A tan solo dos meses del último incremento salarial y con una inflación acumulada del 2093% coloca nuestro salario mensual en 32 dólares, el más bajo del mundo. «Venezuela es el único país en el que los trabajadores nos aterrorizamos y maldecimos al gobierno cada vez que hay un aumento del salario mínimo», aseguró Marcela Máspero, directora de la Unión Nacional de Trabajadores

La directora añadió que este incremento no satisface las aspiraciones de la población y constitucionalmente deberíamos acogernos al artículo 91 de la constitución que señala que es costo del salario mínimo tiene que estar al nivel del costo de la canasta básica que está cerca de los 2 millones de bolívares.

«Es un aumento de salario inconsulto no ha tomado en cuenta los actores sociales y pasa por el reiterado incumplimiento de la recomendación de todos los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que han establecido la necesidad social de un dialogo tripartito», afirmó Máspero.

Asimismo indicó que no viene acompañado de ninguna otra política económica que pueda frenar la grave crisis que tenemos que generará mayor índice de desempleo, mayor pobreza y desnutrición.

«Nosotros notificamos formalmente de nuestra decisión de ejercer el derecho a huelga que está establecido en el convenio 87 y que nos da una protección de 48 horas para este tipo de huelgas nacionales en el marco de una situación ruptura del hilo constitucional y un día tan histórico como hoy en el cual no solamente se ha ratificado la designación del Vicefiscal General en la Asamblea Nacional», manifestó Marcela Máspero.

  La directora de la Unión Nacional de Trabajadores declaró que sienten todo el respaldo, la necesidad y el empuje necesario para esta convocatoria planteada antes del día 30 de julio entre los acuerdos fundamentales que deben tener los trabajares, haciendo énfasis en diferenciar lo que es una huelga a lo que es un paro.

«En el caso nuestro lo que estamos planteando en este momento es una huelga convocada por y desde los trabajadores en la cual nosotros, como primera medida, estaríamos impulsando la participación de los trabajadores para producir el quiebre necesario y la salida de inmediato de este régimen», expresó Mápero.

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A pesar de que desde los altos comandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se dio la orden de protección a periodistas y que la Fiscal solicitó ante en Tribunal Supremo de Justicia medidas de protección que fueron otorgadas, contando solo hasta mayo, el 2017 ha sido el año con mayor cantidad de casos de agresión a periodistas en Venezuela desde el 2002, cuando la Organización No Gubernamental (ONG), Espacio Público, inició su monitoreo en el país.

«En el año 2014 hubo 350 casos y hasta el 31 de mayo del presente año se han documentado 367. Es decir, que si sigue a este ritmo, probablemente duplique el número de casos del peor año desde que hacemos seguimiento», así aseguró Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.

De acuerdo al representante, las agresiones se han intensificado implicando el robo y destrucción de equipos, una absoluta impunidad  frente a estos atropellos y una fuerte necesidad de que no se documenten los niveles de exacerbados de represión para evitar que se haga justicia.

«En lo que va de año nosotros hemos documentado el cierre de 31 medios, incluyendo los casos de censura como el de VPI, NTN24, CNN en Español, Capitolio TV y la emisora de la Universidad de los Andes. Hay una serie de casos con el argumento de que no disponen los permisos gracias a demorasde Conatel que no responde», indicó Correa.

Asimismo, denunció que parte importante de este cierre masivo se ha presentado mayormente en medios en el interior del país. «Esto genera en algunas ocasiones una suerte de ansiedad informativa ya que, la gente quiere saber qué está pasando, pero al mismo tiempo recibe información falsa y no sabe cómo verificarla o se frustra al darse cuenta que no es cierta», comentó el director.

También, resaltó como algo positivo que a pesar del funcionamiento anormal de los medios de comunicación, las convocatorias y concentraciones se siguen dando con normalidad y una participación masiva.

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La economía inflacionaria venezolana es un tema de nunca acabar. Es un problema que abarca sectores  que van desde el comercio hasta la producción nacional.

En ese sentido la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, señaló que con la entrada en vigor del nuevo sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), se incrementaron en más de 300% los aranceles por nacionalización de productos importados, que en estos momentos son los más comercializados en Venezuela debido a la escasez de producción.

Uzcátegui en conversación junto a Nohemí Cendon y Janeth De Abreu en el programa Portales con actualidad laboral comentó que uno de los principales problemas que actualmente se encuentra más agraviado es el que pasa el comerciante o empresario que adquiera productos fuera de Venezuela, al no saber cuál debe ser el arancel de su producto, en vistas a que el Dicom no mantiene un precio fijo establecido por subasta.

“Todos estos son pequeños paños de agua caliente que no ayudan, solo agravan la situación del país” señaló Uzcátegui. El Dicom es solo un mecanismo que el gobierno permite para que los comerciantes “puedan pagar deudas anteriormente obtenidas, comprar productos o materia prima” todos esto luego que a los venezolanos se le congelaran los bolívares tras no poder pagar la deuda en divisas.

