación incondicional de los presos políticos, la derogación de la ley anti-ONG y otras normas utilizadas para criminalizar la disidencia, el acceso pleno al país de mecanismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, la restitución de la libertad de prensa, una hoja de ruta creíble y participativa para restablecer el orden constitucional, y la garantía de transparencia y rendición de cuentas sobre la ayuda humanitaria y los fondos destinados a la reconstrucción.
Pidió al Congreso mantener el financiamiento de los programas de democracia y derechos humanos para Venezuela, ejercer su facultad de supervisión sobre los ingresos petroleros venezolanos retenidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sobre el uso de los recursos de asistencia exterior y humanitaria, y continuar expresando su preocupación por la situación de la democracia y los derechos humanos en el país, así como por los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos en territorio estadounidense.
“Los venezolanos tienen derecho a elegir libremente a sus líderes y tienen altas expectativas sobre el papel que Estados Unidos puede desempeñar para apoyar ese objetivo”, dijo.
La incapacidad del régimen se magnificó
Isabel Carlota Roby, abogada sénior del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, dijo que las catástrofe de hace casi tres semanas se sumaron a una crisis política y humanitaria que ya era grave, creando emergencia sin precedentes en medio de la represión, la migración masiva y la corrupción arraigada.
“Esta crisis se está desarrollando directamente dentro de un contexto autoritario caracterizado por la represión y el control estatal, lo que magnifica la incapacidad del régimen para satisfacer las necesidades básicas y expone su inhabilidad para planificar o llevar a cabo la reconstrucción, fortaleciendo aún más los argumentos a favor de una pronta transición democrática”, expresó.
“Las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela no son fenómenos incidentales o aislados, sino una estrategia deliberada y adaptativa de represión estatal. La detención arbitraria, la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales están incrustadas en el orden político del país y se han ido calibrando a lo largo del tiempo para neutralizar la disidencia, consolidar el poder y proyectar fuerza”, puntualizó.
Roby también recordó los abusos generalizados en el país tras las presidenciales de hace dos años, cuando las autoridades venezolanas y los colectivos civiles respaldados por el Estado “asesinaron” 25 manifestantes y transeúntes, detuvieron arbitrariamente a miles de personas y utilizaron sistemáticamente las desapariciones forzadas como herramienta central de represión política.
EL NACIONAL
