Han continuado hechos graves, en los que varias personas han fallecido a manos de secuestradores que utilizan esta plataforma como un señuelo para captar a sus víctimas
La última semana del mes de julio, por lo menos cinco personas fueron ultimadas en Zulia y Miranda cuando intentaron concretar la compra de vehículos ofrecidos mayoritariamente por este servicio.
El caso más reciente ocurrió en el municipio San Francisco del estado Zulia. La víctima fue identificada como Luis Alfonso Boscán Punche, primer sargento de la Guardia Nacional, quien acompañó a su tío a comprar una moto.
Ambos hombres fueron asesinados a tiros, de acuerdo con reportes policiales de la región, sujetos armados pactaron un sitio de encuentro para finiquitar el negocio, y los mataron apenas llegaron al lugar.
La recomendación en todo caso es evitar estas negociaciones con desconocidos, que a menudo utilizan en las primeras fases a mujeres, para luego dejar que sus cómplices continúen con los procesos, hasta que resulta demasiado tarde para las víctimas.
En el primer semestre de 2021, el promedio mensual de casos procesados por este ilícito subió 26% con respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente.
Ahora, no solo envían mensajes amenazantes a los ganaderos, agroindustriales y propietarios de grandes enclaves productivos. También comenzaron a ser victimizados los médicos y otros profesionales independientes, no necesariamente adscritos a una gran corporación.
Junto a esto, la extorsión se ha extendido nuevamente por casi toda la zona norte y central del país. Anteriormente, la mayoría de los casos se restringía al occidente, con Zulia a la cabeza.
En el Parque del Este son frecuentes los hurtos de partes y piezas de los vehículos que están en el estacionamiento norte, que da hacia la Avenida Francisco de Miranda
Pero la situación más delicada se registra en el Parque Nacional El Ávila, también conocido como Waraira Repano.
En el caso de la hermosa montaña que corona la capital del país, algunas personas me han preguntado cómo es posible que los asaltantes estén merodeando en medio de las restricciones aún vigentes para la circulación de personas.
El caso es que el Parque el Ávila apenas cuenta con algunos servicios de guardaparques, que si bien son formalmente auxiliares de policía en la práctica carecen de elementos para afrontar un ataque por delincuentes armados
Queda entonces en el visitante tomar las medidas pertinentes para evitar la victimización. Una de ellas puede ser evitar el tránsito por lugares solitarios, acudir en grupos y no llevar artículos como celulares y relojes que puedan constituir atractivo para la acción hamponil.
Los delitos en el Metro de Caracas han aumentado tanto en frecuencia como en violencia. El 30 de julio, por ejemplo, individuos armados asaltaron a una usuaria de 29 años de edad en el andén de la estación Pérez Bonalde.
Una semana antes, tres sujetos sometieron mediante fuerza física a un funcionario que iba de civil. El forcejeo comenzó en el andén de la línea 1 de la estación Capitolio, y continuó en el interior del vagón, hasta que la víctima fue despojada de su teléfono celular.
Uno de los buhoneros explicó que él solo puede ofrecer sus caramelos entre Chacaito y Propatria, pues sus competidores lo han amenazado con robarle la mercancía si irrumpe en el “territorio” de ellos, que está entre Chacaíto y Petare.
En el Metro también están recalando individuos que han salido de las prisiones y los retenes policiales con motivo de la “revolución” en el sistema judicial, decretada por Maduro.
Queda para ustedes la recomendación de evitar en lo posible las aglomeraciones en el subterráneo y mantener una conveniente vigilancia hacia sus pertenencias.
Una de las que hemos podido percibir con mayor frecuencia es el uso de plataformas web para anunciar productos con unas características específicas. Pero una vez hecho el pago por estos artículos el cliente se percata de que no le han entregado lo que quería adquirir, sino algo parecido.
Esto es cada día más frecuente en la comercialización de repuestos para vehículos. En un caso del que tuve conocimiento directo, una venta de los repuestos con sede en Valencia, que se anunciaba por internet, ofreció y cobró por medios informáticos un juego de bujías de un modelo específico, y propuso entregarlos a través de un servicio de encomiendas en Caracas.
