Autor: Harianlys Zambrano

La producción de petróleo en Sudamérica está aumentando rápidamente. No sólo ha marcado récords históricos este año, sino que las previsiones de los expertos apuntan a que será la región con la mayor velocidad de crecimiento del mundo en ese sector.

Anticipan un salto de 30% entre 2024 y 2030, superando en su ritmo de expansión a Medio Oriente y Estados Unidos, destacó BBC Mundo en un reporte.

El boom productivo estará impulsado principalmente por los grandes proyectos que operan en la zona conocida como el presal marino de Brasil, en el Bloque Stabroek de Guyana y en la Cuenca Neuquina de Argentina, según la Agencia Internacional de Energía.

Estima la consultora internacional Rystad que Sudamérica pasará de producir unos 7,4 millones de barriles diarios de petróleo (pesado y ligero) a casi 9,6 millones.

En el otro lado de la balanza aparecen Colombia, Ecuador y Venezuela con perspectiva de disminución productiva del combustible fósil.

Brasil, el mayor motor petrolero de la región, batió un récord de producción en junio, cuando extrajo un promedio de casi cinco millones de barriles diarios de petróleo y gas natural, según la Agencia Nacional de Petróleo y Gas del país.

El crudo de Guyana se extrae de yacimientos en aguas profundas localizados en el bloque Stabroek, una zona marítima de miles de kilómetros cuadrados donde opera un consorcio liderado por la empresa ExxonMobil en una de las reservas de petróleo y gas más importantes del mundo.

Grandes desafíos

Cerca de la mitad del crecimiento petrolero proyectado para toda América del Sur tendrá su origen en el subsuelo marítimo, dice Flávio Menten, analista de Rystad, en diálogo con BBC Mundo.

«Sudamérica es la mayor región productora de aguas profundas marinas a nivel mundial», explica.

Pietro Ferreira, analista senior de la consultora internacional Wood Mackenzie, señala que los principales proyectos de petróleo y gas en aguas profundas de la región combinan «alta productividad y baja intensidad de carbono», algo que resulta atractivo para las grandes petroleras.

Sin embargo, según le dice Ferrerira a BBC Mundo, la región enfrenta un gran desafío, que es mantener el impulso más allá del 2030. Es por eso que el hallazgo y la explotación de nuevos yacimientos es clave para la industria.

Lejos de las profundidades submarinas está Vaca Muerta en Argentina, una gigantesca formación geológica que alberga petróleo y gas de esquisto. Estos hidrocarburos no convencionales se diferencian del resto porque están atrapados en formaciones rocosas y su extracción requiere utilizar la técnica de fractura hidráulica (fracking).

El corazón de Vaca Muerta se encuentra en la provincia de Neuquén, cuya producción petrolera alcanzó en julio el mayor nivel de su historia al marcar un crecimiento interanual de 28%.

Aunque los pronósticos anticipan un gigantesco crecimiento petrolero en Vaca Muerta, la duda está en qué tan rápido se desarrollará, dice María Cristina Pacino, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario.

La velocidad del crecimiento «dependerá de la inversión en infraestructura», advierte Pacino, un factor clave para acelerar la expansión productiva.

Está previsto que a fines de 2026 entre en operaciones un oleoducto de más de 400 kilómetros que llevará el crudo extraído de Vaca Muerta hacia una terminal portuaria en el Atlántico.

Las estimaciones

Rafael Scott y Luciano Di Fiori, de McKinsey Energy Solutions, anticipan que la producción petrolera sudamericana podría incluso llegar a crecer 35% hacia fines de esta década, asumiendo un nivel de precios similar al actual.

Se trata de un gran salto que implicaría un aumento productivo promedio anual de entre el 4% y el 5%, frente a un 1% anual de la producción mundial de petróleo.

Dado que casi toda Sudamérica no está sujeta a las cuotas de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y cuenta con el respaldo de nuevos descubrimientos, señalan los expertos, podría ser acertado describirla como la región de petróleo y gas de más rápido crecimiento del mundo.

Sin duda Medio Oriente seguirá produciendo en 2030 muchos más barriles de petróleo al día (unos 35 millones) que Sudamérica (cerca de 10 millones), pero lo que marcará la diferencia es el aumento porcentual de los niveles de producción.

Proyectos en marcha

-Brasil, proyectos como Búzios, Mero, Sépia y Atapu, están entre los yacimientos petrolíferos de aguas profundas más grandes del mundo.

-Guyana, se espera que los yacimientos en el bloque Stabroek dupliquen su producción para 2030.

-Argentina, Vaca Muerta podría llegar a producir un millón de barriles por día.

-Las empresas estatales están activamente desarrollando la industria. Por ejemplo, la estatal brasileña Petrobras hace importantes inversiones en unidades de producción adicionales en el yacimiento de Búzios. La estatal argentina YPF tiene como objetivo estratégico subir la producción en Vaca Muerta tanto como sea posible.

Finanzas digital con información de BBC Mundo

La Asamblea Nacional de Ecuador votó este miércoles a favor de terminar con el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, firmado hace quince años, un instrumento que regulaba un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencias de venezolanos en el país andino.

La medida fue aprobada gracias a los 86 votos a favor del oficialismo, del conservador Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo gobierno se firmó y ratificó este tratado, se abstuvo.

Fue el presidente, Daniel Noboa, quien el pasado 11 de marzo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana iniciar el proceso de denuncia del estatuto debido a que, según sustentó en un decreto ejecutivo, se registraban «suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria».

El pedido llegó a la Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo, que aprobó un informe favorable para avanzar en el proceso.

