Adle Hernández, directora general de Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello, comentó que la institución cuenta con ocho ejes de acción. Entre ellos están el eje jurídico (Clínicas Jurídicas gratuitas), el área de psicología (atención a la salud mental a precios solidarios), salud (Centro de Salud Santa Inés), innovación y emprendimiento (finanzas y formación), innovación educativa (red de escuelas y robótica), sustentabilidad ambiental, relaciones comunitarias y el eje social de la sede UCAB Guayana.
A través del Vicerrectorado de Identidad y Desarrollo y la Dirección de Extensión Social, los estudiantes y la institución activaron en tan solo dos días un centro de acopio que operó sin descanso durante aproximadamente diez días, logrando canalizar la ayuda hacia los sectores más necesitados gracias a la confianza de la ciudadanía y al tejido social previo.
«El tejido social es fundamental para responder a momentos de crisis. Gracias a la red de aliados y escuelas que tenemos en La Guaira pudimos mapear rápidamente a dónde llevar la ayuda y dónde no había llegado nada. La gente nos trae los insumos porque hay una confianza impresionante en la universidad», dijo Hernández en el programa «Emprendimiento UCAB.
Inspecciones estructurales e iniciativas psicologicas
Según Hernández, la Facultad de Ingeniería inspeccionó más de 20 escuelas aliadas en sectores populares como Antímano, La Vega y Caricuao para garantizar un regreso a clases seguro en septiembre. Por su parte, el Centro de Clínicas Jurídicas promovió una alianza interuniversitaria (con la UCV, UNIMET, UMA y USM) para ofrecer asistencia legal gratuita en casos complejos derivados de la tragedia (pérdida de documentos, protección de menores, presunción de muerte, entre otros.
A lo que se refiere en la salud mental , se activaron programas de acompañamiento y contención emocional para los docentes y equipos directivos en Caracas y La Guaira con miras a la recepción de los alumnos en el nuevo año escolar.
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Habitantes del sector Torbes, estado Táchira, enfrentan el aislamiento total tras el colapso de su carretera principal. La escasez de maquinaria y la desidia estatal profundizan la emergencia. Tres familias quedaron sin hogar, mientras que el resto vive con el temor de que fallen también el agua, el gas o la electricidad.
San Cristóbal. Lo que comenzó como unas grietas en el asfalto terminó en un abismo de más de siete metros de profundidad. El colapso total de la arteria vial del sector Torbes, en el municipio Cárdenas, estado Táchira, ha aislado a más de 1300 familias y dejado a 11 personas sin hogar, lo que ha forzado a residentes de la zona a caminar largas distancias o pagar tarifas en moneda extranjera para poder desplazarse.
De acuerdo al relato de los vecinos, la carretera comenzó a deteriorarse la pasada semana y para el día jueves 29 de julio cedió por completo, impidiendo el paso de carros particulares y de transporte público.
Gerardo Chacón, habitante del sector, dijo a Crónica Uno que esta carretera es un corredor vial estratégico de carácter nacional, una de las rutas terrestres más importantes para la conectividad del país, pues históricamente fue la primera vía de conexión hacia Caracas y comunica a zonas como El Filo, Palmira, La Victoria y Cordero, en el municipio Andrés Bello.
El bloqueo del tramo dejó a la zona sin acceso a servicios básicos como gas doméstico, paso de ambulancias o vehículos de organismos policiales y de prevención ante cualquier situación de emergencia.
El 29 de julio la vía se hundió más de 7 metros. Foto: Maryerlin Villanueva
Movilidad a alto costo
Debido a la suspensión del paso en este sector, quienes transitan deben recurrir a trasbordos, cambiar de vehículo o modo de transporte en cada tramo, para llegar a su destino.
Como alternativa, ciertos particulares empezaron a prestar el servicio de cruce por una tarifa de 2000 pesos colombianos, divisa ampliamente aceptada en la frontera, lo que equivale a unos 0,50 dólares estadounidenses.
Quienes no cancelan este monto deben caminar al menos 25 minutos para llegar a sus viviendas. Los conductores de vehículos particulares, en tanto, tienen que recurrir a vías alternas y desvíos, lo que les puede agregar más de una hora de viaje para llegar a su destino.
El informe Monitor de Servicios Básicos correspondiente al año 2024, elaborado por el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, un centro de pensamiento e investigación económica con sede en Venezuela, señala que el 93 % de los encuestados afirma que las vías del país se encuentran en mal estado, con fisuras y baches en la capa asfáltica.
Más de la mitad de los encuestados aseguró que las fallas en la infraestructura vial son responsables de accidentes y del desgaste acelerado de cauchos y componentes del tren delantero de los vehículos.