Sin embargo, la mercancía estregada luego de varios días de espera no era exactamente la comprada, sino un modelo parecido. Se trata de un pequeño fraude, frente a lo cual solo queda un reclamo directo, pues el costo de una denuncia en este caso es demasiado elevado para llevarla a cabo de forma exitosa.
Las plataformas de internet también han servido para comercializar mercancía falsificada o de marcas piratas
Por desgracia, los anuncios para la oferta de artículos en internet carecen de un protocolo de requisitos mínimos. De manera que a veces el potencial cliente se ve ante la encrucijada de hacer una compra de algo que necesita, por lo cual ni siquiera se ofrece una foto genérica.
En teoría, las ofertas de artículos deberían acompañarse de profusas gráficas, que le den al cliente la noción más aproximada de lo que se coloca en el mercado. Pero esto no siempre es así.
Esta omisión generalmente se explica en el descuido o la inexperiencia del vendedor, pero otra vez es el producto de un ánimo de engañar, pues en la medida en que el comprador tenga menos información sobre lo que paga, en esa misma medida dispondrá de menos argumentos para un reclamo posterior.
Esto se ha dado con frecuencia en la venta de artículos o insumos para la protección frente al covid-19. Se ofrecen entonces unas mascarillas hechas con materiales deficientes o distintos que los exigidos por los protocolos, gel antibacterial con proporciones de agua que lo hacen prácticamente inútil, y así podemos seguir contando.
En esto, nuevamente, podemos aplicar el viejo refrán según el cual lo barato sale caro. Por querer ahorrarnos un porcentaje en la compra, caemos en las manos de individuos que intentan aprovecharse de nuestra buena fe. Mejor resulta siempre hacer tratos con personas o comercios que tengan ganada una reputación por su seriedad.
Los robos en las carreteras han sido un motivo de preocupación para los viajeros y en especial para los encargados de transportar valores y alimentos.
Sin embargo, como muchas otras actividades, durante la pandemia estos asaltos disminuyeron de forma notable. Esto tiene una lógica: al disminuir la cantidad de personas en circulación, son menores las oportunidades para cometer este tipo de robos.
A partir del mes de marzo se ha visto un repunte en los reportes recibidos de manera informal sobre asaltos por piratas que operan en las vías troncales
El martes, por ejemplo, un hombre fue impactado por un proyectil en la pierna derecha durante los intentos por apoderarse de su vehículo en la bajada de la carretera panamericana que conduce de Los Teques a Tejerías.
Pero otros casos han sido reportados en días previos, que nos obligan a hacer una revisión de nuestros planes de viaje
En los meses de marzo y abril hubo varios reportes sobre los problemas planteados por el acecho de delincuentes en la vía hacia oriente, mejor conocida como troncal 9
En un caso, reportado en abril, un agente de contrainteligencia militar fue ultimado cuando los cuatreros de carretera detectaron que viajaba en un camión. De acuerdo con el parte preliminar, el funcionario viajaba en ese vehículo gracias a un favor del conductor, que lo trasladaba desde Maturín hasta Barinas.
Otros hechos similares, además de algunos saqueos, hacen pensar en la necesidad de planificar con cuidado los traslados que pensemos hacer entre ciudades.
Los riesgos se incrementarán en la medida en que se alargue el trayecto, pues tendremos la necesidad de hacer paradas con el propósito de cargar combustible. De ser posible, estas paradas deben ser determinadas con antelación.
A pesar de las reiteradas advertencias, la plataforma para la comercialización de productos Facebook Marketplace continúa siendo utilizada para pescar víctimas.
Facebook Marketplace es un portal para anuncios gratuitos auspiciado por el gigante Facebook, que ha cobrado gran popularidad en Venezuela, debido a que esta es la red social más utilizada en el país.
