Autor: Jenny Machado

Las naciones que conforman el Grupo de Lima acordaron impedir la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la VIII Cumbre de las Américas que se celebrará en Perú el próximo 13 y 14 de abril.

Para Mariano De Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, el Grupo de Lima y principalmente Perú, por ser el organizador, le están enviando un mensaje al Gobierno venezolano ante la convocatoria de unas elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril, puesto que, no tienen las garantías suficientes para ser consideradas libres y justas, para él, estas mediadas tienen consecuencias concretas e incrementa el aislamiento a las autoridades venezolanas. “Si los países no reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no van a reconocer a la nueva autoridad que sea nombrada”.

Por otra parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó realizar una cumbre de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) ante la “amenaza” de Estados Unidos de intervenir militarmente a Venezuela desde Colombia. Sin embargo, “Unasur es un organismo irrelevante (…)  está paralizada porque para tomar cualquier decisión o reunirse la normativa interna solicita de la unanimidad de todos los estados miembros, de lo contrario dicha reunión no sucede”, explicó.

En cuanto a una invasión militar, “es totalmente falso”, de hecho, Colombia y Brasil son naciones que están en contra de ello, agregó Mariano De Alba, dado que, entre otras razones, la inmigración se elevaría hacia esos países. No obstante, “si el Gobierno venezolano inicia el conflicto militar, sí lo habrá”.

Finalmente, Venezuela perdió nuevamente su derecho al voto en la Asamblea General de la ONU a causa del impago de sus contribuciones, ante ello, “en los casos anteriores la deuda era de un o dos millones de dólares y ahora es la mayor deuda que tiene cualquier país del mundo con la ONU que supera los 25 millones de dólares”.  

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El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció este lunes que existe la pretensión de una invasión militar hacia Venezuela desde Colombia, en donde días recientes recibieron la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd.

De acuerdo con Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, “es una matriz que esta articulada por factores interesados y muy conveniente para el Gobierno que pretende victimizarse” ante la llegada de la VIII Cumbre de Las Américas que se celebrará en Perú el próximo 13 y 14 de abril.

A su juicio, los problemas con Colombia y Brasil son de otra índole, puesto que, reflejan es la inmigración de venezolanos huyendo de la crisis en busca de una mejor vida. De hecho, “para el Gobierno es preferible hablar de una invasión por Colombia que hablar de la crisis social la falta de insumos, alimentos e inseguridad”.

¿Operación centinela?

Por otra parte, San Miguel explicó que el Gobierno no rinde cuentas ni da explicaciones a los órganos distintos del Ejecutivo Nacional y es difícil ver de qué van ese tipo de operaciones militares. Sin embargo, “lo cierto es que esa movilización pretende vigilar la frontera con Colombia y otros países fronterizos ante una posible invasión”.

Finalmente, la representante de la ONG afirmó que, sí hay un espacio jurisdiccional abandonado por la FANB, “son los espacios fronterizos territoriales y marítimos del país, donde transitan todos los actos ilícitos vinculados al tráfico de droga, de minerales, entre otros (…) ojalá hubiera una operación centinela que resguardara la integridad territorial y la soberanía de Venezuela”.

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Tras varias reuniones en el proceso de negociación en República Dominicana, el Gobierno y la oposición venezolana no lograron acuerdos concretos.

Para Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) los puntos más relevantes a tratar en esos encuentros guardaban relación con las condiciones electorales y la aceptación de Asamblea Nacional Constituyente (ANC). No obstante, en medio del proceso de diálogo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, presentó la propuesta de celebrar las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año, lo cual, a juicio de Lander, “le estaba dando una patada a la mesa”.

En ese sentido, las elecciones presidenciales ya fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 22 de abril, ante ello, Lander aprovecho para recordar los comicios del año 2006 que, a su parecer, tuvo la mejor observación internacional porque el equipo técnico observador estuvo seis meses y el día de las elecciones hubo más de 6.000 observadores desplegados, por lo tanto, “no se puede esperar que ningún organismo internacional profesional pueda organizar en menos de tres meses una observación internacional de calidad (…) no es técnicamente posible”.

¿Voto masivo para superar los obstáculos del proceso?

A su parecer, el voto masivo es una herramienta poderosa, pero no basta con eso porque en las elecciones no hace falta que la gente vote sino una estructura que permita tener testigos plurales en las distintas mesas para que cuiden los resultados y se den como debe ser.

“El sistema automatizado de votación en Venezuela sí funciona bien, es bueno, (…) pero apretar el tiempo para la realización de este proceso electoral conspira con la posibilidad de que sea con calidad”, afirmó.