Las personas deben caminar 25 minutos para llegar a sus destinos. Foto: Maryerlin Villanueva
Familias en la nada
Jorge Enrique Pérez, otro de los afectados, relató que tres familias, 11 personas en total, se quedaron sin techo y en total desprotección, pues sus casas fueron arrasadas junto con el tramo vial que colapsó.
“En solo un día la tierra se hundió 50 centímetros, lo que [quiere decir que] va muy rápido, por lo que se hace necesario la ayuda del gobierno nacional”, expresó.
Cuando se declaró la emergencia, se especuló que el socavamiento podría tener su origen en el río. Sin embargo, esta hipótesis quedó descartada al constatarse que el cauce se encuentra a más de 100 metros del lugar del colapso.
Mototaxistas cobran 2 mil pesos por los trasbordos de un lado a otro. Foto: Maryerlin Villanueva
Los vecinos sospechan que la saturación del suelo, es decir, la acumulación excesiva de líquidos que ablanda la tierra y le resta firmeza, podría tener su origen en las aguas pluviales o en las residuales y de desecho provenientes de los hogares de la comunidad del Llanito, ubicada a solo 50 metros del lugar.
En el lugar actuaron de inmediato los funcionarios de Protección Civil Táchira. Tras realizar las evaluaciones correspondientes, procedieron a desalojar a las familias que aún permanecían en las viviendas comprometidas.
“Necesitamos ayuda”
Desesperados por la falta de respuestas, los vecinos acudieron primero a la alcaldía de Cárdenas, donde les dijeron que no hay maquinaria pesada disponible. Luego fueron a la gobernación del Táchira, pero tampoco hallaron solución. Ninguna de las dos autoridades ha dado la cara ni ha diseñado un plan de contingencia.
Karla Galvis, residente de la zona, exigió un estudio geológico que revele qué está pasando bajo la superficie. Galvis aseguró que, aunque la vía ya presentaba huecos, nunca hubo un colapso de esta magnitud.
“¿Qué vamos a hacer cuando se acabe el gas? ¿Por dónde vamos a pasar las bombonas, los cilindros metálicos que contienen el gas doméstico, cuando las busquemos o por dónde va a pasar el camión que las trae?”,cuestionó.
Vecinos esperan ayuda del gobierno nacional. Foto: Maryerlin Villanueva
También teme que las tuberías de agua potable colapsen, pues el terreno sigue cediendo y el hundimiento crece cada día.
“Necesitamos ayuda, necesitamos una vía de escape o una nueva vida”, expuso.
Los afectados midieron el socavón y confirmaron que supera los 7 metros, y advierten que en menos de dos semanas la falla podría triplicarse. El terreno no deja de ceder y la grieta se ensancha progresivamente. Frente a esta realidad, las más de 1.300 familias del sector Torbes siguen esperando una solución oficial.
Peor aún, la inacción de las autoridades no solo mantiene incomunicada a toda la comunidad, sino que además podría desencadenar un colapso generalizado en el servicio de agua potable y en el resto de la infraestructura municipal.
La presidenta Delcy Rodríguez anunció este domingo la recuperación de 300 megavatios (MW) en la planta Termocarabobo, lo que equivale al 50 % de la capacidad operativa afectada tras el evento telúrico registrado en el país el pasado 24 de junio.Durante una reunión de evaluación con gobernadores y el Estado Mayor Eléctrico, explicó que los sismos causaron severos daños en la infraestructura de la central termoeléctrica, la cual generaba originalmente 600 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y ejercía funciones de «calibrador de potencia» para la estabilidad del suministro entre las regiones central y occidental.
«Ya puedo informar al país que hemos recuperado 300 megavatios de esos 600 que generaba Termocarabobo», declaró Rodríguez. Asimismo, la vicepresidenta indicó que la salida arrepentida de esta planta provocó inestabilidad y fluctuaciones en la red nacional, aunque se prevé completar la restitución total del servicio en las instalaciones durante las próximas
semanas.Como parte de los planos de contingencia, el Ejecutivo ratificó el objetivo de incorporar 4.800 megavatios adicionales de generación termoeléctrica antes de finalizar el año, apoyado en contratos previamente suscritos con firmas internacionales como General Electric e IMSA. Finalmente, las autoridades destacaron la técnica laboral de los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y señalaron que en el estado La Guaira, una de las zonas con mayor impacto por el movimiento telúrico, se logró la restitución del servicio eléctrico en un plazo de una semana. En este encuentro con gobernadores se anunció la aplicación de un plan de contingencia eléctrica ante el fenómeno climático de «El Súper Niño».
Banesco Banco Universal, institución bancaria de capital 100 % venezolano, incrementó los límites diarios para realizar transacciones interbancarias en todos sus canales digitales.
