La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó recientemente en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico. Aunque desde los sectores oficiales y los promotores de la propuesta se presenta como un marco para abrir las puertas al sector privado, expertos advierten que en esta reforma de ley eléctrica el texto mantiene vicios estructurales que ahuyentarán la inversión extranjera y perpetuarán la crisis que mantiene a los ciudadanos con racionamientos diarios de entre seis y ocho horas de luz.
El ingeniero Jesús Márquez analizó en profundidad el alcance de esta legislación, contrastando el modelo propuesto con casos de éxito en la región como Perú y Colombia, y desmitificando el impacto real que tendrá sobre un sistema profundamente destruido.
Una reforma por obligación que mantiene un modelo estatista
De acuerdo con el ingeniero Márquez, esta propuesta legislativa no nace de una convicción modernizadora, sino de la estricta necesidad fiscal y operativa del Ejecutivo. «Esta es una ley que tuvieron que hacer por obligación para permitir que entren los privados a operar», afirmó. Sin embargo, explicó que la estructura mantiene el mismo diseño hipercentralizado que ha fracasado en las últimas décadas.
A su juicio, la nueva propuesta insiste en un esquema de concesiones que no ofrece condiciones equitativas. «No estás entrando a negociar en un terreno donde vas a tener la posibilidad de mejorar las posiciones competitivas. Estructuralmente, la ley no va a resolver el problema de falta de inversión», sentenció. Bajo las condiciones propuestas, el sector privado se ve obligado a conformar empresas mixtas donde el Estado se reserva más del 50% de la participación.
Asimismo, criticó que la ley incluya discursos de «empoderamiento ciudadano» que permiten sancionar el capital de las empresas por fallas en el suministro. En un sistema con pérdidas de distribución que rondan el 50%, castigar financieramente al inversor sin sanear la infraestructura previa genera una profunda inseguridad jurídica.
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