Álvaro Pérez Díaz asumió formalmente la presidencia de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) para el bienio 2026-2028, convirtiéndose en el décimo noveno presidente de esta organización gremial con casi 50 años de trayectoria. Su gestión debuta en un entorno caracterizado por la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el restablecimiento pleno de relaciones comerciales y los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos.
Pérez Díaz destacó que su objetivo central será dar continuidad operacional y promover condiciones que impulsen la recuperación sostenida de la industria energética y la economía nacional.
Deuda de PDVSA como colateral financiero
Respecto a los pasivos pendientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con los proveedores estimados de forma extraoficial por encima de los 10.000 a 15.000 millones de dólares, Pérez Díaz enfatizó que la estatal no desconoce dichos compromisos.
Para hacer frente a esta situación, un grupo orgánico de empresas locales coordinado por Alejandro do Paso trabaja en un esquema financiero:
- Garantía crediticia: Se busca utilizar las acreencias no pagadas como respaldo o garantía ante entidades financieras para obtener créditos.
- Reinvención e inventarios: Estos recursos permitirán a las contratistas reponer inventarios, ampliar sus operaciones y responder a la demanda de servicios que requerirá el aumento de la producción.
- Evento sectorial: En noviembre se celebrará un encuentro en el Hotel Meliá para presentar análisis de sustentabilidad sobre esta propuesta de apalancamiento.
«En la medida que se pueda usar la deuda como garantía de un crédito, de un préstamo, pues sería fabuloso para todas las empresas en la medida que nosotros podamos prestar más servicios y hacer más trabajo y ayudar a que la producción se levante más rápido, pues eso va a ser ventajoso para todos, desde PDVSA al Estado y para todo el país». Enfatizó el gremialista.
Pérez Díaz subrayó la importancia de velar por el cumplimiento del Artículo 18 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos relativo a la participación nacional. Este principio es clave en el marco del acuerdo petrolero anunciado a finales de agosto entre la administración estadounidense, el Gobierno venezolano y la empresa NAVEP (encargada de la operación de 17 campos).
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