Por su parte el presidente de la república Nicolás Maduro anunció que ya tiene preparada para presentar a la Asamblea Nacional Constituyente una Ley especial contra la especulación, “que permita combatir la guerra económica que ataca al pueblo”. En ese sentido la presidenta de Consecomercio comentó que no es posible hablar de especulación en un país que mantiene la inflación más alta del planeta, un control cambiario que no permite una estabilidad al comerciante o empresario debido a que no mantiene una relación con el dólar paralelo, por lo que no garantiza sus ganancias.

De la misma forma Uzcátegui alega que los comercios venezolanos se han reinventado y cambiado los rubros, disminuyendo considerablemente los puestos de trabajos que se ubican en más de 3.000, incluyendo a comercios que han sido saqueados desde el inicio de las protestas, convirtiéndose en locales que no podrán volver abrir sus puertas.

Sin embargo, la presidenta de Consecomercio, dice “para recuperar la economía en Venezuela es necesario eliminar los controles cambiarios, que permita la libre demanda del comercio y permita la confianza del comerciante en la ley de la oferta y la demanda”

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Cada día es más difícil mantener a los empleados comprometidos con las empresas o instituciones en Venezuela ya que muchos sienten que no son bien remunerados. Así lo afirmó el grupo consultor PGA Group a través del Estudio Coyuntura Organizacional 2017, que evalúa el capital humano y lo difícil de su retención en el país.

«Hoy por hoy la retención en el país tiene una complejidad distinta porque ya no es solo competir entre empresas sino competir contra empresas foráneas, condiciones que están fuera del país y elementos que hacen que el talento no vea acá posibilidades de desarrollo», aseguro Iván Acosta, representante de PGA Group.

En conversación con Noemí Cendón y Janeth De Abreu del programa Actualidad Laboral, Acosta indicó que uno de los mayores problemas es que ni los trabajadores ni los empresarios se sienten satisfechos con lo que ganan, la sociedad venezolana se ha metido en un hueco económico importante donde nada de lo que hacemos es retribuido adecuadamente.

«El compromiso que el empleado adquiere con el empresario es entendiéndolo en esas condiciones que ya son precarias. Es decir, no le puedo estar pidiendo que me da más de esto porque casi no puede operar y de broma puede garantizarme ciertos ingresos constantes y seguro de manera mensual. El trabajador conoce que pedir más es casi imposible», afirmó el representante.

Asimismo, Acosta comentó que otro de los retos que asumen las empresas una vez que consiguen un recurso (empleado) que no está pensando salir del país, es poder conectarlo con la razón de ser del negocio, motivarlo para que se concentre y sea suficientemente productivo a pesar de la situación tan difícil que afronta el país.

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De cara a la 106ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dio inicio este lunes en Ginebra, Servando Carbone, parte de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT) denunció que dicho sindicato no fue acreditado por el Estado para participar en el evento.

«La UNT ha unido una cantidad importante de denuncias con respecto a las violaciones contempladas por el gobierno venezolano y ha sido copartícipe de la redacción de los informes que hay que hacer sobre los convenios que Venezuela ha violado», afirmó Carbone.

De acuerdo al representante de la UNT, Venezuela ha desacatado, igual como hace aquí en el país, las normativas y convenios ratificados con la organización. Demostrando que la represión no está solo en las calles del país, sino a nivel internacional.

«Este es el nivel que pueden usar los empresarios y los trabajadores para denunciar a un gobierno fojarido», aseguró Sevando Carbone.

Asimismo, el sindicalista comentó respecto a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que actualmente hay muchos seguidores del chavismo que reconocen que este gobierno está de caída y que está utilizando una estrategia populista de hacer un llamado donde no hay consulta de ningún tipo.

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El pasado 18 de mayo, la Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), consignó un documento ante la Fiscalía General de la República en el que se solicitó premura en los procesos de denuncias por agresiones en contra de periodistas, reporteros gráficos y parte de los ciudadanos que registran hechos noticiosos en estos 59 días de manifestaciones a lo largo y ancho del país.

Tinedo Guía, presidente del CNP, afirmó que luego de la visita hecha a la Fiscal General, «pareciera que los cuerpos de seguridad se han ensañado más en la agresión con los periodistas, entre enero y el 15 de mayo habían 290 agresiones, hay que sumarle más de 180 que hay hasta ahora en este mes y medio de protestas que lleva el pueblo venezolano«. Asimismo, señaló que las medidas dictadas por la fiscalía, consisten en que «el que esté haciendo un trabajo periodístico, no puede ser agredido por los cuerpos de seguridad, y debe ser además, protegido de las agresiones de algunos ciudadanos que consideran que los periodistas no estan haciendo su trabajo«.

Recordó que existe la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME), que «impide prácticamente la inmediatez, si un hecho se saca una vez, ya no se puede repetir, y es en los espacios estelares donde se puede colocar esa información«, lo que conlleva a que gran parte de la población no tenga conocimiento de los sucesos diarios del país.

De igual forma, en conversación con Noemí Cendón y Janeth De Abreu de Actualidad Laboral, Guía recomendó a los ciudadanos «paciencia con el trabajo periodístico, que los apoyen y los protejan«, ya que aunque se reseñen informaciones en medios pequeños, «sin una gran vocería«, son testimonios que pueden servir de pruebas de violación de derechos humanos en el control de las manifestaciones ante entes internacionales.

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