En ese sentido, resaltó en sus redes sociales que la intención es facilitar las transacciones financieras de sus clientes, por lo que aumentaron los límites diarios para transferencias interbancarias y PagoMóvil, a través de sus plataformas BanescOnline y BanescoMóvil.
A continuación, los nuevos límites diarios en los distintos canales de la Banca Digital Banesco:
Transferencias Interbancarias (BanescOnline y BanescoMóvil):
– Personas Naturales: Bs. 2.800.000.
Transferencias Interbancarias (BanescoMóvil):
– Personas Jurídicas: Bs. 500.000.
PagoMóvil:
– Personas y Comercios: Bs. 1.900.000.
– Vía SMS: Bs. 80.000.
La institución bancaria venezolana enfatizó que continúa acompañando a sus clientes en sus día a día.
Miles de evacuados y al menos 600 infraestructuras se han destruido en el estado de Washington este fin de semana en los incendios forestales que arrasan el condado de Spokane y que han obligado a declarar el estado de emergencia.
Aunque se ha hecho pública este domingo la destrucción de infraestructuras, aún no ha trascendido cuáles de ellas son viviendas u otra clase de edificios o dependencias.
Miles de familias han sido evacuadas y los cortes de energía generalizados han dejado a miles de residentes sin electricidad.
Los bomberos trabajan para controlar los incendios y van a ser reforzados por equipos de fuera de la zona que se sumarán a las labores de extinción.
Aunque las condiciones meteorológicas son mejores este domingo, el peligro de incendios sigue siendo elevado y se espera que empeoren tanto la calidad del aire como la del humo.
El noroeste del Pacífico se enfrenta a su peor temporada de incendios en más de treinta años, ya que se da una combinación de condiciones como la sequía récord, una baja humedad e intensas ráfagas de viento.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo al país ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del «Superniño» y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.
En una reunión con autoridades, Rodríguez dijo que pidió «planes específicos» para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, entre ellos incorporar 4.800 MW a la generación termoeléctrica.
Estos megavatios se van a sumar a los que se incorporarán gracias a los contratos firmados con empresas como la norteamericana General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA, según Rodríguez.
«Estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos, son acciones preventivas», dijo.
La líder chavista, con casi siete meses en el poder, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, ordenó a su equipo económico trabajar con la agroindustria en un plan para preservar la producción de alimentos.
Además, hizo un llamado a los venezolanos a aplicar el que consideró «quizás el plan más importante», el de ahorrar energía eléctrica y agua.
«Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada, (…) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, (…) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional«, expresó.
Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.
Rodríguez también señaló este domingo que el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio afectó al sistema eléctrico, con daños en torres, líneas de transmisión y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, en el norte del país, que generaba 600 megavatios.
En ese sentido, indicó que lograron restituir 300 MW de esos 600 y que en las próximas semanas avanzarán hacia una «recuperación plena».
El viernes, Rodríguez se reunió con las autoridades del área para evaluar el estado del sector y «coordinar soluciones inmediatas ante las complejidades generadas» por los recientes sismos, informó entonces el equipo de prensa de la mandataria, reseñó EFE.
El gobierno creó este año una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, mientras que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para propiciar las inversiones privadas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un «ataque masivo» inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Trump hizo esas declaraciones a bordo del avión presidencial antes de aterrizar en la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense, cerca de Washington, tras pasar el fin de semana en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey).
El presidente aseguró que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron «cancelar» su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.
«Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz», aseguró Trump, quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura «desnuclearización de Irán».
El presidente estadounidense aseguró que Irán también le pidió parar el previsto ataque, el cual calificó como «el más grande desde la Segunda Guerra Mundial».
Trump añadió que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo «es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán».
«Quiero salvar muchas vidas (…). Preferimos un acuerdo a un ataque», remarcó el mandatario norteamericano.
Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero, y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo.
Sin embargo, desde entonces se han repetido los ataques cruzados y, mientras Trump dio por terminado el marco de entendimiento, Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20 % del comercio mundial de petróleo.
Durante las últimas semanas, la violencia aumentó en Oriente Medio con la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra Jordania e Irak y la entrada de Arabia Saudí en el conflicto en un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en Irak.
Trump, que siempre mantuvo que las conversaciones continuaban con Teherán, dijo este sábado haber pospuesto «un ataque» contra Irán tras «alcanzar las bases de un acuerdo» que incluye la «apertura inmediata y completa» del estrecho de Ormuz.
Ante eventos imprevistos como desastres naturales, emergencias médicas o interrupciones de ingresos, la planificación y la previsión económica resultan determinantes para proteger la estabilidad del hogar. Así lo abordaron el especialista Rafael Álvarez, autor del libro Conquista tus finanzas, y el abogado Alfred Hung, durante una conversación enfocada en la importancia de construir protocolos de contingencia en el ámbito personal y familiar.