La parlamentaria Lucía Jaramillo, del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y presidenta de la comisión, aseguró este miércoles -durante el debate en el pleno- que el instrumento «ya no cumple con su objetivo principal y representa una carga económica para los ecuatorianos».

No obstante, Jaramillo aclaró que la decisión no implica cerrar puertas a los migrantes venezolanos, sino garantizar el debido proceso en su regularización.

«Nadie pierde derechos, pero Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos«, señaló la legisladora, al añadir que su país ya cumplió su parte porque le abrió las puertas a miles de venezolanos en los momentos más difíciles.

Jaramillo también manifestó que la Corte Constitucional, en un dictamen del 10 de julio, concluyó que la denuncia del estatuto no supone una afectación al derecho a la movilidad, ya que eso está fundamentado en la Constitución.

En el debate, varios legisladores consideraron que era necesario aplicar los procedimientos correspondientes para garantizar la soberanía del Estado ecuatoriano frente a la migración irregular.

Por su parte, el correísta Ricardo Patiño, encargado de firmar el acuerdo en 2010, cuando era canciller del gobierno de Correa, sostuvo que la RC no considera que el fin del acuerdo sea lo mejor.

Lo ideal, según él, es que estas alianzas se perpetúen para beneficiar a los ciudadanos de ambas partes. «No nos oponemos, pero votaremos en abstención», señaló Patiño.

Ecuador es el quinto país con la comunidad venezolana más grande en su territorio, al registrar unas 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

EFE

La igualdad entre mujeres y hombres es esencial para erradicar el hambre y construir sistemas alimentarios sostenibles. Una nueva guía ofrece a los parlamentos de América Latina y el Caribe orientaciones prácticas y herramientas para avanzar en este camino. 

La inseguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales desafíos para América Latina y el Caribe, pero no afecta a todos por igual: de acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres siguen siendo las más afectadas. En la región, tienen 5,2 puntos porcentuales más de probabilidad que los hombres de sufrir inseguridad alimentaria moderada o grave.  

Esta brecha no es un efecto temporal, sino que refleja desigualdades estructurales en el acceso a recursos, servicios y oportunidades dentro de los sistemas agroalimentarios. Frente a este escenario, el enfoque de género es una herramienta clave para transformar las políticas públicas y avanzar hacia el derecho a la alimentación. 

La reciente publicación de la FAO Género, hambre y malnutrición: Guía práctica para parlamentarias y parlamentarios transmite un mensaje claro: el trabajo legislativo es un instrumento esencial para transformar los sistemas agroalimentarios desde la equidad. 

Igualdad de género: una cuestión de derechos y desarrollo 

Legislar con enfoque de género es, ante todo, un imperativo de derechos humanos. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental, y las leyes deben reflejar este principio garantizando un trato justo y equitativo para todas las personas. 

Pero además, una legislación sensible al género tiene sentido económico y social. Promover la igualdad de género en los marcos legales no solo beneficia a las mujeres y a las niñas, sino a toda la sociedad, al impulsar el crecimiento económico, la cohesión social y el desarrollo cultural. No será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras la mitad de la población siga enfrentando obstáculos para ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades. 

Por esta razón, muchos países han ratificado acuerdos internacionales que los comprometen a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres. Estos compromisos exigen que la igualdad no sea solo un principio formal, sino una realidad concreta, transformadora y verificable. 

El rol de los parlamentos en la lucha contra el hambre 

Uno de los primeros pasos para avanzar en la igualdad de género en esta materia es revisar los marcos jurídicos vigentes e identificar normativas que mantengan o profundicen las brechas de género. En algunos casos, será necesario modificar leyes existentes; en otros, proponer nuevas normas que reconozcan las desigualdades y planteen soluciones específicas. 

También es imprescindible garantizar recursos. Sin presupuestos adecuados, las políticas quedan en el papel o se implementan de forma parcial. El compromiso parlamentario debe traducirse en asignaciones presupuestarias que respalden la igualdad de género, incluyendo fondos para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a servicios de cuidado en zonas rurales, esenciales para avanzar en igualdad y erradicar el hambre. 

Otra recomendación importante es el uso de lenguaje inclusivo en los textos legales. Sustituir términos excluyentes por otros que representen a toda la población —como “personas” en lugar de “hombres” — contribuye a garantizar que mujeres y niñas sean reconocidas explícitamente como titulares de derechos. 

El involucramiento de hombres y niños como aliados también es clave. Transformar patrones culturales y promover la corresponsabilidad en el hogar, la comunidad y la nación requiere la participación de todos los actores sociales. 

Un compromiso impostergable 

Lograr sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos requiere tanto voluntad política como alianzas sólidas. En América Latina y el Caribe, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, con el apoyo de la FAO y socios de cooperación de España y México, han impulsado marcos legales y presupuestos con enfoque de género. Iniciativas como las de ParlAmericas fortalecen estos esfuerzos, promoviendo leyes más inclusivas y el liderazgo de mujeres jóvenes.

Integrar el enfoque de género en la legislación sobre seguridad alimentaria no es solo una buena práctica: es una necesidad urgente. Si América Latina y el Caribe quiere avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos, garantizar el derecho a la alimentación y erradicar el hambre, derribar las barreras que enfrentan las mujeres debe ser una prioridad. 

Los parlamentos juegan un papel decisivo en este proceso. Contar con leyes más justas, presupuestos con perspectiva de género y mecanismos eficaces de implementación es una condición indispensable para que ninguna persona se quede atrás. 

NOTA DE PRENSA