Una mujer fue secuestrada luego de pactar la negociación de un vehículo a través de este portal. En este caso, gracias a la denuncia oportuna de sus familiares fue posible rescatarla en el sector Caballo Mocho del municipio Sucre del estado Miranda.
Sin embargo, este revés para los delincuentes no ha sido suficiente. A principios del mes, el Director de la Policía Judicial, Douglas Rico, refirió que un hombre fue detenido en el estado miranda luego de pactar negocios que posteriormente no cumplía, a pesar de haber recibido los pagos correspondientes. En este caso, se trataba de materiales de construcción.
El Marketplace puede ser utilizado por individuos cuyas identidades ni siquiera hemos verificado, lo ideal es intentar corroborar que las personas que compran o venden son quienes dicen ser. Esto lo podemos lograr mediante una simple llamada telefónica, o mejor aún, una videollamada.
Luego, es posible que esta plataforma sea simplemente un medio para enganchar a las víctimas. Por lo tanto, si se va a pactar algún encuentro para conocer las características de un bien, como por ejemplo un vehículo, es importante que esto se haga en un lugar público y vigilado. Se debe sospechar además de los cambios de última hora en las direcciones de los encuentros.
En tercer lugar, lo preferible es negociar con tiendas conocidas, con sede física. Si se va a hacer con un particular se debe cuidar muy bien el medio de pago. En la actualidad, muchos estafadores están acudiendo a las cuentas bancarias de terceros con el propósito de eludir la persecución.
La pandemia por el Covid-19 ha planteado numerosos escenarios en materia de seguridad ciudadana. Pero uno que difícilmente podría ser avizorado se está planteando en Venezuela: el surgimiento de un mercado negro de vacunas.
Como sabemos, los procesos de vacunación avanzan en forma desigual. De una parte, naciones como Israel, noruega y estados unidos han logrado altos porcentajes de sus poblaciones inmunizadas, mientras que otras como Bolivia, Nicaragua y Venezuela, apenas están iniciando el suministro de las dosis, en virtud de la indisponibilidad de las vacunas. Lo que a su vez es una consecuencia directa de acciones y omisiones de esos estados.
En el caso venezolano, hasta la primera semana de mayo habían llegado apenas un millón de dosis, procedentes de Rusia y China, lo cual solo garantizaría la completa inmunización de medio millón de personas, toda vez que se trata de vacunas que requieren dos inyecciones.
Del otro lado, existe una creciente presión para que la gente se vacune. Considérese, por ejemplo, la posibilidad de que ciertos países impidan el acceso a turistas que no posean la constancia de vacunación contra el Covid-19, tal y como se hacía con la fiebre amarilla.
Esto genera una creciente necesidad de lograr la inmunización en un lugar donde las vacunas están reducidas a una pequeña élite. El resultado es la generación de un mercado negro de vacunas.
Las primeras informaciones sobre los pagos por la inmunización fueron conocidas gracias a representantes de organizaciones no gubernamentales que monitorean la situación. Según lo indicado de manera extraoficial, para febrero de este año la vacuna Sinopharm de origen chino era vendida en 400 dólares en el occidente y los andes.
Posteriormente, se conoció de empresas en el estado vargas a las que estaban ofreciéndoles paquetes de vacunas a 200 dólares, siempre y cuando llevaran a varias personas, con lo que esta cantidad se multiplicaría.
En abril, el infectólogo Julio Castro alertó sobre la exigencia de pagos por las vacunas que en teoría son gratuitas. Y el 12 de mayo hizo lo propio la parlamentaria Dinorah Figuera, quien incluso señaló que cobraban cantidades que oscilan entre 300 y 600 dólares.
Todo esto surge por la inexistencia de un plan claro para la inmunización de la población frente a este mal, unido a la escasez crónica de las dosis.
En lo personal, varias personas han consultado a quien le habla sobre la pertinencia de pagar para vacunarse. La respuesta, en todos los casos, ha sido que no es lo apropiado, pues además de instaurar un mecanismo ilegal no existe ninguna garantía en cuanto al cumplimiento de los protocolos de cadena de frío que son necesarios para la conservación de estas vacunas. Con lo que los pagos, además, podrían ser dinero perdido.