Durante la entrevista, se analizó cómo coyunturas críticas —desde sismos e imprevistos de salud hasta periodos de inestabilidad económica— exigen ir más allá de los planes de evacuación físicos. Álvarez enfatizó la necesidad de estructurar un «kit de primeros auxilios financieros», una herramienta diseñada para organizar la información y los recursos del hogar ante cualquier eventualidad.
«Estos terremotos nos han puesto en alerta de muchas cosas: no solo de planes de evacuaciones de emergencia, sino de medidas de planificación que deberíamos tener a nivel personal, profesional y familiar», señaló Alfred Hung al reflexionar sobre la necesidad de anticiparse a las crisis.
De acuerdo con Álvarez, este protocolo consiste en mantener centralizados y con accesos claros los documentos de propiedad, información bancaria, contactos clave y pólizas de seguro. Esta práctica, sustentada en su propia experiencia personal, busca garantizar que cualquier miembro de la familia pueda actuar con rapidez ante una urgencia sin enfrentar trabas administrativas o legales.
Para solventar contingencias inmediatas, se destacó la relevancia de contar con un fondo de emergencia, el cual debe poseer alta liquidez. Álvarez sugirió que este fondo cubra idealmente entre seis meses y un año de los gastos operativos del núcleo familiar, permitiendo tomar decisiones con calma y evitar la pérdida de patrimonio al tener que liquidar activos de forma apresurada.
«Lo que busca esta práctica es dar claridad para que en una situación exigente exista un protocolo donde toda la familia sepa qué hacer, dónde están las cosas y que la situación no se agrave por no tomarse unos minutos para prever», explicó Rafael Álvarez.
En cuanto a la gestión de riesgos a mayor escala, los especialistas coincidieron en la prioridad de respaldar la salud de los proveedores principales del hogar mediante pólizas privadas, seguidas por la cobertura de vida y la protección de bienes patrimoniales.
Finalmente, se hizo un llamado a promover la educación financiera desde el hogar, adaptando la comunicación según la edad de los hijos e involucrando a las parejas en reuniones periódicas de planificación. La previsión, concluyeron, no busca predecir el momento exacto de una crisis, sino asegurar que sus consecuencias no desestabilicen el bienestar familiar.
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La LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) estipula que la prioridad absoluta es que los menores huérfanos permanezcan con su familia de origen. Sin embargo, en el terreno se presenta la disyuntiva de niños que han crecido toda su vida en La Guaira y tienen un arraigo muy fuerte con sus vecinos, pero sus familiares más cercanos viven en regiones lejanas (como Mérida), lo que genera tensiones sobre qué es lo mejor para el bienestar del menor.
Vladimir Alvarado director para La Paz y los derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela, señaló que existe un avance en el cambio de paradigma del sistema actual en comparación con el antiguo modelo del INAM (Instituto Nacional del Menor), el cual tendía a recluir automáticamente a los niños en recintos estatales ante situaciones de vulnerabilidad. Según el experto la normativa vigente busca a toda costa evitar la institucionalización pública.
Un punto resaltado en la entrevista durante el programa de «Marca UCV», es la situación ( más crítica a nivel de identidad y filiación) con los bebés que nacieron en pleno caos del desastre y cuyos padres fallecieron inmediatamente en el parto o durante el terremoto sin haber podido reconocerlos legalmente, dejando a las autoridades sin registros institucionales ni familiares visibles a quienes consultar.
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Vladimir Alvarado director para La Paz y los derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela, aclaró que, aunque una edificación colapse por completo (citando como ejemplo el caso de los edificios del sector El Petunia), los propietarios supervivientes o sus herederos no pierden sus derechos, ya que siguen siendo dueños de un porcentaje proporcional del terreno de acuerdo a lo establecido por la ley de condominio.
Por su parte, Alvarado destacó que áreas como el estado La Guaira, donde existen zonas de alto riesgo en las que presuntamente no se volverá a construir —o donde el diseño urbano cambiará para dar paso a obras públicas como autopistas—, la toma del terreno califica jurídicamente como una expropiación.
Foto María Emilia Pineda
Según Alvarado , el impacto colateral de la desaparición jurídica va tomar su tiempo en ser resuelto , debido al el estatus a través de los tribunales. Esto es un paso crítico y urgente para la propiedad, ya que hasta que no se complete este trámite (que puede demorar de 2 a 3 años), las familias enfrentan trabas legales para poder acceder, reclamar o heredar los bienes, las cuentas bancarias (tanto en Venezuela como en el exterior), las liquidaciones y las pensiones de las víctimas.
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