Desde el punto de vista de los acreedores, es indispensable que se resuelva la situación política en Venezuela y que exista un gobierno legitimado para avanzar concretamente con la reestructuración de la deuda externa, de acuerdo con el economista y asesor principal del fondo de inversión en bonos venezolanos, Copernico Recovery Fund (CRF), Jorge Piedrahita.
«La GL58 permite avanzar en las tareas preliminares que deben realizarse antes de una negociación con los acreedores. La auditoría de los montos adeudados, así como su reconciliación, verificación y eventual reconocimiento cuando corresponda, son pasos indispensables para contar con un panorama completo y poder diseñar una solución integral», señala el también CEO de Gear Capital en declaraciones a Banca y Negocios.
En opinión del experto no se debe magnificar el alcance de las licencias otorgadas por la OFAC, porque «la prohibición de negociar directamente con los acreedores o emitir nueva deuda continúa vigente, condiciones ambas indispensables en toda reestructuración efectiva».
«En las circunstancias actuales, considero que una negociación podría iniciarse hacia finales de 2027, con la presentación de una propuesta integral durante 2028″, pronostica Jorge Piedrahita.
«La prohibición de negociar directamente con los acreedores o emitir nueva deuda continúa vigente, condiciones ambas indispensables en toda reestructuración efectiva»: Jorge Piedrahita (Copérnico Recovery Fund).
Presión de bonistas
Sin embargo, la autorización para que el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, adelante el proceso de renegociación de los pasivos externos de la República y Petróleos de Venezuela (PDVSA) no solo ha elevado sustancialmente los precios de los bonos venezolanos.
«Existe presión por parte de ciertos grupos de bonistas que buscan una solución limitada a sus propios intereses, lo cual considero irresponsable y contraproducente para alcanzar un acuerdo sostenible y equitativo», advierte Pidrahita ante el comportamiento especulativo de los títulos DPN del país.
En este sentido, Piedrahita sostiene que este clima de efervescencia sobre la deuda venezolana se basa en expectativas que ha creado la administración interina de Venezuela, las cuales plantean que el proceso se iniciará más pronto de lo que implica toda la preparación para negociar en firme con los acreedores.
El analista insiste en que la legitimidad democrática es un elemento crucial para los acreedores serios, que son la mayoría, porque necesitan garantías de que los compromisos se cumplirán en el mediano y largo plazo.
¿Qué puede hacer el gobierno actual?
A juicio de Jorge Piedrahita, asesor del fondo Copernico, el rol del gobierno interino «quedará circunscrito a los trabajos preparatorios propios de una futura reestructuración: reconciliación y verificación de acreedores, determinación de montos, análisis de la legalidad de los reclamos presentados, entre otros».
«Se trata de una labor similar a la realizada en su momento en Iraq, país que también enfrentó una deuda con múltiples complejidades análogas a las de Venezuela. Estos trabajos preliminares serán llevados a cabo, previsiblemente, con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, que realizará su tradicional Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (Debt Sustainability Analysis — DSA)», señala el analista.
Básicamente, «esta herramienta evalúa la capacidad de un país de cumplir con sus obligaciones financieras y constituye la base técnica sobre la cual el FMI formula su recomendación respecto de la quita a aplicar en la reestructuración».
En una entrevista con Banca y Negocios, publicada en agosto de 2023, Piedrahita afirmó que, en las circunstancias de ese momento, la quita de deuda podría llegar a niveles de 80% o 90%. «Soy uno de los que insisto en que la quita va a ser alta, porque nadie puede esperar que un país en la condición de Venezuela pague esa cantidad y, además, no sería moralmente aceptable», dijo el experto en esa conversación.
Obviamente, las condiciones de la economía venezolana, aunque siguen siendo complejas, han cambiado, sobre todo por la flexibilización de sanciones estadounidenses que se ha acelerado después de los sucesos del pasado 3 de enero, lo que podría sugerir un escenario diferente en lo que se refiere al descuento probable del pasivo acumulado, que se ubica entre 160.000 y 200.000 millones de dólares.
Banca y Negocios