Ya los delincuentes no se contentan solo con amenazar a dueños de empresas, tal y como sucedía en las oleadas de este delito conocidas hasta 2020.
Ahora como se dice en términos coloquiales han bajado la vara, y contactan a profesionales independientes, como médicos o arquitectos, para ofrecerles “seguridad”. En algunas oportunidades, se describen como un «sindicato» contratado para llevar a cabo un sicariato contra el interlocutor, pero que se contentarían con el pago de sumas que van desde mil hasta tres mil dólares, para dejar eso así.
Los extorsionadores dicen en sus llamadas que pueden recibir pagos en efectivo, y también mediante transferencias en el sistema convencional o usando el conocido Zelle, lo que representa una auténtica novedad.
En 2020, la extorsión fue uno de los delitos de mayor crecimiento en Venezuela, y pareciera que en 2021 no será distinto.
Las averiguaciones de la GNB y de CICPC indican que la mayoría de las llamadas parten desde internados judiciales o desde retenes policiales donde permanecen personas recluidas y con acceso a teléfonos.
El internado de Puente Ayala (Barcelona) es uno de los puntos de origen detectados con mayor frecuencia. Ahora, sin embargo, los delincuentes cuentan con cómplices en las calles, que atacan a tiros o arrojan granadas a las potenciales víctimas, con la finalidad de dar sustento a sus amenazas.
Esto nos indica que en Venezuela la extorsión ha venido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. Por esto es necesario mantenerse vigilantes y denunciar ante los cuerpos de seguridad todos los casos que sean conocidos.
Una nota publicada en un diario colombiano nos lanza un alerta sobre un modus operandi que, con seguridad, pronto tendremos en Venezuela.
Este procedimiento está encaminado a estafar a personas que por desgracia han sido víctimas de robos o hurtos de vehículos.
La información, divulgada por el rotativo la opinión de Cúcuta recoge datos aportados por el grupo de acción unificada para la libertad personal, cuyos agentes han detectado un nuevo procedimiento aplicado desde los centros de detención para defraudar a sus víctimas.
Los presos, indica el reporte, se percataron de que las personas están publicando en las redes sociales las características de los vehículos que les han robado o hurtado, tal y como está sucediendo en Venezuela. E igualmente suministran números telefónicos de contacto para la recepción de información que conduzca a la recuperación del vehículo
Según la opinión, los presos de Cúcuta hacen llamadas o envían mensajes a sus víctimas par convencerlas de que podrán recuperar sus autos, motos o camiones previo pago de sumas que van entre los 300.000 a 500.000 pesos, es decir, entre 900 y 1200 dólares americanos.
La estafa se concreta cuando la persona entrega el dinero y no le devuelven el vehículo. Sin embargo, esta conducta también podría ser calificada de extorsiva, si es cierto que el detenido tiene conocimiento o forma parte del grupo delictivo que se apoderó del referido bien.
En este caso, es muy importante que la víctima tenga en consideración que está recibiendo la llamada en atención a una oferta pública en la que ha suministrado un conjunto de datos, que pueden ser reciclados para convencer a la víctima de que pague una suma.
Por ende, es necesario que las personas actúen en estos casos como si el vehículo estuviese “secuestrado” en términos figurados. Por lo tanto, en vez de pedir información verbal sobre el vehículo, debería solicitar una fe de vida, en la forma de fotografías o videos que comprueben que esa persona tiene realmente la capacidad para devolver el vehículo.
Aún así, se debe tener en consideración que el pago de un “rescate” no es garantía suficiente de que devolverán el vehículo robado. Muchas veces, durante la entrega del dinero la persona es asaltada, de manera que se queda sin la playa y sin el vehículo.
Estamos, por lo tanto, ante situaciones de alta peligrosidad, en las que el riesgo de nuevas pérdidas resulta muy elevado. La decisión de hacer pago por la devolución del bien no es garantía de éxito.