Anteriormente, el CNE hacia campañas masivas para el registro y actualización electoral. No obstante, hoy día, “no hay ningún incentivo ni llamado a que los potenciales nuevos electores cumplan con ese requisito”, al igual que, “Venezuela por primera vez está sufriendo un proceso de inmigración importante y entre ese grupo hay bastante potencialidad electoral”, advirtió.

“Hay realidades y mitos, los dos hay que atenderlos (…)  porque es importante la confianza que se tenga en el sistema electoral”,dijo.

Por último, el director del OEV añadió que, hasta ahora no han definido cuál será la actitud de los actores del proceso porque, a pesar de que, ya se sabe que el candidato oficialista es el presidente Nicolás Maduro, “hay un fenómeno extraño y es el movimiento Somos Venezuela”. Y, por otro lado, consideró que están las fuerzas opositoras que sigue sin posturas claras, pero cualquiera que sea su decisión espera que abarque el querer de la mayoría.

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A 15 años del control cambiario, la profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y economista, Sary Levy, lo conceptualizó como “uno de los grandes culpables de la tragedia actual venezolana y principal distorsionador de nuestra economía”.

También, hace 15 años, Fedecámaras advirtió que, el control cambiario conduciría a “la instauración de un mercado negro y a una corrupción generalizada”. Ante ello, Levy aseguró que, esas son variables que se sabe cómo se comportan y, por lo tanto, era natural la advertencia realizada por la Federación de Cámaras y otros expertos del área. A su juicio, los controles cambiarios son medidas puntuales que pueden utilizarse por lapsos cortos, más no para que se mantenga como un patrón fijo tal como han hecho durante estos años.

Para la economista y profesora, “la economía de Venezuela siempre ha dependido de la relación con el resto del mundo porque sus principales ingresos provienen de las exportaciones petroleras” y, con el tipo de cambio sobreevaluado que se impuso, se deterioró la capacidad productiva nacional y el empleo formal.

¿Venezuela en default?

De acuerdo con la economista, “estamos en un proceso de default desordenado porque un Gobierno responsable que no tiene para pagar se sienta y ve las posibilidades de reestructurar la deuda», pero no fue así. Si bien, ese proceso de default inició a mediados de noviembre pasado tras el impago de los bonos Venezuela 19 y 24, afirmó Levy.

En el 2018 Venezuela tendrá que pagar aproximadamente ocho mil millones de dólares y “el país ya no produce suficiente petróleo para honrar los compromisos de deuda, no existe esa posibilidad”, porque, a pesar de que el Banco Central de Venezuela (BCV) indicó que hay nueve mil millones de dólares en reservas, Levy puntualizó que, más del 90 % de ellas no son liquidas, es decir, están en oro y demás activos.

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A propósito de varios reportajes publicados en el portal Armando.Info, sobre el negocio que hay tras la importación de comida para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los periodistas Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz fueron demandados por el empresario colombiano Alex Saab por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, delitos penados con prisión de entre uno y seis años, y una multa de hasta 2.000 unidades tributarias.

Este es un caso al que le han venido haciendo seguimiento desde el año 2015 e involucra a una dupla de empresarios colombianos que han hecho mucho dinero con el Gobierno venezolano, aseguró Ewald Scharfenberg.

De acuerdo con el comunicador, el bufete que los representa les indicó que el caso era una causa perdida porque los empresarios son personas muy poderosas y cercanas al poder ejecutivo venezolano. “Tuvimos que buscar la protección en el exterior porque eso es lo que nos va a permitir seguir haciendo periodismo”, sostuvo.

Asimismo, Scharfenberg comentó que, el documento “bastaste precario” al que tuvieron acceso con mucha “dificultad” eran fragmentos de las dos notas de investigación que hizo el redactor Roberto Deniz y subraya las frases en las que se vincula al señor Alex Saab y al presidente Nicolás Maduro. Para él, “una demanda por difamación debería ser algo cotidiano en la vida de un periodista, en especial de investigación, pero en Venezuela es una excepción (…) y es uno de los pocos países en que la difamación es un delito que te lleva a prisión”.

Por último, en cuanto al portal de Armando.Info, él afirmó que no recae ningún delito porque en Venezuela por este tipo de faltas no se puede demandar a una empresa sino debe ser de manera individual, en este caso, a los cuatro periodistas.

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El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) publicó su informe anual en el que se proyecta el número de muertes violentas en el país durante el 2017.

De acuerdo con, Roberto Briceño, director del OVV, “con una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela sigue siendo el país más violento de América Latina y, por lo tanto, del mundo”, seguido por El Salvador y Honduras.

Aunado a ello, el informe detalla que la tasa de homicidios en Caracas paso de 119 a 104, es decir, de 3.946 ingresos a la morgue de Bello Monte en 2016 disminuyó a 3.064 en 2017. No obstante, “104 es 10 veces superior a la tasa de Ciudad de México (…) y cinco veces más homicidios que Medellín”.

