El Ejecutivo nacional de Venezuela ha puesto sobre la mesa un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y del Servicio Eléctrico, buscando flexibilizar el monopolio total que mantiene el Estado desde las reformas de 2007 y 2010. Sin embargo, el nuevo modelo basado en otorgar concesiones a privados, podría no ser el salvavidas financiero que el deteriorado Sistema Eléctrico Nacional (SEN) necesita con urgencia.
Para el ingeniero Juan Carlos Rodríguez Adrián, especialista en energía de respaldo y transición energética, y presidente de la firma consultora JCR Ingeniero, su diagnóstico es claro: el proyecto actual se queda corto para la magnitud de la crisis.
Concesiones, no privatización: El nuevo modelo de negocio
La reforma no plantea una privatización del sector, sino un esquema similar a los contratos de participación productiva de la industria petrolera.
- El esquema: Se abrirá la operación de las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización a empresas privadas, ya sea bajo la figura de empresas mixtas (con el Estado controlando al menos el 50%) o mediante concesiones directas.
- Los plazos: Las concesiones se otorgarán por un período de 25 años, prorrogables por 15 años más (un total de hasta 40 años).
- La letra pequeña: Al finalizar el período de concesión, el operador privado deberá revertir todos los activos desarrollados al Estado, sin derecho a indemnización alguna. Además, el Estado mantiene la propiedad absoluta de la infraestructura actual y los activos del sistema.
A pesar de los 40 años de margen operativo, Rodríguez considera difícil que las grandes corporaciones energéticas internacionales muestren interés bajo las condiciones actuales del borrador.
«Para que un inversionista internacional, que es el que posee los grandes volúmenes de capital y tecnología ponga el ojo en Venezuela, la ley tendría que contemplar elementos clave: arbitraje internacional, protección real a las inversiones, derecho a la repatriación de dividendos y límites claros a las facultades discrecionales del Estado para intervenir en las operaciones y tarifas». Asegura el experto.
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