En ese sentido, según Briceño hubo tres factores que influyeron en esa disminución, inicialmente, los cuatro meses de protestas que mantuvieron la ciudad paralizada y con los cuerpos de seguridad en la calle. Luego, la disminución de la población en el país. Y, por último, la acción represiva y extrajudicial de los cuerpos policiales.

Por otra parte, a diferencia de otros años, en el informe 2017 les llamó la atención el incremento de la violencia y muertes por el uso de la fuerza policial, es decir, «15 personas muertas cada día a manos de la policía”. Además, la incorporación de los niños a las bandas delictivas que, anteriormente era por ropa u otro objeto de valor, ahora es por comida, a su juicio, “hay muchos delitos asociados al hambre”. Y, un tercer elemento que los asombró fue el aumento de suicidios vinculados a la situación que atraviesa el país.

Por último, para el director del OVV, “esto que estamos viviendo no es una maldición que nos cayó del cielo, esto es producto de las políticas públicas equivocadas”, y, en tanto, no cambien no habrá diferencia en los índices de seguridad y violencia del país.

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• Escasez de insumos para unidades de diálisis podría empeorar en los próximos días

Durante los últimos días tres personas han fallecido en el país por la falta de insumos en las unidades de diálisis del país.

De acuerdo con Francisco Valencia, director de la ONG Codevida y fundador de la ONG Amigos Trasplantados, “el deterioro de la salud en Venezuela ha sido acelerado y alarmante”. Las personas con insuficiencia renal y los trasplantados están en una condición lamentable en estos momentos.

“El año pasado cerramos con 20 rechazos de órganos y cinco personas fallecidas”, afirmó.

Según Valencia, los trasplantados vivieron y siguen viviendo una de las situaciones más complejas en la historia de Venezuela, dado que, el Estado dejo de suministrarles los medicamentos inmunosupresores vitales para evitar el rechazo de órganos. “Aunque somos 3.500 trasplantados, 1.000 de ellos están en una situación crítica y podría haber consecuencias irreversibles”, indicó.

Por otra parte, el representante de las organizaciones manifestó que, luego de las denuncias que han hecho los pacientes, el Gobierno empezó a traer filtros y atender la situación.  “El ministro de salud, Luis López, anunció la llegada de 15.000 filtros al país, lo cual es insuficiente porque hay 16.000 personas que necesitan dializarse”. Si bien, la diálisis es el sustento de una persona porque si los riñones dejan de funcionar, es decir, dejan de filtrar la sangre y eliminar por la orina todas las toxinas que genera el cuerpo, el mismo liquido hace que los pulmones colapsen.

“Nunca habíamos llegado al punto de quedarnos en todo el territorio nacional sin insumos (…) y los próximos días no van a ser distintos”, aseguró.

Por último, añadió que desde Codevida convocaron una concentración para este jueves 8 de febrero a las 10 de la mañana en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, con el fin de denunciar la situación y las personas afectadas exijan sus medicamentos.

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• Tema humanitario no es prioridad para la mesa de negociación

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) excluir a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del proceso de validación de tarjetas electorales que está establecido para este fin de semana.

Para Simón Calzadilla, diputado y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, es importante contar con la tarjeta de la Unidad para los futuros comicios porque, a su parecer, “facilita el proceso de votación. Es una tarjeta que le pertenece al ciudadano en general y no a una parcialidad política”.

No obstante, si no se les permite la utilización de esa tarjeta indicó que, existen otras que podrán garantizarle al electorado su derecho al voto, “todo dependerá de la decisión del CNE (…) todas las acciones que ellos cometan y adelanten en abuso a la ley se les va a revertir porque un Gobierno que actúa mal hay que derrotarlo”, sostuvo.

En cuanto al interés de varios sectores de la población por la candidatura del empresario, Lorenzo Mendoza, el diputado consideró que, hasta ahora no se sabe si va a participar o no, pero de ser él u otro, lo importante en el bienestar del país y la metodología diseñada para elegir a un candidato de consenso que debe reflejar las virtudes y fortalezas para enfrentar el reto, mismo que, de ser asumido por esa persona contará con el apoyo de la Unidad.

La estrategia del cambio

“Más importante que el mensaje y el candidato, es el compromiso que tenga con la Unidad y el país (…) para unir a los venezolanos y lograr hacer un gobierno que genere el apoyo y la confianza de todos los sectores del país para sacarlo de la situación actual”. De modo que, en función de lo anteriormente escrito, según el político, la estrategia es la que se debe diseñar, misma que, si permite lograr el triunfo sea reconocido por el Gobierno, conducirá a otros problemas que serán abordados en su momento.

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